Política Agraria Común
ANTEQUERA (MÁLAGA).- El subdelegado del Gobierno, Miguel Briones Artacho, ha rechazado las críticas del Gobierno andaluz en Málaga y del propio PSOE sobre el reparto de fondos de la PAC (Política Agraria Común) en la provincia y ha reclamado a sus responsables "lealtad institucional y menos mentiras y engaños a los agricultores".
Tras una reunión con representantes y agricultores de ASAJA en Antequera, donde esta asociación ha celebrado una jornada informativa, Briones ha mostrado su malestar por "la falsedad y manipulación de los datos ofrecidos, que también han sorprendido a los propios afectados".
"La reforma de la PAC se hizo teniendo en cuenta los intereses de Andalucía, que seguirá siendo la principal perceptora de fondos de la PAC en España, y salió adelante por unanimidad de todas las comunidades autónomas, incluida la Junta de Andalucía, por lo que sus dirigentes ahora deberían explicar qué están criticando".
De hecho, se establece una ayuda media por hectárea para el campo andaluz, "y por ende, el campo malagueño, de 326 euros por hectárea, cuando la media nacional es de 229 euros por hectárea, y ello gracias al nuevo modelo de regionalización que favorece a Andalucía".
El olivar andaluz, por ejempo, del que la provincia de Málaga actúa como uno de los actores principales, "sale muy beneficiado con la reforma al percibir 900 millones de euros en ayudas siendo receptor del 55% de los importes".
Igualmente, en el sector de regadíos se van a conservar los importes de ayuda por hectárea más elevados que benefician especialmente al Valle del Guadalhorce.
Ampliación de plazos
Además, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente amplía, hasta el 15 de junio, el plazo de presentación de la solicitud única de los pagos directos a la agricultura y ganadería para la campaña 2016, que finalizaba el 15 de mayo, una vez aprobada la reglamentación comunitaria que así lo permite.
A esto hay que añadir que la campaña de pagos finaliza el 30 de junio, "por lo que se están manejando unos datos sesgados, incompletos, falsos para acusar al Gobierno de España de forma torticera", ha dicho Briones.
El subdelegado ha destacado la "equidad" en el nuevo reparto para el próximo sexenio y ha recordado que de aplicarse los parámetros establecidos por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, "Andalucía perdería más de 500 millones de euros anuales; es decir, más de 3.000 millones en total".
Asimismo, Andalucía y por tanto la provincia malagueña, se van a beneficiar de un régimen específico para pequeños agricultores, que son aquellos que cobran menos de 1.250 euros y suponen en torno al 40% de los perceptores andaluces.
Gestión de los pagos al desarrollo rural
También hay que tener en cuenta que en junio tendrá lugar la negociación para ayudas asociadas en toda Andalucía, por lo que el subdelegado del Gobierno pidió a los representantes de la Junta en Málaga que "luchen por conseguir el mayor número de fondos posibles para productos como el trigo duro, la uva pasa o el olivar de mesa y de montaña o baja producción, todos importantes en la provincia".
Finalmente instó a la Junta de Andalucía a dar explicaciones "de los números que sí debiera conocer, como son las ayudas vinculadas al desarrollo rural, y cuyo grado de ejecución en las últimas campañas ha rondado el 80%, lo que ha obligado a la Junta a devolver 154 millones de euros a Europa".
Los niveles de ejecución de pagos condicionan los fondos disponibles en próximas campañas y las futuras negociaciones, "así que Andalucía debería ser capaz de ejecutar el 100% para evitar que reclamen esas ayudas otras comunidades más diligentes en su gestión".
Briones lamentó la pérdida de esas ayudas para todos los agricultores andaluces y requirió "mayor eficacia en su gestión de reparto y ejecución" a la Junta, la cual tampoco ha aprobado el Reglamento que debe regular el Registro de Explotación Agrícola, el cual "debió ser aprobado en 2015 y estamos a mediados de mayo".
Este procedimiento facilitaría la puesta en marcha de medidas destinadas a evitar los robos en el campo, como la carta o tarjeta de trazabilidad, y dotaría de mayor efectividad a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
