Málaga Ahora
MÁLAGA - Málaga Ahora presentará este martes al pleno municipal (correspondiente al mes de febrero, pero retrasado por problemas de agenda del alcalde) una moción en la que recoge las medidas aprobadas en materia de feminismo, al menos desde 2016, pero con «un grado de incumplimiento muy bajo». En la moción incluso se afirma que «parece que el equipo de gobierno no se atreve a votar en contra de estas medidas, pero luego no las desarrolla ni está dispuesto a poner los recursos necesarios para ello», según relató Rosa Galindo, concejala de Málaga Ahora.
En la misma semana en la que se conmemora el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y todo indica que la huelga de mujeres será incluso más masiva que en la edición anterior, sorprenden los datos que recoge Málaga Ahora, pues algunos incumplimientos incluso contravienen la legislación actual. De este modo, en noviembre de 2016, a propuesta de Málaga Ahora se aprobó en pleno «Que este Ayuntamiento proporcione los recursos personales, materiales y políticos para dar efectivo cumplimiento al artículo 19 de la Ley Orgánica 1/2004, y se establezca así un sistema estable de financiación local a largo plazo». Como ha señalado Galindo, «Nada de ello se recogió en los presupuestos». Ha añadido que se aprobó en el mismo pleno una serie de medias contra la discriminación sexual y para erradicar la violencia machista, que finalmente se concretaron en una campaña que apenas se repitió al año siguiente.
Unos meses más tarde Málaga Ahora insitía en la necesidad de aumentar las viviendas para mujeres afectadas por violencia machista, hoy únicamente tres a cargo de ACEM, una ONG católica. «Tampoco se ha dado cumplimiento -declaró Galindo-, a pesar de la gravedad del asunto» y en la actualidad el Instituto Municipal de la Vivienda tiene a 44 mujeres afectadas por violencia machista en espera de una vivienda y perdidas en un laberinto burocrático, según apuntó su compañera Isabel Jiménez, también presente en la rueda de prensa. De hecho, la moción recoge que en la práctica las medias contra la violencia machista no han pasado «de declaraciones y minutos de silencio».
Entre el resto de medias presentadas en todos estos años destacan también por su incumplimiento la inclusión de una perspectiva de género en actuaciones urbanísticas de acuerdo a al manual publicado a tal efecto por la Junta o el programa piloto en nuevas viviendas VPO. Así mismo, tampoco se ha desarrollado ninguna media concreta para mejorar la seguridad e las viajeras en las líneas nocturnos del EMT. Así, no es de extrañar que tampoco se haya dado ningún paso en otro acuerdo relevante: «Que el Ayuntamiento de Málaga inicie los trámites para la puesta en marcha de una renta municipal complementaria destinada a mujeres víctimas de violencia machista, fomentando de este modo su autonomía y empoderamiento».
Málaga Ahora pedirá en este pleno que se cumplan todas ellas. Junto a Galindo estuvo su compañera Ysabel Torralbo, portavoz de su grupo, que también ha anunciado que su grupo presentará una moción para que, dados los últimos datos sobre pobreza y riesgo de exclusión social, que colocan a Málaga con casi un tercio de su población en esa situación, el Ayuntamiento instaure una Renta Social Municipal, siguiendo el ejemplo de ciudades como A Coruña, que destina a este fin un 0,86% de su presupuesto.
«En el caso de Málaga, con casi 700 millones de euros de presupuesto, esto equivaldría a algo menos de 7 millones de euros, casi la misma cantidad que empleamos en otras ayudas dispersas». Según ha explicado, la percibirían, durante un año prorrogable, unidades de convivencia sin derecho a otras ayudas o que fueran inferiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Equivaldría a ese IPREM, incrementado en un 10% por cada miembro adicional hasta un máximo del 150%. Se le añadirían otro tipo de ayudas no monetarias para alimentación, vestido, alojamiento, suministros básicos, transporte, autonomía a afectadas por violencia machista, etc.
La propia Torralbo ha recordado que el 70% de las conductas delictivas relacionadas con la corrupción y finalmente sancionadas por los tribunales corresponden a la esfera de la Administración Local. Su grupo ya presentó una moción, de nuevo incumplida, para facilitar mediante un Buzón Ético las recogida de denuncias por malas prácticas en la administración por parte del llamado «denunciante de buena fe».
Torralbo no dudo en señalar que el gobierno de De la Torre, más allá de posibles delitos, ha inventado nuevas prácticas de corrupción, entre ellas lo que ha denominado «puertas giratorias internas», comenzando por el nombramiento irregular de jefaturas municipales por el controvertido método de las comisiones de servicio, sin concurso alguno. A este respecto ha resaltado la salida el año pasado del concejal Julio Andrade para su nombramiento en enero de 2018 como director del nuevo centro de formación de Naciones Unidas en Málaga, un cargo que no dispone de asignación por parte del organismo internacional, «así que fue posteriormente nombrado por el acalde para un puesto creado ad hoc: director técnico para las relaciones con Organismos Internacionales con un sueldo de 54.500 euros anuales de dinero público».
Es solo en ejemplo, pues como recoge la moción han abundado en esta legislatura: desde la información privilegiada a empresas como FCC y Sando, habituales en los papeles de Bárcenas, para hacerse con el contrato municipal de Parques y Jardines y despedir a trabajadores, hasta las incontables irregularidades en la gestión del CAC y el proceso para la renovación de su gestión.
Entre los últimos episodios destacan las imputaciones (bajo su figura actual, la de «investigados») de José Cardador, jefe de Urbanismo, y los concejales Francisco Pomares y Teresa Porras, por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación por omisión, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos. En noviembre Málaga Ahora, como ha recordado Torralbo, presentó 34 conclusiones a la Comisión de Investigación que destapó los desmanes en la Gerencia de Urbanismo cometidos entre 2006 y 2016, especialmente en Villas del Arenal, en las que quedaba acreditada que la Gerencia Municipal de Urbanismo es un organismo opaco, plagado de injerencias políticas, despidos encubiertos, y que incluso se creó un equipo paralelo para dejar que prescribieran miles de infracciones y se castigaba a los empleados que denunciaban la situación.
La moción de Málaga Ahora pide medidas como el cese inmediato de cualquier concejal procesado por fraude, corrupción o malas prácticas, que se proteja al denunciante de buena fe y que incluso se cree una Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción, similar a la de Madrid.
