Sucesos
MÁLAGA .- Agentes de la Policía Nacional de Málaga, en colaboración con diferentes efectivos varios puntos de España, y funcionarios de la Agencia Tributaria han desarticulado cinco organizaciones criminales que explotaban importantes clubes de alterne, llegando a colectar más de 400 millones de euros en los últimos cinco años.
Mediante un complejo entramado de ingeniería financiera, las empresas habrían generado, además, un fraude fiscal de 117 millones de euros en el periodo. Esta red había blanqueado los beneficios obtenidos mediante un entramado societario que giraba en torno a una sociedad guipuzcoana que se encontraba bajo investigación desde 2010.
En el transcurso de la investigación se ha procedido al registro de 14 clubes de alterne y 21 domicilios físicos y jurídicos, y se ha detenido a 66 personas, integrantes de las cinco organizaciones desarticuladas, habiéndose localizado a 349 potenciales víctimas de explotación en los clubes.
Durante los registros se han intervenido más de 1.200.000 euros en efectivo, diversas obras de arte, oro, joyas y relojes de lujo, cuatro armas de fuego y numerosa munición.
Además, se ha procedido al bloqueo, por orden judicial, de 419 inmuebles, 160 vehículos, algunos de alta gama, siete embarcaciones y numerosas cuentas bancarias a nombre de personas físicas y jurídicas en más de 30 entidades financieras.
MÁS DE CINCO AÑOS DE INVESTIGACIONES
La fase de actuaciones previas a la explotación del operativo arrancó en 2010, cuando los funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en País Vasco comienzan a investigar a uno de los sujetos implicados por presuntos signos externos de riqueza generados por el fraude fiscal y blanqueo de capitales.
Fruto de aquellas actuaciones previas, ya se detectaron vínculos con la sociedad radicada en San Sebastián a la que los investigadores han acabado atribuyendo el papel de facilitador en el entramado, a través de la puesta a disposición de los clubes de las Terminales Punto de Venta (TPV) que utilizaban para el fraude y posterior blanqueo.
Posteriormente, se detectaron también diversos comentarios en foros de internet donde las esposas de presuntos clientes de estos clubes señalaban sus sospechas sobre la ocultación de pagos con tarjeta de crédito en estos establecimientos, llegando a citar el nombre de la sociedad que figuraba como receptora de dichos pagos, sociedad que coincide con la 'facilitadora' de los TPV y gestora de los cobros con estos terminales.
En 2012, las investigaciones iniciadas confluyen con las que paralelamente estaba ya desarrollando sobre la empresa guipuzcoana la UDEF de Policía Nacional. Además, ante la necesidad de contar con policías especializados en las actividades delictivas en las que operaban las organizaciones, en el año 2013 se sumó a la investigación la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos que, a su vez, había comenzado también meses atrás a investigar una de las organizaciones criminales implicadas. Todas estas investigaciones preliminares llevaron a la judicialización de los hechos conocidos en el Juzgado cuatro de Instrucción de la Audiencia Nacional.
CINCO ORGANIZACIONES CRIMINALES CON UN ÚNICO NEXO DE UNIÓN
El análisis de más de 750 cuentas bancarias por parte de la Agencia Tributaria permitió establecer las relaciones existentes entre la sociedad facilitadora y los clubes. Los clientes de los clubs investigados debían abonar los servicios sexuales con tarjeta, utilizando para ello TPV específicos.
Los pagos cargados a las tarjetas, que incluían una comisión del 10 por ciento que posteriormente se repartían entre los clubes y la sociedad, se ingresaba en cuentas bancarias cuyo titular era la sociedad guipuzcoana, y en la que figuraban como apoderados personas de confianza de los clubes en los que estaban instalados los terminales.
La mayor parte del dinero que se ingresaba en dichas cuentas era retirado posteriormente por esos apoderados a través de empresas vinculadas al entramado, lo que dificultaba el rastreo del origen del dinero.
Tanto la sociedad facilitadora como los clubes declaraban las operaciones supuestamente realizadas entre ellos como compraventas o arrendamientos. En otras ocasiones las declaraban por importes inferiores a los reales o, simplemente no las declaraban.
Finalmente, el dinero era blanqueado e introducido en el sistema financiero convencional utilizando mecanismos diversos, como el pago a trabajadores en metálico, la compra de bienes inmuebles o muebles o las inversiones en otros países, habiéndose detectado operaciones de compraventa de oro que llegaron a alcanzar los 6 millones de euros.
BENEFICIOS OBTENIDOS DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL
La mayoría de las mujeres explotadas eran ciudadanas extranjeras que procedían de los estratos sociales más bajos de sus países de origen, constituyendo el principal pilar sobre el que se sustentan sus familias tanto en España como en dichos países, lo que las coloca en una situación de total indefensión y dependencia de las organizaciones que las explotan.
En los clubes en los que ejercían la prostitución, eran obligadas a acatar toda una serie de normas impuestas por las organizaciones sobre cómo debían vestir y comportarse con los clientes, cómo realizar los servicios sexuales y con un sistema de multas que debían abonar por diversos conceptos, como llegar tarde a la sala.
Además, eran sometidas a un sistema de rotación entre los distintos clubes controlados por cada organización, lo que permitía renovar la oferta en los locales para así captar y fidelizar a una clientela que vería la oferta de mujeres renovada continuamente.
Los encargados de cada club tenían un papel absolutamente protagonista, pues eran los responsables de hacer que el dinero obtenido de la explotación de las mujeres fluyera hasta llegar a los máximos responsables de cada organización.
CADA ORGANIZACIÓN TENÍA SU PROPIA FORMA DE ACTUAR
Cada entramado tenía sus propias especificidades. Así, uno de ellos había empezado a contratar a las mujeres explotadas en sus clubes, obligándolas a pagar los gastos e impuestos ocasionados, para eludir así las posibles responsabilidades ante una posible inspección o actuación policial.
Otra organización, extremadamente violenta, mantenía sometidas a las mujeres aprovechando el miedo que su máximo responsable las infundía, obligándolas a ejercer la prostitución con continuas palizas y amenazas.
Otra trataba de ocultar la relación empresario-empleada mediante pretendidas propinas que los clientes supuestamente dejaban a las mujeres cuando las invitaban a una copa, como pago por su compañía.
Pero también tenían cosas en común. Todos los clubes funcionaban por el "sistema de plaza" y seleccionaban a las mujeres según los perfiles deseados por los responsables, llegando a rechazar a algunas por pertenecer a determinada etnia o raza.
Con el tiempo, la operativa seguida por las organizaciones había evolucionado, llegando, en ocasiones a sustituir el uso de TPVs específicos por auténticos dispensadores automáticos de dinero similares a los utilizados por las entidades bancarias, así como a dejar de valerse del grupo empresarial facilitador y empezar a operar de forma autónoma en alguna de sus operaciones, valiéndose de los conocimientos acumulados durante su relación con el mismo.
