Moción a la Comisión de Economía
MÁLAGA.- La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Lorena Doña, ha anunciado este miércoles una moción que el PSOE llevará a la Comisión de Economía del jueves, en la que solicitan que el Ayuntamiento de Málaga inste al Gobierno de España a que realice de manera inmediata todas las actuaciones necesarias para paralizar la disolución de las entidades dependientes de las entidades locales que prestan servicios públicos a la ciudadanía o realicen actividades de impulso económico o social, como es el caso del Instituto Municipal de Formación para el Empleo (IMFE).
Desde el PSOE han explicado que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha remitido a diversos ayuntamientos una carta en la que les requiere que adopten las medidas oportunas para proceder a la extinción de diferentes entidades públicas dependientes de los mismos, en la que asegura que la extinción de dichas entidades ha de producirse necesariamente al haber tenido pérdidas en los dos últimos ejercicios y afectando a empresas municipales que prestan servicios públicos como el transporte, el abastecimiento de agua, la recogida de basuras, patronatos de escuelas infantiles o agencias locales de desarrollo.
Doña ha detallado que en el caso del Ayuntamiento de Málaga, Hacienda exige la disolución del IMFE por ser deficitario, un requerimiento comunicado al consistorio a finales de julio, "aunque no tuvimos conocimiento del mismo hasta fechas posteriores y mediante los medios de comunicación, tal y como viene siendo costumbre por parte del equipo de gobierno del PP". "Estamos ante un nuevo ataque del ministro en funciones Montoro a la autonomía local; pero además, de ejecutarse supondría que la ciudadanía de las ciudades y provincias afectadas verían como dejan de prestarse los servicios públicos a cargo de estas entidades que resultan esenciales para su vida cotidiana y que ninguna administración está en condiciones de dejar de prestar", ha dicho.
Los socialistas han denunciado finalmente que las intenciones del gobierno son ejecutar estos cierres "sin ofrecer un plan alternativo para la prestación de estos servicios públicos ni dar soluciones para los empleados que trabajan en estas empresas". "No podemos olvidar que además que estamos ante una exigencia realizada en aplicación de una norma cuya constitucionalidad se encuentra impugnada ante el Tribunal Constitucional por el recurso presentado ante dicho órgano por más de tres mil ayuntamientos, por entender que dicha norma vulnera el principio de autonomía local reconocido, recogido y protegido por la Constitución", ha concluido la concejala.
