Tras el temporal de inundaciones
MÁLAGA.- El subdelegado del Gobierno en Málaga, Miguel Briones, se ha puesto en contacto, a través de la Dirección provincial de Protección Civil y personalmente en algunos casos, con los ayuntamientos de la provincia afectados por las inundaciones sufridas el pasado 4 de diciembre, para informarles de la entrada en vigor, el pasado sábado 28 de enero, de Real Decreto-ley 2/2017 de 27 de enero por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por los últimos temporales.
Desde Protección Civil se ha informado y remitido a todos los consistorios de la provincia el documento que desarrolla lo acordado en el seno del Consejo de Ministros celebrado el pasado viernes, y que establece un nuevo marco legal para solicitar y tramitar de forma urgente las ayudas paliativas necesarias tras las fuertes lluvias de diciembre, que afectaron a una treintena de localidades malagueñas, entre otras urgencias acaecidas en territorio nacional.
Este nuevo decreto beneficia especialmente a los consistorios, ya que, según establece su artículo 5 sobre régimen de ayudas a corporaciones locales, "se abonará a los ayuntamientos el 100% de los gastos de emergencia", cuyas ayudas se están tramitando actualmente, ha explicado el subdelegado.
Son actuaciones de emergencia aquellas destinadas a garantizar la vida y seguridad de las personas y el funcionamiento de los servicios públicos esenciales, y que suelen acometerse inmediatamente después del suceso y de la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia.
Además, el artículo 6 del nuevo decreto-ley, referido a las actuaciones sobre infraestructuras (no de emergencia), prevé que se podrá "conceder una subvención de hasta el 50 por ciento" del coste de las obras de reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal.
Estas subvenciones, no obstante, se atenderán con cargo al crédito que a estos efectos se habilite y aún debe establecerse el procedimiento para la concesión de las mismas por parte del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales.
En global se amplía el pazo para seguir presentado daños y reclamaciones, ya que se abre un nuevo período de dos meses desde la publicación en el BOE del citado Real Decreto-ley.
