García anuncia una modificación legislativa para establecer un régimen sancionador
ANDALUCÍA- La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha anunciado este martes la constitución de un Observatorio de Agresiones, formado por expertos, para "proponer medidas factibles, acordes y pertinentes contra las agresiones, así como para servir de instrumento de coordinación entre los distintos protocolos de agresiones y medidas que se vayan adoptando".
García ha hecho este anuncio tras presidir, tras dos años de su entrada en vigor, la reunión de seguimiento y evaluación del grupo de trabajo que elaboró el Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones a Profesionales del servicio sanitario público de Andalucía, como prevé el propio plan y del que forman parte los agentes sociales, asociaciones de pacientes, letrados de la Administración andaluza, la Asociación de Letrados de la Administración Sanitaria de Andalucía, la Asociación Andaluza de Derecho Sanitario y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, además de los miembros de la Consejería de Salud y Consumo y el Servicio Andaluz de Salud.
La titular de Salud y Consumo ha detallado que este Observatorio "evaluará los datos recabados por el Plan y elevará propuestas a las distintas mesas de trabajo, para, entre todos, frenar las agresiones a nuestros sanitarios". Además, ha añadido, este órgano "servirá de conexión con otros observatorios ya implantados en otras comunidades autónomas".
Junto a este Observatorio de las Agresiones, se está trabajando también en el establecimiento de un régimen sancionador de agresiones a partir de la modificación de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía. Así, ha explicado García, "se establecerá un régimen sancionador para los usuarios del sistema sanitario púbico andaluz que cometan una agresión con sanciones económicas proporcionadas al daño causado". García ha explicado que "otras comunidades autónomas, como Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Navarra, ya tienen estipuladas estas sanciones".
En definitiva, ha insistido, "esta reforma de los instrumentos jurídicos persigue conseguir que los profesionales de los centros asistenciales puedan desempeñar su actividad en un ambiente de máxima confianza, respeto y seguridad".
La consejera ha explicado que el Plan contempla nuevas medidas para "seguir avanzando en la prevención y protección de los trabajadores del SAS y combatir así la violencia que sufren". Entre estas medidas, ha citado: equilibrar los derechos y deberes de los ciudadanos; realizar una campaña de concienciación dirigida a la población destacando la labor del profesional y recordando que la agresión es un delito recogido en el código penal; informar a la ciudadanía de la existencia del Interlocutor Policial Sanitario; y continuar asegurando la celebración trimestral de las reuniones de las comisiones provinciales contra Agresiones a Profesionales Sanitarios.
Asimismo, García ha propuesto también "mejorar la información contenida en las tarjetas identificativas del profesional, con objeto de encontrar el punto medio entre el derecho de los pacientes a conocer el profesional que los atiende y la protección del profesional".
La titular de Salud ha incidido en que estas medidas vienen a "reforzar" las que ya se han ido adoptando, a propuesta de las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, en los dos años de vigencia del Plan. Si bien, ha puntualizado, "muchas de estas medidas, que siguen vigentes, necesitamos seguir implementándolas y reforzándolas".
