Sanidad
MÁLAGA.- La posición de Podemos es clara a este respecto: "la mejor forma de gestionar los servicios públicos es la gestión directa desde el sector público". Así lo ha manifestado el portavoz en materia de salud de la formación morada, Juan Antonio Gil, quien ha insistido en que "de entrada, estamos contra los conciertos", especialmente en materia de Sanidad.
Podemos apoyará exclusivamente conciertos para garantizar una asistencia sanitaria adecuada en aquellas ciudades en las que no existan hospitales públicos, como son los casos de El Puerto de Santa María, Villamartín y Sanlúcar de Barrameda, todas en la provincia de Cádiz. De cualquier manera, Podemos apuesta porque esta medida sea transitoria, en tanto puedan ofrecerse servicios públicos de calidad.
Podemos Andalucía ha mostrado su rechazo frontal al aumento de conciertos en materia de sanidad y, siempre que sean excepcionales, ha pedido el mayor control sobre los mismos para garantizar la transparencia en las contrataciones y muy especialmente en las condiciones laborales de los empleados. "Es la Administración la que define lo que quiere conveniar, no las empresas quienes marcan el qué y en qué condiciones se oferta".
El portavoz de Salud de Podemos ha recordado que en los últimos años se han realizado inversiones que han mejorado la asistencia sanitaria reduciendo la dependencia de empresas privadas para su prestación. Una circunstancia que debe tener su reflejo en los conciertos con la empresa Pascual, como ya ha ocurrido en Málaga. En cualquier caso, desde Podemos se insiste en que en aquellos casos en que sea necesario, los convenios deben realizarse siguiendo escrupulosamente el mandato de la ley, con la mayor transparencia y objetividad, de forma que se garantice la mejor prestación de esos servicios.
A principios de este año el SAS intentó cerrar un nuevo concierto con la empresa Pascual para los hospitales de El Puerto de Santa María, Villamartín y Sanlúcar. En todos ellos se incrementó en un 40% el presupuesto y se amplió de dos a cuatro años su vigencia. Sin embargo, la empresa exigía la incorporación al convenio de los hospitales de Cádiz, Málaga y Huelva. Además, desde ese momento ha tratado de imponer de forma unilateral los precios de sus servicios, lo que ha motivado que el SAS rechace las facturas emitidas, a lo que se une el hecho de que todavía no ha firmado el contrato, lo que genera incertidumbre en los puestos de trabajo de los trabajadores, así como la posibilidad que llegue a comprometer la salud de un área que comprende una población de 250.000 gaditanos.
Llegados a este punto aclarar que si no hay actualmente conciertos en los hospitales Pascual de Huelva, Cádiz y Málaga es porque el SAS está obligado por la nueva normativa a licitar conciertos con publicidad y en concurrencia competitiva, al contar estas ciudades con otras infraestructuras de clínicas privadas que podrían prestar el servicio, y que Pascual decidió no presentarse porque quería forzar (como llevaba años haciéndose) a que se realizara un concierto conjunto de los 6 hospitales completos con el procedimiento de negociación en exclusividad (El Puerto, Villamartín, Sanlúcar, Cádiz, Huelva y Málaga).
Como se ha dicho, estas ciudades cuentan con nuevos hospitales públicos que han variado la necesidad del uso completo de un hospital privado en forma de concierto público, y que los servicios que se conciertan son aquellos que a razón de picos de demanda no puedan ser absorbidos de forma adecuada con los recursos públicos.
Desde su fundación en 1947 la empresa JM Pascual ha crecido al amparo de los conciertos públicos, primero con el Insalud y después con el SAS. Su agresiva política le llevó a abrir hospitales en los que ofrecía servicios gratuitos a la población para forzar sus conciertos, como pretendió en Montilla, si bien finalmente el por aquel entonces consejero Vallejo se opuso; hasta ahora el único que ha hecho frente a Pascual.
Con esta actitud, Pascual está poniendo en peligro la prestación de los servicios sanitarios, además del futuro de sus empleados, en las tres ciudades donde el SAS (por la política seguida en los años 90 delegando la sanidad en una empresa privada, la misma que ahora al saberse imprescindible quiere "imponer" sus condiciones) no dispone de hospitales públicos.
Por este motivo, Podemos Andalucía pedirá el jueves en el debate sobre el Estado de la Comunidad una auditoria del convenio con la empresa JM Pascual, que ha sido denunciado por la propia Junta por prácticas comerciales desleales.
