La medida permite limitar temporalmente la circulación de personas
MÁLAGA - El Consejo de Ministros se reunirá este sábado para decretar el estado de alarma en todo el territorial español, la medida estará vigente durante 15 días. Pedro Sánchez comunicó esta medida en una comparecencia excepcional. El estado de alarma permite limitar temporalmente la circulación de personas, pero no los derechos fundamentales de los ciudadanos.
"Estamos solo en la primera fase del combate contra el virus. Nos esperan semanas muy duras. No cabe descartar que alcancemos los 10.000 afectados la próxima semana", dijo el presidente. "La declaración del estado de alarma permite movilizar al máximo los recursos contra el virus, pero la victoria depende de cada uno de nosotros, el heroísmo consiste también en lavarse las manos y en quedarse en casa. Vamos a parar el virus con responsabilidad y con unidad", insistió Sánchez.
Las medidas que se pueden acordar con el estado de alarma —inicialmente durante de 15 días― son las de limitar la circulación o la permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados; practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias; intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados; limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad; e impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción de los productos de primera necesidad.
El estado de alarma podría ser utilizado además como instrumento legal para retrasar las elecciones vascas y catalanas, algo más que probable dada la evolución de la situación. Sánchez habló con representantes de todos los partidos para avanzarles la decisión y ahora iniciará una ronda con todos los presidentes autonómicos. El líder del PP, Pablo Casado, compareció para anunciar que apoya la declaración del estado de alarma e incluso su prórroga, pero criticó al Ejecutivo porque dijo que ha cometido "negligencias" como permitir y apoyar la manifestación del 8 de marzo y sostuvo, además, que hasta ahora ha ido "por detrás de los acontecimientos".
El estado de alarma, regulado en el artículo 116 de la Constitución y en la Ley Orgánica 4/1981, permitiría al Consejo de Ministros adoptar medidas extraordinarias en toda España o en una parte del territorio en varios supuestos, entre los que se encuentran las "epidemias y situaciones de contaminación graves". Este estado, previsto para cuando las circunstancias hagan imposible mantener la normalidad mediante los poderes ordinarios, faculta al Gobierno a poner bajo su mando a todos los funcionarios y empleados públicos, incluidos los cuerpos policiales, de todas las Administraciones e imponerles "servicios extraordinarios por su duración o su naturaleza".
La declaración del estado de alarma, a diferencia de los estados de excepción y sitio, no afecta, en principio, a la vigencia de los derechos fundamentales —como la libertad de expresión o de prensa, o la libertad de manifestación—. Sin embargo, sí permite al Gobierno "limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados".
El Ejecutivo puede declarar el estado de alarma mediante un decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, que se debe reunir inmediatamente y que a su vez debe autorizar cualquier prórroga de este plazo. El decreto determina el ámbito territorial al que se extienden los efectos de la declaración, según recoge la Constitución en su artículo 116, algo esencial para las elecciones gallegas y vascas.
El estado de alarma se ha aplicado hasta ahora una sola vez en la reciente historia democrática. Fue en diciembre de 2010 cuando el Consejo de Ministros militarizó las torres de control aéreo tras el abandono de su puesto de trabajo por parte de los controladores civiles, que realizaron una huelga encubierta con bajas médicas masivas.
