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Fuengirola aprueba la previsión de las ordenanzas que serán impulsadas durante el próximo año

Fuengirola aprueba la previsión de las ordenanzas que serán impulsadas durante el próximo año

Pleno de diciembre. / Ayuntamiento de Fuengirola

El Plan Normativo 2023 incluye hasta 19 modificaciones

Fuengirola (MÁLAGA)- El Pleno del Ayuntamiento de Fuengirola ha dado luz verde al Plan Normativo 2023, un documento en el que se recoge una previsión de ordenanzas que serán impulsadas o modificadas durante el próximo año y que, según lo presentado hoy, llegará a 19 textos normativos. La relación ha sido aprobada con los votos a favor de PP y Cs y la abstención de PSOE e IU. Con este trámite se da cumplimiento a la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo.

El portavoz del equipo de gobierno, Rodrigo Romero, ha destacado en su intervención que "entre las propuestas que incorpora el documento se abarca todo tipo de regulaciones, siempre con la intención de mejorarlas, ya que estas modificaciones van a redundar en un mejor servicio para los ciudadanos, una mayor clarificación en los procedimientos, una mejora en la capacidad de dar respuesta a los problemas de nuestros vecinos por parte de los trabajadores municipales, o una actualización de los procedimientos, adecuándolos a las cambiantes necesidades de los tiempos tan vertiginosos que nos está tocando vivir".

El documento contempla nuevas normativas o cambios en aspectos de la vida municipal tan variados como el reglamento de la Red de Bibliotecas, los aparcamientos por tiempo limitado, el comercio ambulante, la ordenanza de convivencia ciudadana o la protección del medio ambiente, entre otras cuestiones.

Durante el debate, Romero ha señalado que "todas las necesidades de revisión normativa detectadas, no podrán acometerse en su totalidad simultáneamente, por lo que será necesario establecer un orden de prioridades que respondan a las siguientes cuestiones o criterios: la importancia estratégica para las líneas y objetivos del Plan de Gobierno; requerimiento jurídico de adecuación a norma superior; insatisfacción en los empleados públicos que aplican los procedimientos regulados por la correspondiente norma; excesivos tiempos, costes de tramitación y cargas administrativas o existencia de quejas o sugerencias procedentes de ciudadanos".

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