Se estiman en 350.000 euros las actuaciones necesarias para la contratación, redacción e implementación de los planes
Andalucía (MÁLAGA) - La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, informó en el Parlamento que su departamento inspeccionará las 14 residencias para personas mayores con titularidad de la Junta de Andalucía, ante la falta de conocimiento real de su estado.
En este sentido, señaló que 11 de estos 14 centros residenciales no tenían correctamente implantado el plan de autoprotección como establece el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.
"Por otra parte, las residencias tampoco cuentan con informe detallado y debidamente actualizado del grado de cumplimiento de los requisitos funcionales y materiales por parte de la inspección de servicios sociales", concretaron. Es por ello que se ordenó llevar a cabo las inspecciones.
"Frente a la situación de olvido y falta de implantación de estas medidas con las que se encontró el nuevo equipo gestor de la Consejería a su llegada", manifestó, la consejera señaló que "actualmente, todos los centros residenciales para personas mayores de gestión pública tienen el plan de autoprotección en vigor y la implantación anual realizada", apuntó.
"Unos trabajos que se han realizado en tiempo récord, lo que no denota una falta de compromiso o profesionalidad del personal funcionario público, sino falta de voluntad política del Gobierno precedente", manifestó la consejera.
Asimismo, denunció la falta de plan de autoprotección de 51 Centros de Participación Activa en siete de las ocho provincias andaluzas: 8 en Almería; 14 en Cádiz; 16 en Córdoba; 1 en Granada; 4 en Huelva; 2 en Jaén; y 6 en Sevilla.
Como consecuencia de ello, Rocío Ruiz ha concluyó informando que, debido al volumen de contratación que representan estos planes, la Dirección General de Personas Mayores emitió una memoria estimando en 350.000 euros las actuaciones necesarias para la contratación, redacción e implementación de los planes ante el incumplimiento del anterior Gobierno.
