Hasta el momento son más de 3600 supresiones desde el inicio del 2021
MÁLAGA- El sindicado CGT ha anunciado que la Fiscalía de Málaga ha iniciado los trámites previos preprocesales penales hacia Renfe y sus gestores. La denuncia de los sindicatos ha sido presentada tras la supresión de 34 cercanías diarios en la localidad malagueña en el contexto de las Obligaciones de Servicio Público que la empresa debe cumplir según el programa Renfe-Estado, vigente hasta 20207.
"Debemos poner de relieve el alcance limitado de los documentos a los que se puede acceder para poder afirmar que se está produciendo una actuación delictiva al abonar con dinero público de los impuestos de las ciudadanas y ciudadanos unas compensaciones económicas a RENFE por unos servicios que son de obligado cumplimiento pero que alegremente suprime a su libre albedrío", ha añadido el sindicato.
Desde DGT han anunciado su compromiso por seguir alzando la voz ante el incumplimiento de las Obligaciones de Servicio Público y la eliminación de los trenes. Hasta el momento son más de 3600 supresiones desde el inicio del 2021 en Málaga cuando el contrato Programa vigente establece que diariamente deben circular como mínimo 136 servicios de cercanías.
La confederación ha determinado que las Obligaciones de servicio público se determinan en España dando cumplimiento a las directivas europeas desarrolladas mediante el Reglamento (CE) 1370/2007 cuyo objetivo es "definir las modalidades según las cuales, en cumplimiento de las disposiciones del derecho comunitario, las autoridades competentes podrán intervenir en el sector del transporte público de viajeros para garantizar la prestación de servicios públicos de interés general que sean más frecuentes, más seguros, de mayor calidad y más baratos que los que el simple juego del mercado hubiera permitido prestar." Este es el caso de los servicios ferroviarios de Cercanías.
Los servicios ferroviarios de Cercanías de competencia de la Administración General del Estado son considerados de interés general, según CGT, "por razones de eficiencia medioambiental, social y económica frente a otros modos de transporte terrestre" tal como estableció el Acuerdo de Consejo de Ministros de 30/12/2010 que regula las obligaciones de servicio público.
"Nos encontramos ante un servicio público esencial que se hurta a la sociedad por decisiones unilaterales de los gestores de RENFE que no solo atentan contra el derecho básico a la movilidad de la ciudadanía sino que pese a que el propio contrato programa tras acuerdo en el Consejo de Ministros refiere que la prestación de servicios públicos de interés general como el Cercanías tienen vocación de ser más frecuentes, más seguros, de mayor calidad y más baratos", han concluido.
