En Andalucía hay más de 175.000 personas con discapacidad auditiva
MÁLAGA.- La parlamentaria andaluza por el Partido Popular de Málaga Esperanza Oña ha advertido este viernes de que los recortes de la Junta de Andalucía dificultan el desarrollo de personas sordas en ámbitos tan variados como el acceso a la formación laboral y profesional, a cursos de informática o en el uso de servicios médicos, judiciales y de otros ámbitos de la administración pública en la que se requiere que haya intérpretes.
"Las administraciones no pueden olvidar que hay personas sordas", ha subrayado la dirigente popular, que ha atendido a los medios de comunicación tras mantener una reunión con la Asociación Malagueña de Personas Sordas en la que han participado el presidente, Daniel Aguilar, y el vicepresidente, Rafael Bravo.
Al respecto, Oña ha recordado que en Andalucía hay más de 175.000 personas con discapacidad auditiva, de las cuales 25.000 necesitan usar el lenguaje de signos y "suficiente para que las administraciones se impliquen, sobre todo el Gobierno andaluz, que en este caso concreto, lleva reduciendo subvenciones durante varios años", ha apuntado.
De hecho, esta asociación, ha explicado, solía recibir una subvención anual de 40.000 euros que a día de hoy es tan solo de 21.000. "Estos recortes también se extienden a las distintas asociaciones provinciales, y también a la federación regional, con la que la Junta acumula una deuda de 1,5 millones de euros por subvenciones que no han llegado", ha señalado
"La importancia de estas subvenciones radica en que con ellas las asociaciones pueden aumentar sus recursos humanos, pero ya ni siquiera les llega para articular programas y proyectos con cargo a estas ayudas", ha incidido la parlamentaria andaluza, al tiempo que ha añadido que aún así, "hacen cursos muy interesantes, con fondos propios, como los de lectoescritura o informática", ha detallado la diputada autonómica".
Estos cursos son aún más necesarios si cabe "si tenemos en cuenta que los cursos de formación que ofrece la Junta no cuentan con un intérprete del lenguaje de signos, por lo que este colectivo no puede acceder a esos programas formativos". Por ello, ha continuado, "les cuesta formarse y acceder a un empleo y, una vez en él, promocionar ante las limitaciones para acceder a programas de formación.
"Necesitan intérpretes para muchos tipos de servicios, tanto como cuando van al médico, como cuando acuden a la justicia o para ser atendidos en un banco", ha expuesto Oña, que ha agregado que si la Junta sigue recortando en este sentido, cada vez habrá menos intérpretes puestos a disposición por parte de las asociaciones y federaciones.
Durante su intervención, Oña ha hecho referencia a una serie de problemas particulares como el hecho de que aún no han recibido la subvención de 2015, con lo que los empleados de las asociaciones no han podido cobrar aún; que tienen problemas a la hora de acudir a los hospitales, ya que sí hay intérpretes para extranjeros pero no para sordos; o la ineficacia de una ley aprobada en el Parlamento en 2011 para mejorar la atención a este colectivo, que al no tener desarrollado su reglamento "no ha servido aún para nada".
Por todo ello, Oña se ha comprometido a llevar a cabo una serie de preguntas e iniciativas parlamentarias que sirvan para obtener más información por parte de las cuentas pendientes del Gobierno andaluz con las personas sordas, y que también sirvan para poner el acento en las necesidades de un colectivo "que está sufriendo marginación y olvido por parte de la Junta de Andalucía".
