Conflicto
MÁLAGA.- La Junta de Andalucía ha respondido al presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Juan José Sánchez Luque, después de que este solicitará a la consejera de Salud, Marina Álvarez, «contundencia y medidas urgentes» contra el incremento de agresiones a profesionales sanitarios en la provincia, más allá de condenar los ataques a sanitarios. Así, desde el Gobierno autonómico han acusado al máximo responsable de los facultativos malagueños de «mentir» y han incidido en que tienen «tolerancia cero» contra las agresiones.
Asimismo, recordó que Andalucía cuenta desde 2005 con un Plan de Prevención y Atención de Agresiones, una iniciativa que se puso en marcha de manera pionera en el Sistema Nacional de Salud y que está en continua evolución. "El Plan contempla una batería de medidas elaboradas con el consenso de las organizaciones sindicales, el apoyo de las organizaciones colegiales, de asociaciones de consumidores y usuarios, además de estar en sintonía con las directrices establecidas por la Organización Internacional del Trabajo y la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo", subrayó.
Dentro de las líneas de este Plan existe un protocolo de actuación que se activa ante la notificación de una agresión en un centro sanitario y que incluye la asesoría jurídica al personal agredido, el apoyo psicológico si lo estima conveniente y la posibilidad de favorecer su traslado a otro centro si también lo solicita.
Precisamente, como resultado de la asesoría jurídica, el Servicio Andaluz de Salud ha logrado en 2017 en la provincia 27 sentencias condenatorias, de las que 5 han sido por delitos de atentado y el resto por amenazas, lesiones e injurias, entre otras. Además, durante el mismo periodo, la Asesoría Jurídica del SAS en Málaga ha realizado 28 asistencias letradas a profesionales víctimas de agresiones en el desempeño de su trabajo.
Los centros sanitarios de la provincia cuentan con elementos de seguridad como dispositivos de alarma o interfonos en consulta, videocámaras, salidas alternativas en consulta, instalación de software antipánico en ordenadores o personal de vigilancia, elementos de seguridad para asegurar un ambiente de confianza a profesionales y usuarios.
Son datos que ponen de manifiesto la labor que se viene realizando en la Consejería de Salud sobre esta materia, un ámbito que está en permanente análisis y evolución. Así, recientemente se ha puesto en marcha la figura de los interlocutores sanitarios territoriales en cada provincia y autonómicos para la coordinación con el protocolo de los ministerios de Sanidad e Interior (y con sus interlocutores policiales tanto de la guardia civil como de la policía nacional) así como para realizar el seguimiento de las distintas medidas de apoyo a los profesionales que han sufrido una agresión.
Asimismo desde 2008, el SAS imparte el curso online de Control de Situaciones Conflictivas. Hasta finales de 2017 se han formado a un total de 54.056 profesionales. El objetivo es que el mayor número posible de profesionales cuente con las habilidades sociales necesarias para evitar y abordar situaciones de conflicto en su relación con los usuarios.
En la misma línea, en diciembre del pasado año 2017, se difundió el procedimiento de 'Cambio de oficio de profesional de medicina de familia y/o pediatría para la salvaguarda de la buena relación con la ciudadanía'. En él se describe las actuaciones y recomendaciones a seguir ante la aparición de situaciones de conflicto en la relación entre profesionales -medicina de familia y pediatría- y ciudadanía en el ámbito de la atención primaria. Dado que la relación y el trato adecuado del profesional al paciente y viceversa es un deber de ambas partes, es importante diseñar estrategias de abordaje que disminuyan estos encuentros difíciles.
