En una mesa de negociación
MÁLAGA.- El concejal de Turismo y Promoción del Ayuntamiento de Málaga, Julio Andrade, ha anunciado este jueves la convocatoria de una mesa de trabajo que impulse la regulación de las viviendas de uso turístico, que actualmente se encuentran en una situación de alegalidad, lo que perjudica la calidad del sector y, por ende, del destino. A este encuentro se convocará a la Junta de Andalucía, administración que tiene las competencias en esta materia; la Subdelegación del Gobierno, Hacienda, las asociaciones de consumidores y usuarios y los hoteleros.
Así se ha decidido esta mañana durante el encuentro que el edil ha mantenido con representantes de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), la Subdelegación del Gobierno, Gestrisam y el Área de Reactivación Económica y Promoción Empresarial a fin de tomar medidas desde la Administración local para hacer frente al crecimiento número de viviendas turísticas alegales mientras llega la regulación por parte del Gobierno andaluz.
En este sentido, el edil de Turismo ha recordado que es necesario promover un marco legal para ordenar este fenómeno habida cuenta del carácter estratégico del turismo en términos de empleo, contribución al PIB y a la recuperación económica. Además, en la reunión se ha recordado que la falta de regulación de este sector provoca importantes problemas a la seguridad, la protección del consumidor y la fiscalidad, además de una clara competencia desleal a los hoteleros.
Por ello, Andrade ha indicado que el Ayuntamiento hará llegar a Hacienda toda la información que pueda recabar sobre la existencia de viviendas de este tipo en la ciudad y ha apostado por exigir la aplicación de los protocolos de seguridad nacional, con el envío de la identificación de todos los huéspedes que se alojen en las viviendas de uso turístico a los cuerpos de seguridad del Estado y establecer un conjunto de garantías mínimas de seguridad al turista, como seguro de responsabilidad civil, plan de emergencia, señalización de evacuación, entre otras medidas.
El concejal ha recordado que ya el pasado mes de julio todos los grupos con representación en el pleno del Ayuntamiento aprobaron una moción para exigir a la Junta de Andalucía que apruebe a la mayor brevedad posible el decreto que regule el uso y funcionamiento de las viviendas turísticas, dado el interés que esta regulación tiene para la viabilidad del sector turístico de la ciudad de Málaga como uno de los principales destinos urbanos de España.
Como en la gran mayoría de destinos consolidados, en Málaga se ha producido también un crecimiento llamativo de la cifra de viviendas de uso turístico. Las situaciones de intrusismo y competencia desleal que se pudieran estar dando van en contra de la calidad y la competitividad de los destinos turísticos.
No en vano, recientemente, la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) ha publicado el informe Alojamiento turístico en viviendas de alquiler: impactos y retos asociados, en el que pone de manifiesto que la oferta existente en la ciudad de Málaga de este tipo de alojamiento no reglado en 28.763 plazas, lo que significa que ya triplica la oferta reglada.
Independientemente de cuestiones como la seguridad jurídica del viajero, la calidad del establecimiento ofertado u otras cuestiones que suponen una clara amenaza para la imagen del destino en general, sólo desde el punto de vista económico y de sostenibilidad del sector turístico hay que señalar que la existencia de una oferta tan desproporcionada de este tipo de alojamiento supone un peligro claro para la viabilidad del destino, como ya se ha demostrado en otros destinos urbanos españoles.
De hecho, algunas autonomías se han adelantado ya a legislar dentro del ámbito de sus respectivas competencias para regular este sector. Igualmente, en Andalucía es la Junta la institución competente para regular las viviendas que ofertan el servicio de alojamiento turístico a fin de establecer unas mínimas garantías para las personas usuarias, tener un censo de viviendas de uso turística para eliminar su clandestinidad y la competencia desleal, así como velar por el cumplimiento de unos requisitos mínimos de infraestructuras y de calidad.
