A través de una moción
MÁLAGA.- El PP en el Ayuntamiento de Málaga ha presentado este martes una moción que se llevará al pleno este próximo jueves en la que insta a la Junta de Andalucía a que "afronte su deuda" con los Centros Especiales de Empleo en Málaga. Así lo ha dado a conocer la concejala de Accesibilidad Universal, Francisca Bazalo, quien ha asegurado que se trata de "una situación de emergencia".
En la rueda de prensa, Bazalo, acompañada de dos representantes de la Asociación de Centros Especiales de Empleo en Málaga, ha señalado la importancia de éstos y ha destacado que "los 72 centros existentes en Málaga, dan trabajo a 2.500 personas en la provincia". Además, ha destacado, como se recoge en la moción presentada, que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) prevé para el futuro una situación "muy delicada", puesto que las personas con discapacidad son de por sí especialmente vulnerables en cuestiones de inclusión laboral.
En este sentido, Bazalo ha señalado que "estos momentos, casi dos terceras partes de los demandantes de empleo con discapacidad --62,3 por ciento-- están en paro" y que "el retraso del cobro de las subvenciones que reciben por parte del gobierno regional de la Junta de Andalucía los centros especiales de empleo de la ciudad, está poniendo en peligro a estas entidades, pudiendo llevar a algunas a tener que presentar un ERE, ya que no pueden pagar las nóminas".
"Estos centros son fundamentales para la inserción laboral de personas que padecen alguna discapacidad, ya que les permiten ganarse la vida con dignidad y crecer como personas y profesionales", ha apuntado Bazalo, al tiempo que ha precisado que "en concreto, potencian la contratación de personas con algún tipo de discapacidad de modo que el compromiso de la Junta con estos centros consiste en pagar el 100 por ciento de la Seguridad Social y la mitad del Salario Mínimo Interprofesional de cada trabajador, siempre que el 70 por ciento de la plantilla tenga una discapacidad superior al 33 por ciento".
En este sentido, la concejal ha precisado que "la Junta de Andalucía mantiene con estos centros una deuda, que arrastra desde 2013, y que podría ascender, según calculan las asociaciones, a más de 12 millones de euros a final de año en la provincia". "A esto se suma el vacío legal que hay en relación a estos centros para este año 2015", ha apostillado.
"La demora en los pagos, la reducción presupuestaria, o el cambio en la fecha de las ayudas públicas que deben recibir del gobierno andaluz para subsistir, les supone problemas de liquidez y les obliga a acometer recortes que afectan, una vez más, a quienes están en una mayor situación de vulnerabilidad", ha concluido la concejala.
