Según el compromiso de la Junta acordado en 2017
MÁLAGA.- Cada una de las 32 zonas educativas en que se divide Andalucía debe disponer de 4 Intérpretes de Lengua de Signos para la atención educativa del alumnado con diversidad funcional auditiva, según el compromiso de la Junta alcanzado en 2007 con los sindicatos ANPE-A, CCOO, CSI-CSIF y FETE-UGT. Además, según recogió el BOJA del 29 de enero de 2008, esos trabajadores deberíaan contar con "categoría Profesional de Técnico Superior de Interpretación de la Lengua de Signos, integrada en el Grupo III".
Como han explicado este lunes en rueda de prensa, Miriam del Olmo y Lola Ferrán, dos de los 180 profesionales del colectivo de Intérpretes de Lengua de Signos que trabajan en centros educativos públicos dependientes de la Junta de Andalucía, no han visto ni uno de esos compromisos cumplidos. Miriam Han denunciado que "el servicio se privatiza a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación mediante concurso público", con lo que se "está deteriorando claramente la atención al alumnado sordo".
La situación, han explicado, implica tal falta de coordinación que "las condiciones laborales son diferentes incluso dentro de la misma Comunidad Autónoma. Las subcontratas pueden ser completamente ajenas a la especificidad de este servicio y solemos comenzar cada curso sin conocer al alumnado y sus necesidades concretas, algo que afecta gravemente al servicio educativo de las personas con discapacidad auditiva".
La precariedad laboral que padece este colectivo desde hace años le ha llevado a una movilización continua en defensa de la calidad de la interpretación en la educación pública andaluza así como por la dignificación de la profesión. Como han recordado, "parte de nuestra labor consiste, como puente de comunicación entre el alumnado sordo y el resto de la comunidad educativa, resulta clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro de un modelo educativo que pretende ser igualitario e inclusivo".
Rosa Galindo, portavoz provincial de Málaga Ahora, que este martes presentará en Pleno una moción para intentar corregir esta situación, ha insistido en que la Junta debe garantizar un educación digna, de calidad y pública pata todas y todos, tal y como se comprometió en 2007. Pedirá que la La Diputación inste a todos los organismos competentes de la Junta a solucionar el conflicto laboral y a que adopte las medidas necesarias para que la gestión del servicio de Interpretación de lengua de signos, en los centros educativos públicos, sea prestado directamente por la Administración Andaluza.
