La norma unificará por primera vez los criterios de los servicios de los bomberos
ANDALUCÍA - La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias publica hoy en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el acuerdo de inicio de la tramitación del proyecto de decreto de coordinación, organización y funcionamiento de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) y del registro de su personal. Con este acuerdo comienza la fase de información pública del proyecto, que plantea criterios comunes para los servicios andaluces de bomberos.
El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha señalado que “queremos que todas las personas tengas unas garantías básicas de protección vivan en un pueblo o en una ciudad. Este decreto nos permite planificar mejor la cobertura, coordinar los recursos y apoyar a los profesionales, respetando la autonomía de cada entidad local”.
El plazo de información pública es de 15 días hábiles, en los que la ciudadanía, las entidades locales, los profesionales y las organizaciones interesadas podrán presentar alegaciones y sugerencias al proyecto.
El proyecto de decreto se adelanta a las peticiones del sector que reclama una norma nacional en este sentido y, además, es fruto del trabajo realizado con los profesionales, las entidades locales y sus representantes en el Consejo Andaluz del Fuego. “La Junta ha escuchado las demandas de los bomberos y ha respondido con hechos. Cuidar la seguridad de Andalucía exige cuidar a quienes están siempre en primera línea, con formación, protección jurídica, medios adecuados y unas condiciones profesionales claras”, ha declarado Antonio Sanz.
El vicepresidente primero también ha explicado que con este proyecto normativo se completa el proceso de regulación de los Speis iniciado en 2019. La Ley 2/2023 modificó la Ley de Gestión de Emergencias de Andalucía y ordenó las escalas, categorías y funciones profesionales de estos servicios; el Decreto 36/2025 reguló después el acceso por turno libre, la promoción interna, la movilidad, la segunda actividad y la formación del funcionariado. “El nuevo proyecto se centra ahora en la organización y el funcionamiento diario de los servicios: su planificación, sus parques, sus medios y la coordinación de las intervenciones”, ha destacado.
Garantías comunes en toda Andalucía
El proyecto de decreto establece por primera vez unas bases comunes a las que deberán ajustarse los reglamentos de los Speis andaluces. Los ayuntamientos, las diputaciones y los consorcios mantendrán la titularidad y la gestión de sus servicios, mientras que la Junta ejercerá sus funciones de coordinación y fijará el marco compartido, con pleno respeto a la autonomía local.
Entre sus principales previsiones figura la prestación permanente y presencial durante las 24 horas del día, los 365 días del año, y la exigencia de que los parques mantengan una capacidad operativa autónoma de, al menos, 72 horas ante una emergencia extraordinaria, garantizando el suministro eléctrico, las comunicaciones, el combustible y el agua. La planificación territorial tendrá en cuenta, además, un tiempo estimado de respuesta no superior a treinta minutos para llegar a los núcleos de población del área de intervención.
Se trata de un criterio de planificación de la cobertura, especialmente relevante en zonas rurales o dispersas, y no de un plazo garantizado para cada emergencia. La ubicación y los medios de los parques atenderán también a la población residente y estacional, los accesos, la superficie, los riesgos industriales, las mercancías peligrosas, la interfaz forestal y el volumen de actuaciones.
Antonio Sanz ha explicado que “la planificación debe partir de los riesgos reales de cada territorio. Una emergencia no espera a que lleguen refuerzos: por eso planteamos parques preparados para seguir operando incluso cuando se interrumpen suministros o comunicaciones”.
Coordinación, registro único y reconocimiento profesional
El texto clasifica las intervenciones según su complejidad, contempla la incorporación progresiva de medios y establece reglas de mando cuando concurran distintos servicios. También prevé que los Speis puedan acceder mediante convenio a la plataforma tecnológica del 112 Andalucía para compartir información de los incidentes y de los recursos movilizados.
En este sentido, Antonio Sanz ha indicado que “cuando una emergencia afecta a varios municipios, los servicios deben poder trabajar con información compartida y una dirección operativa clara, por eso el sentido de las reglas de coordinación que proponemos”.
El decreto proyecta un Registro único y gratuito del personal de los Speis, adscrito a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA). Recoge, entre otros datos, la categoría profesional, la formación y la situación administrativa, y permitirá expedir una acreditación común que identifique al personal y haga constar su condición de agente de la autoridad. El borrador también regula aspectos de prevención de riesgos laborales, organización de equipos, equipamiento y régimen del personal.
Las entidades locales mantendrán la titularidad y la gestión de los servicios, mientras que la Junta ejercerá sus funciones de coordinación. El proyecto podrá modificarse tras el estudio de las alegaciones y de los informes que se emitan durante la tramitación.
El texto aborda igualmente la formación permanente dentro de la jornada laboral, el mantenimiento de la aptitud psicofísica, la prevención de riesgos laborales, la asistencia jurídica, la uniformidad, los vehículos, las comunicaciones y la igualdad entre mujeres y hombres.
Durante el plazo de información pública, el texto íntegro del proyecto de decreto puede consultarse en https://juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos/detalle/684901.html.
Las alegaciones que se deseen formular al proyecto de decreto deberán dirigirse a la persona titular de la Secretaría General Técnica de Presidencia de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, de forma previa a su tramitación y aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno.
Dichas alegaciones podrán presentarse preferentemente en el Registro Electrónico Único de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la Presentación Electrónica General, sin perjuicio de la posibilidad de hacerlo mediante cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 82 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
