Málaga para la gente
MÁLAGA.-Manifestamos nuestra solidaridad con las centenares de miles de personas que han llegado a la Unión Europea huyendo de las guerras, la explotación y el hambre. Debido a esto actualmente se está produciendo el mayor movimiento de población desde la Segunda Guerra Mundial, ante la pasividad de las autoridades europeas que no han puesto en marcha medidas para facilitar la llegada segura y la correcta acogida de estas personas.
Las situaciones creadas por el cierre de fronteras se unen al fracaso de los planes de readmisión, poniendo en peligro la vida de las personas migrantes y refugiadas.
Tras el tiempo trascurrido, España solo ha acogido a 18 personas, de los 17.000 refugiados a los que se comprometió. A la vez, hemos visto como el espacio europeo de libre circulación se desmoronaba y los discursos xenófobos aumentaban en toda la Unión Europea. El acuerdo entre la Unión Europea y Turquía es una pata más de este modelo y no garantiza de ninguna manera la llegada segura y el cumplimiento de los derechos de las personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares; al contrario, las pone en mayor riesgo.
El acuerdo alcanzado ayer entre la Unión Europea y Turquía supone un despropósito al incluir devoluciones de refugiados a este país lo que vulnera la normativa europea e internacional. Así, esta medida vulnera el principio de no devolución de la Convención de Ginebra que garantiza que las personas no sean expulsadas a un país donde su vida corra peligro.
En este sentido, organizaciones de derechos humanos han documentado casos de devoluciones a Siria desde Turquía y uso de la violencia por parte de las autoridades. Europa intenta que Turquía actúe como policía de Europa y convertirlo en el gran campo de refugiados del mundo, sin tener en cuenta las graves violaciones de derechos humanos de este país.
Además, las expulsiones colectivas son contrarias al derecho internacional. La evaluación de una solicitud de asilo debe ser individual y además no puede estar basada exclusivamente en la nacionalidad, ya que sería discriminatorio.
En vez de poner en marcha soluciones eficaces, lo único que parece que se les ha ocurrido a los líderes europeos es alejar a las personas. Esperamos que el Consejo Europeo dé marcha atrás a este despropósito el próximo 18 de marzo y no ratifique este acuerdo inmoral e ilegal.
Asistimos a un nuevo episodio de subasta de refugiados, esta vez entre los países de la Unión Europa y Turquía intercambiando vidas humanas y derechos por interesados favores económicos o estratégicos.
Actualmente, las mujeres y niños suponen el 60% de las personas desplazadas que se han visto obligadas a huir de sus hogares a causa de los conflictos y la persecución. El año pasado murieron más de 3.700 personas tratando de llegar a Europa. Solo en 2016 esta dramática cifra ya asciende a 418, de las cuales un tercio de las personas fallecidas son mujeres y niños.
El 88 por ciento de las personas que llegan al Mediterráneo proceden de los diez países que generan mayor número de refugiados, por lo que los Estados deben ofrecerles protección. Hasta el momento España ha reubicado a 18 refugiados, mientras que la cifra total de los países europeos asciende a 660. Solo en 2016, el número de personas que han llegado a Europa supera las 134.000.
Si no se habilitan vías de acceso legales y seguras, se seguirá obligando a las personas a jugarse la vida en el Mediterráneo y el Egeo, donde el año pasado murieron más de 30.000 personas. La reciente decisión de militarizar nuestras fronteras marítimas con buques de la OTAN no hace sino aumentar el riesgo al que se enfrentan migrantes y refugiadas.
Por este motivo, el Ayuntamiento de Málaga reitera su compromiso de adhesión de nuestra ciudad a la red de ciudades refugio y se presta a acoger refugiados en el municipio de Málaga, en coordinación con el Gobierno Central, Gobierno autonómico, la FEMP, la Unión Europea y entidades colaboradoras.
Por ello, y teniendo en cuenta los puntos anteriores, el Grupo Mpal. de Málaga para la Gente, proponemos la adopción de los siguientes acuerdos:
1º.- Manifestamos nuestra solidaridad con las centenares de miles de personas que han llegado a la Unión Europea huyendo de las guerras, la explotación y el hambre.
2º.- Instar al Gobierno Central a mantener una postura de rechazo al acuerdo alcanzado ayer entre la Unión Europea y Turquía en el Consejo Europeo del próximo 18 de marzo y a que no ratifique este acuerdo inmoral e ilegal.
3º.- Reiterar nuestro ofrecimiento y colaboración como Ciudad Acogedora de Refugiados.
4º.- Poner a disposición de las personas migrantes y refugiadas las instalaciones municipales necesarias para su acogida, y gestionar a través de los Servicios Sociales en colaboración con las entidades e instituciones interesadas las políticas para su recepción y acogida.
5º.- Instar a la Unión Europea y a sus Estados miembro, especialmente al Gobierno de España, a habilitar vías legales y seguras que garanticen el acceso al derecho de asilo a las personas refugiadas evitando que tengan que emprender travesías mortales para obtener protección en un país seguro. Para ello es necesario:
a) Reforzar los programas de reasentamiento en coherencia con el número de refugiados existente, asumiendo un reparto equitativo y solidario entre todos los estados
b) Garantizar la posibilidad de pedir asilo en embajadas y consulados en los países de origen y tránsito
c) Activar políticas de concesión de visados humanitarios
d) Habilitar vías de acceso legales seguras a territorio europeo.
e) Eliminar la exigencia del visado de tránsito para aquellas personas que proceden de países en conflicto
f) Hacer realidad la Directiva Europea de Protección Temporal activando el mecanismo contemplado para hacer frente a emergencias humanitarias
g) Abordar las causas que provocan los desplazamientos forzados
h) Proponer y poner en marcha nuevos mecanismos no militarizados de gestión de los flujos migratorios en Europa, y por ende en España.
6º.- De la siguiente Moción se dará traslado a la Comisión Europea, al Gobierno de España, a los Grupos Parlamentarios en el Congreso, el Senado y el Parlamento Europeo, a CEAR y ACNUR España.
