El próximo martes
MÁLAGA.- El caminito del Rey y su entorno, solicitar a la Junta que pague los fondos que debe a diversos municipios malagueños, la situación que atraviesa el Ayuntamiento de Cortes del Frontera (Málaga) o el Centro Guadalmedina y los recursos humanos en la Delegación de Servicios Sociales, serán algunos temas que se debatirán en el próximo pleno de la Diputación Provincial, que tendrá lugar el próximo martes.
En concreto, el equipo de gobierno el PP llevará una moción en relación con el Caminito del Rey, ya que, como ha explicado el portavoz adjunto, Francisco Oblaré, "es necesario poner en estado decente la carretera que va desde Álora a El Chorro", incidiendo, en este sentido, en que "es la denominada entrada sur al Caminito del Rey y no es concebible que se encuentre en el estado en el que lo está actualmente".
Pos su parte, el portavoz de Ciudadanos en la Diputación, Gonzalo Sichar, ha criticado el "aprovechamiento" que realizan algunos negocios privados con el Caminito del Rey, y que "no responde al espíritu inicial de la gestión" de este paraje. "Una cosa es que las entradas gratuitas se puedan pedir en estos establecimientos para que así la gente vaya a ellos, y otra cosa es que algunos restaurantes hayan aprovechado para hacer menús especiales siempre más caros que los normales", ha lamentado.
En este sentido, la formación naranja ha considerado que "no puede seguir siendo gratuita la entrada", ya que, como consecuencia de ello, entre otros aspectos, "hay muchas reservas de gente que luego no va, lo que impide que otras personas no puedan ir". En relación con el precio, Sichar ha señalado que aún no está decidido pero que, a su juicio, "debería oscilar en torno a 10 euros" y que habría precios especiales más bajos "según se cumplan ciertas condiciones",
Al respecto, el diputado del PSOE Cristóbal Fernández ha destacado que se debe regular el acceso al paraje y ha opinado que cualquier decisión que se tome en relación con las entradas debe ser "por consenso unánime", apuntando que se está trabajando en ello en el seno de la comisión que se construyó entre los dos consistorio y la Diputación. "Más pronto que tarde se debe empezar a cobrar las entradas del Caminito del Rey", ha agregado.
Por ello, los socialistas quieren que "se normalice el acceso al paraje, se regularice y que se cobre por ello". No obstante, ha dejado claro que otra cuestión es el modelo de gestión, que podría ser público o privado, pero que "aún no hemos llegado" a tratar eso.
La diputada de Izquierda Unida, Teresa Sánchez, por su parte, ha explicado que "hay comercios que se están aprovechando de la situación actual" y hacen un uso "incorrecto e inapropiado" del Caminito del Rey, pero, ha agregado que "en ningún caso hay que externalizar el servicio". "Queremos que siga en manos públicas", ha dejado claro.
MOCIONES
Por otro lado, el portavoz adjunto del equipo de gobierno del PP, Francisco Oblaré, ha informado de que otra de mociones que llevarán los populares al pleno será en relación con el Centro de Educación Infantil del municipio malagueño de de Campillos, ya que, ha dicho, "este nuevo centro no tiene la capacidad necesaria, lo que ha afectado a 30 familias que no pueden escolarizar allí a sus hijos".
También solicitarán a la Junta de Andalucía que paguen los fondos "que debe" a los diversos municipios de la provincia malagueña, "que aún no los han recibido, con el consiguiente problema que esto supone".
De igual modo ha presentado una moción en apoyo a la creación de una Comunidad de Regantes en los municipios de Alameda, Fuente Piedra, Humilladero y Mollina, explicando, en este sentido que, "es una zona agrícola, pero desgraciadamente la sobreexplotación ha producido una escasez de agua que evita que se pueden explotar los pozos que son legales".
Por último, ha explicado que como moción urgente han instado a la Junta a que los presupuestos sean "transparentes y claros".
PSOE
Por su parte, el PSOE llevará al próximo pleno, entre otras mociones, una relativa a la situación que atraviesa el municipio de Cortes de la Frontera, y en concreto, la situación económica que afecta al cobro de las nóminas de los empleados públicos y la viabilidad de las empresas; el mantenimiento de las políticas de igualdad y del edificio del Servicios Provincial de la Mujer del ente supramunicipal y otra para apoyar y lanzar una campaña de promoción y un mensaje tranquilizador a los inversores en relación con la situación urbanística del municipio malagueño de Marbella tras la anulación por parte del Tribunal Supremo de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2010.
El diputado provincial del PSOE, Cristóbal Fernández, ha explicado, en relación con la situación de Cortes de la Frontera que, en este momento, la localidad debe seis nóminas al conjunto de los 90 trabajadores del Consistorio, y ha recordado, al respecto, que éstos se concentraron este pasado martes frente al ente supramunicipal y tuvieron reuniones con el equipo de gobierno del PP y del PSOE para solicitar ayuda económica "urgente" de la Diputación para "tratar de sacar adelante los problemas que tiene el Ayuntamiento".
La moción socialista recoge dos puntos. El primero de ellos es la creación, por parte de la Diputación, de un fondo extraordinario y urgente para ayudar al municipio, así como a otros que pudieran encontrarse en una situación parecida y que no se hayan podido acoger al Fondo de Liquidez de la institución. Por otro lado, solicitan ayuda técnica de la Diputación para una auditoria de cuentas y el desarrollo de una plan de viabilidad económica.
"Desde el PSOE entendemos que necesitan ayuda económica urgente y este municipio no puede esperar más", ha señalado Fernández, al tiempo que ha añadido que, "evidentemente, sabemos que hay que hacer una auditoria pero también sabemos el resultado de la misma: una situación económica insostenible y que si no hay ayuda la situación se convertirá en irremediable".
Por otro lado, en otra de las mociones el PSOE insta al equipo del gobierno del PP a que mantenga el servicio provincial de la mujer y las políticas de igualdad, cuyo edificio está en calle Carreterías; solicitan el incremento de los presupuestos de 2016 en esta materia, para rehabilitar el centro y reactivarlo y que se pueda poner a disposición de colectivos y asociaciones que trabajan en el ámbito.
Asimismo, solicitan que se aumente el presupuesto para la oferta de empleo público y reforzar los funcionarios para que puedan inscribirse al servicio de la mujer y combatir la violencia de género y también una partida específica en las cuentas para un plan especial de empleo destinado a mujeres víctimas de violencia de género y mujeres de municipios menores de 20.000 habitantes y en situación de desempleo de larga duración.
Al respecto, en relación sobre el anuncio de la vicepresidenta de la Diputación, Carmen Mata, sobre la posibilidad de que la Junta estudie quedarse con el uso del edificio que está en calle Carretería y que alberga el servicio provincial de la mujer, que depende de la institución, el diputado del PSOE ha desmentido el interés del Ejecutivo andaluz de quedarse con el inmueble y ha dicho que "ha habido una comunicación por escrito de la vicepresidenta de la Diputación en la que ofreció a la Junta la cesión de este edificio".
Por ello, a su juicio, "está bastante claro: Bendodo-- presidente de la Diputación-- y el PP no cree en políticas de igualdad, y Mata está siendo brazo ejecutor del desmantelamiento de estas políticas de igualdad en la Diputación". En este punto, ha señalado que, en los últimos cuatro años, el equipo de gobierno del PP "sistemáticamente, año tras año, está recortando la partida económica de igualdad y el numero de empleados adscritos al servicio provincial de la mujer".
Otra moción del PSOE para el próximo pleno presentada está relacionada con la recientemente sentencia del TS anulando revisión del PGOU de Marbella de 2010, lo que supone "un asunto de vital importancia par Marbella, para el conjunto de la Costa del Sol y también para la provincia y Andalucía". Por ello, piden que la Diputación colabore "muy activamente", con los medios que dispone a su alcance, con el Ayuntamiento marbellí y lleve a cabo una campaña de promoción a nivel nacional e internacional dirigida a "muy especialmente" a los inversores, para lanzar un mensaje de tranquilidad de que el municipio cuenta con seguridad jurídica y urbanística.
CIUDADANOS
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Gonzalo Sichar, ha explicado, que, además de la moción en relación con el Caminito del Rey, llevarán al pleno otra relacionada con la estructura del Boletín Oficial de la provincia de Málaga.
En concreto, la formación naranja pide "que se cambie la estructura y el formato del boletín, para que las búsquedas en el mismo sean más cómodas".
IU
Por su parte, la diputada de Izquierda Unida, Teresa Sánchez, ha explicado la moción que llevarán al pleno en relación con el Centro Guadalmedina, que presta servicios especializados para personas con discapacidad que la Diputación malagueña ofrece en régimen de residencia para personas gravemente afectadas, pero la realidad, según IU, "es que la situación del centro es incierta desde hace tiempo".
Por ello, piden que se cubran "en el menor plazo posible" las vacantes, bajas y jubilaciones del centro, que se recuperen las actividades de vacaciones para los usuarios del mismo, así como que se restablezcan los vehículos adaptados para ampliar y facilitar las salidas del centro, además de que se cumpla el cuadrante acordado entre la corporación y los sindicatos.
MÁLAGA AHORA
Por último, Rosa Galindo, la portavoz de Málaga Ahora, ha explicado que la formación llevará una moción relativa a la existencia de amianto, un elemento cancerígeno que "mata aún hoy en día a 200.000 personas anualmente en el mundo". Por ello, han presentado esta moción junto con la asociación 'Málaga Amianto 0', en la que piden que se "sepa donde está" el amianto que aún existe en edificios de la provincia malagueña, así como que "se retire, principalmente de los colegios donde todavía podemos encontrar este tipo de material".
Málaga Ahora también presentará una moción con la que pedirá una nueva Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda, junto con la PAH, por lo que piden al Gobierno una ley que ofrezca una garantía de vivienda para todo el mundo, así como la creación de un Observatorio de la Vivienda.
Por último, Galindo ha explicado que otra de ellas incide en mejorar los recursos humanos en la Delegación de Servicios Sociales. "Nos han ido llegando problemas que se encuentran los trabajadores de esta casa, que no pueden atender adecuadamente a las muchas personas y problemas que les llegan", ha declarado.
"Las políticas impuestas nos impiden contratar al personal necesario para realizar un buen servicio", ha señalado, al tiempo que ha añadido que "es por eso que hemos planteado un mecanismo que nos permita contratar más personal que tan necesario es, para ello el recurso necesario sería declarar la Delegación de Servicios Sociales y Centros Asistenciales como servicio esencial, con dicha declaración, estaríamos dentro de los supuestos de excepcionalidad, urgencia y carácter inaplazable", ha concluido.
