Ruiz asegura que se han duplicado los objetivos fijados en el Plan de Choque
ANDALUCÍA- Andalucía ha cerrado el año 2021 con más de 257.000 personas en situación de dependencia atendidas, lo que supone un incremento neto del 12,54% respecto al cierre de 2020. La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha subrayado que Andalucía se convierte así en la comunidad que más personas ha incorporado al sistema de atención a la dependencia, según los datos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. "Este aumento confirma que la atención a las personas dependientes, con fondos y con recursos, fue la prioridad de este Ejecutivo desde que arrancó la legislatura", ha apuntado, y supone además duplicar los objetivos fijados por el Plan de Choque en materia de dependencia conveniado con el Gobierno.
Ruiz ha visitado en Sevilla el Centro de Participación Activa (CPA) Triana, donde se lleva a cabo un taller pionero de realidad virtual que se enmarca en el programa de fomento del envejecimiento activo para las personas mayores en la comunidad. La consejera ha detallado que el número de personas beneficiarias del sistema de atención a la dependencia en Andalucía asciende a 257.227, "un máximo histórico y absoluto ya que hemos superado antes de finalizar el año 2021 las 250.000 personas atendidas que se marcó como meta esta consejería". Este aumento de personas atendidas representa además un incremento en términos netos y absolutos de 28.672 personas atendidas al cierre de 2021 respecto al año anterior, con 48.861 prestaciones netas más hasta alcanzar un total 359.285 prestaciones concedidas.
"En Andalucía hemos realizado un esfuerzo extraordinario en la gestión administrativa, de la mano de la digitalización, para garantizar servicios públicos, aumentar plazas y agilizar solicitudes, y este compromiso nos ha permitido alcanzar alcanzar máximos históricos de personas atendidas y de prestaciones, así como incrementar la tasa de cobertura de personas valoradas en situación de dependencia respecto al acceso efectivo a las prestaciones reconocidas", ha valorado. Para ello, ha sido clave el blindaje de las políticas sociales en Andalucía, "con la mayor dotación presupuestaria en los últimos 20 años". En concreto, sólo en 2021 se destinaron más de 2.500 millones de euros para políticas sociales, de los que 1.741 millones correspondieron a atención a la dependencia.
Ruiz ha recordado que, pese al impacto de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, este aumento de recursos, así como los diversos planes de choque para dar respuesta e incorporar a más andaluces y andaluzas en situación de dependencia, "han permitido apostar por un nuevo modelo de atención basado en proximidad y que pone a las personas en el centro de la acción política". Un modelo que ha incluido la creación desde el inicio de la legislatura de 1.912 nuevas plazas en residencias y centros de día para la atención de personas mayores y con discapacidad, frente a las 263 creadas a lo largo de la anterior legislatura. A ellas se sumarán asimismo una nueva red de centros de cuidados intermedios para personas cuyas patologías corren riesgo de cronificarse y acrecentar su dependencia, o una red de centros especializados en alzheimer y otras demencias.
"Está claro que lo que había no funcionaba, que había que apostar por nuevas fórmulas, y nosotros hemos optado por poner a la persona en el centro, de tal forma que sean los recursos los que se adapten a las necesidades de los andaluces y andaluzas y no al revés". A su juicio, los resultados de esta "revolución social" emprendida por el Ejecutivo regional "ya han empezado a notarse, y somos la segunda comunidad mejor valorada en gestión por el Observatorio de la Dependencia, con la mejor nota de los últimos cinco años", ha reseñado Ruiz.
"No obstante, los resultados serían aún mejores si se cumpliesen los acuerdos de Pacto de Estado por la dependencia y contásemos con una financiación justa y equilibrada que blinde los sistemas de dependencia en igualdad de condiciones para todos los españoles", ha añadido Ruiz.
La consejera ha explicado que, además del aumento de plazas, a través de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA) se han puesto en marcha numerosas medidas encaminadas a agilizar el sistema de la dependencia en Andalucía. Así, se ha referido a la modificación del procedimiento de reconocimiento de la dependencia para simplificar los trámites administrativos o la incorporación de la Ventanilla Electrónica para la tramitación telemática de las solicitudes.
Asimismo, la Consejería ha puesto en marcha un proyecto piloto para reducir la lista de espera en dependencia y agilizar su tramitación mediante la unificación en un solo acto administrativo del reconocimiento de la situación de dependencia y la adjudicación de un recurso personalizado. Estas iniciativas han ido acompañadas, además, de un aumento del crédito concedido a los ayuntamientos y diputaciones provinciales para la gestión de los servicios sociales comunitarios y de diversos planes de refuerzo de personal tanto en los servicios de valoración territoriales como en los servicios centrales con la contratación de personal técnico y de administración.
La Consejería de Igualdad ha trabajado también desde el inicio de la legislatura para, por un lado, garantizar la sostenibilidad del sector y, por otro, asegurar que las condiciones laborales y profesionales de las personas que trabajan en la dependencia sean adecuadas. Así, además aprobar diversas ayudas extraordinarias para afrontar los gastos derivados de la crisis sanitaria, en 2021 se incrementó en un 12,31% el coste/hora máximo del Servicio de Ayuda a domicilio (SAD), que después de 13 años congelado queda fijado en 14,6 euros frente a los 13 euros de la última década.
También se ha alcanzado un acuerdo histórico con CERMI Andalucía (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), "que incluye la subida del coste plaza que reclamaban las entidades y el reconocimiento de una serie de demandas históricas que venían planteadas desde hace más de una década para avanzar en la mejora de la atención a las personas en situación de dependencia".
