Moción a pleno municipal
MÁLAGA.- Málaga Ahora quiere revertir la tendencia a la privatización de servicios básicos, que desde la crisis se ha acentuado. En opinión de Ysabel Torralbo, que este viernes ha presentado en rueda de prensa las mociones que su grupo llevará al pleno municipal, "se entregan servicios como la ayuda a domicilio, residencias de mayores, limpieza y mantenimiento de edificios a empresas a las que no se obliga a mantener a las plantillas y conservar sus derechos adquiridos, lo que favorece la privatización".
En la moción, se explica que, "a pesar del supuesto halo de eficiencia que tienen los servicios privados", resultan un pesada carga impositiva, pues "deben pagar un mayor importe al facturar el IVA". Torralbo ha explicado que la factura de LIMASA ascendió a 264.519 millones de euros, CLECE consiguió contratos por valor de 40 millones de euros. ALTHENIA de 11 millones, los mismo que TALHER, mientras que EULEN obtuvo 7 millones más, todas ellas empresas dedicadas a limpieza, atención y mantenimiento.
En la misma línea su grupo pedirá que se pare la cesión al Obispado de la pista deportiva de la calle La Crónica, situada en terreno municipal, donde la entidad privada pretende construir un enrome centro de catequesis gracias a un expediente "jurídicamente insostenible y que no podrá prosperar".
Su compañera Rosa Galindo, presente en la rueda, ha anunciado que también pedirán en pleno que a partir de ahora no se cobren entradas para partidos de fútbol de las categorías inferior a la juvenil de los campos de fútbol municipales. Galindo ha señalado que "el ayuntamiento ha construido más de una veintena de campos de fútbol para ser cedidos a clubes, a lo que ya se dota de medios económicos y se les permite cobrar cuotas a sus jugadores para hacer frente a los costes asociados".
Por otro lado, tanto Málaga Ahora, como el PSOE y Málaga para la Gente presentarán una moción conjunta para que el equipo de gobierno rectifique su intención de enterrar la consulta ciudadana sobre los terrenos de Repsol, aprobada en enero por unanimidad. Torralbo ha sido tajante: "La consulta es viable". De hecho, como ha indicado, el propio gobierno mantuvo oculto durante dos meses el informe favorable del Interventor, que señalaba que no había ningún efecto sobre la hacienda local, como aducía el PP.
"La cuestión es sencilla: el alcalde sabe que la consulta aprobaría la creación de un enorme espacio verde, y eso va contra los intereses particulares del gobierno, que en el pleno de enero se comprometió a asumir como propio el resultado de la consulta". Ha recordado, por último, que la propia legislación obliga a descontaminar los terrenos antes de cualquier construcción, algo que no se ha llevado a cabo.
