Navarro en una visita institucional al municipio aborda las necesidades en comunicación, empleabilidad e infraestructuras educativas
MÁLAGA- La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha visitado hoy el Consistorio de Humilladero, donde se ha reunido con su alcalde, Miguel Ángel Pérez, tras la constitución reciente de los ayuntamientos, en un encuentro que se enmarca en la ronda de visitas que viene desarrollando la delegada de la Junta para abordar las líneas de trabajo de la Junta con las nuevas corporaciones, este miércoles en la comarca de Antequera. .
La delegada del Gobierno ha subrayado la importancia de incidir para el próximo mandato municipal en el impulso de las comunicaciones y de los accesos a la localidad, con el objetivo de que este municipio tenga la mejor conexión posible con su comarca y la provincia. También se ha tratado la mejora de la empleabilidad a través de la formación y de la educación, así como los nuevos retos en las infraestructuras educativas.
Respecto al área sanitaria, en esta reunión Patricia Navarro ha informado al regidor de Humilladero de las últimas medidas adoptadas en Andalucía referentes al servicio de transporte sanitario y que en el día de ayer aprobaba el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, autorizando para la provincia de Málaga la contratación del servicio de transporte sanitario terrestre urgente y programado para los centros sanitarios de la provincia de Málaga adscritos al Servicio Andaluz de Salud por un importe total de 107.848.632,15 euros.
Navarro ha trasladado que con el acuerdo del Consejo de Gobierno los municipios del interior, al igual que el resto de la provincia de Málaga se beneficiarán de una mejora en la capacidad de respuesta y en la calidad de atención para la resolución de incidencias, gracias a la unificación de los responsables del contrato y valorarse la disposición de un dispositivo permanente de respuesta ante situaciones excepcionales.
La delegada del Gobierno andaluz en Málaga ha informado que el nuevo contrato del transporte sanitario terrestre urgente, que tiene una vigencia de cuatro años y una prórroga prevista de un año más, además de suponer una mayor garantía y seguridad, ya que permite la posibilidad de tratamiento de determinadas tareas y protocolos con personal especializado, también supone un incremento del coste económico del contrato actual, debido, entre otras cosas, a la subida del coste económico de las retribuciones del personal; de los traslados programados y urgentes, así como los costes relacionados con la amortización, combustibles, mantenimientos, reparaciones o seguros.
Además, supondrá mejoras para los usuarios de los centros sanitarios ya que se unificarán los niveles de calidad prestados. Por tanto, se garantiza el seguimiento y evaluación uniforme de la calidad del servicio prestado y además los responsables de las unidades asistenciales participarán en dicho seguimiento.
