MÁLAGA.- Este jueves 13 de julio, la corporación municipal representada por Alejandro Carballo (C´s), Ysabel Jiménez (Málaga Ahora), Remedios Ramos (Málaga para la Gente), Carlos Conde (equipo de gobierno, PP), y Sergio Brenes (PSOE), y Sonia Díaz, en su calidad de delegada de Oxfam Intermón en Andalucía, han facilitado un espacio de rendición de cuentas de los pasos desarrollados durante el último año para la aplicación efectiva de la norma que promueve que el municipio malagueño ejerza una contratación pública fiscalmente responsable.
El pasado 28 de julio de 2016 el municipio fue declarado mediante moción institucional Zona Libre de paraísos fiscales. Los paraísos fiscales, como sistemas opacos por los que pasa la mitad del comercio mundial, provocan disfunciones a nivel global y local. Con impuestos próximos al 0%, la elusión fiscal de las grandes empresas a través de los paraísos fiscales supone una discriminación económica para las pequeñas y medianas empresas que no pueden y / o no quieren hacer uso de ellos.
La elusión fiscal a través de los paraísos fiscales también disminuye la recaudación pública, por lo que es más difícil financiar el gasto de servicios sociales. Debido a su opacidad, los paraísos fiscales facilitan el blanqueo de capitales, la corrupción, la financiación del crimen organizado, de mafias y de grupos terroristas, el encubrimiento de tráfico de armas.
En el último año la inversión desde España hacia los 15 paraísos fiscales más agresivos se ha triplicado. Además, en el primer semestre de 2016 el 67% de la inversión de entrada en España provino de estos territorios, y su utilización para canalizar la inversión directa hacia nuestro país genera cada año unas pérdidas fiscales en torno a los 1.550 millones de euros, equivalente al presupuesto de cooperación al desarrollo. La presencia de las principales empresas españolas en paraísos fiscales sigue en aumento. De 2013 a 2014, las filiales del IBEX35 en estos territorios se han incrementado en un 10%, pasando de 810 a 891. En cinco años, la presencia de filiales de empresas del IBEX-35 en paraísos fiscales se ha multiplicado por tres, lo que demuestra la falta de compromiso de las empresas con una fiscalidad justa y responsable.
A nivel nacional, Oxfam Intermón ha destacado el momento de oportunidad que representa la tramitación parlamentaria de la nueva Ley de Contratación del Sector Público, a la que organizaciones como la Plataforma de Justicia Fiscal y la propia entidad han propuesto tres enmiendas para incluir consideraciones en línea con esta iniciativa.
Por su parte, todos los grupos han vuelto a revalidar su compromiso unánime con el máximo desarrollo y aplicación de medidas como ésta, que son un potente instrumento para combatir la fuga de fondos públicos que está reduciendo dramáticamente las posibilidades de acabar con la creciente desigualdad extrema.
A nivel municipal, desde finales del año pasado las empresas que concurren a concursos públicos en la ciudad de Málaga deben presentar una Declaración Responsable por la que se comprometen a no llevar a cabo ninguna práctica de elusión ni evasión fiscal durante el desarrollo del contrato, habilitándose la resolución del mismo en caso de demostrarse lo contrario. Y recientemente, se ha promovido la firma con la Confederación de Empresarios de Málaga de un Código de Buenas Prácticas Tributarias.
