Pionera en España
MÁLAGA.- El delegado del Gobierno andaluz, José Luis Ruiz Espejo, ha destacado este viernes que "Andalucía se sitúa como pionera en España en la preservación de derechos con la nueva Ley de Servicios Sociales" aprobada recientemente en el Parlamento andaluz, una normativa que reconoce una amplia relación de derechos, como el de la persona a decidir su propia intervención y a disponer de un profesional de referencia, así como a dejar constancia de su voluntad anticipada sobre los recursos que quiere recibir en previsión de una futura limitación de su capacidad de obrar.
La Junta de Andalucía ha organizado este viernes en Torremolinos un encuentro con más de un centenar de representantes de colegios profesionales, técnicos de los servicios sociales comunitarios municipales y técnicos de la Junta, concejales de municipios mayores de 20.000 habitantes, asociaciones y agentes sociales para informar de todos los aspectos de la nueva normativa, un encuentro en el que Ruiz Espejo ha estado acompañado por la secretaria general de Servicios Sociales de la Junta, Purificación Gálvez, el alcalde de Torremolinos, José Ortiz, y la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Ana Isabel González.
Ruiz Espejo ha indicado que la ley "blindará las prestaciones básicas a la que podrá acceder la población andaluza, universalizará los servicios sociales, que conforman el cuarto pilar del Estado del bienestar, y garantizará la titularidad y la gestión pública de los servicios sociales comunitarios".
Por su parte, el alcalde de Torremolinos ha destacado el trabajo coordinado de los ayuntamientos y la Junta de Andalucía para el mantenimiento y fortalecimiento de los servicios públicos y ha agradecido la labor que realizan los trabajadores sociales en cuestiones que afectan a los derechos de los ciudadanos.
Durante la tramitación parlamentaria de la nueva ley, se ha ampliado la cartera inicial de servicios garantizados como derechos subjetivos con la incorporación de la ayuda a domicilio, los equipos de tratamiento familiar, las situaciones de emergencia, el alojamiento alternativo y servicios relacionados con programas de drogodependencias, principalmente.
La nueva ley sustituye a la norma vigente desde 1998 e incluye otros servicios novedosos considerados también derechos subjetivos como la historia social única digitalizada y una tarjeta social universal para cada persona dentro del sistema. Ambos serán instrumentos claves para la gestión del sistema. Igualmente novedosa es la incorporación de la perspectiva deontológica y el impulso a la investigación mediante la creación de órganos específicos. La Ley está estructurada en 141 artículos agrupados en 6 Títulos, 6 disposiciones adicionales, 3 transitorias, 1 derogatoria y 3 finales.
Uno de los avances destacados de la ley es que se potencia el sistema de los servicios sociales comunitarios de los ayuntamientos como la puerta de entrada a la que se dirigen los ciudadanos y dónde se tramitan prestaciones destacadas como la dependencia, las medidas del Decreto de Inclusión, el programa de ayuda a la contratación o suministros vitales básicos y las prestaciones de urgencia social.
Otro aspecto novedoso es la regulación de las cláusulas sociales, que deberán tenerse en cuenta en las adjudicaciones de contratos de gestión de servicios incluidos en el catálogo de prestaciones, priorizándose la iniciativa social. También, se reconoce la 'Declaración de Interés Social para Andalucía' a entidades sin ánimo de lucro y se regula de forma especifica el concepto de atención a las urgencias y emergencias sociales.
