Las personas que solicitan esta asistencia esperan 557 días de media
MÁLAGA- En Málaga, a 31 de diciembre se han registrado un total de 70.459 solicitudes del servicio de Dependencia, con una variación en solicitudes de (– 375) con respecto al año anterior. El total de personas beneficiarias con derecho a una prestación ha sido 50.578, de las que el 23,68% son de Grado I, el 34,22% de Grado II y el 21,02% de Grado III. Asimismo, esta provincia ha sido la que menos porcentaje de resoluciones de grado de discapacidad ha tenido en Andalucía, un 3,73% (64.085) frente al 6,63% de máxima en resoluciones que presenta Jaén. En cuanto a las resoluciones de PIA (Programa Individual de Atención), se han registrado durante dicho periodo unas 42.206, con un total de 61.251 prestaciones que equivale a un ratio de 1,45 prestaciones por persona.
Al respecto, la secretaria de Política Social y Migraciones de CCOO de Málaga, Inmaculada Sánchez, ha manifestado que “el número de personas pendientes de una resolución de grado ha disminuido con respecto al año anterior, quedando en 6.374. Sin embargo, el de personas pendientes de una resolución de PIA ha aumentado, situándose en un total de 8.372 personas, y mientras están a la espera, un total de 1.200 personas dependientes han fallecido en Málaga esperando una prestación de servicio”.
“Ni los Planes de Choque llevados a cabo por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía para acabar con las listas de espera, ni los diferentes sistemas informáticos instalados para la gestión a la Dependencia, ambos financiados con Fondos Europeos (Nex Generation), ni la recuperación del nivel acordado y el aumento del nivel mínimo de protección en un 56% en los últimos cuatro años por parte del Gobierno central, han servido para que la gestión de este servicio público por parte del Gobierno Andaluz disminuya las inaceptables listas de espera”, ha denunciado Inmaculada Sánchez.
Según el tipo de prestaciones en Málaga, las de servicios que incluye: tele-asistencia, ayuda a domicilio, atención residencial, centros día/noche, prevención y promoción, ocupan el 73,9% del total (45.278).
Asimismo, las prestaciones económicas de cuidados en el entorno familiar registradas se han situado en un 24,7% (15.139), y por último, las prestaciones económicas vinculadas al servicio han supuesto un 1,4% (840), de las que 836 están vinculada al Servicio de Atención Residencial para aquellos casos en los que, a falta de plazas públicas o concertadas, la Administración financia el coste de dicho servicio proporcionado por entidades privadas acreditadas.
El número de prestaciones económicas vinculadas al servicio de atención residencial sigue aumentando considerablemente con respecto al año anterior en 35, con lo cual corrobora la falta de plazas públicas y concertadas residenciales, tanto para dependencia como para discapacidad, teniendo en cuenta además, que sólo 3.782 personas dependientes tienen concedido este servicio residencial y que supone sólo el 8,2% del total de las prestaciones de servicios.
En Málaga, hay una deficiencia de plazas residenciales, con una ratio de 2,5 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, muy por debajo de la media nacional que se sitúa en el 4,22%. “Por lo tanto, para poder adaptarnos a las tasas de envejecimiento poblacional sería necesario ampliar en alrededor de 5.000 nuevas plazas, donde el porcentaje de población mayor de 65 años ha aumentado en los últimos diez años un 2,62%”, ha explicado Sánchez.
Las propuestas de CCOO en relación a la gestión del Gobierno Andaluz en la Dependencia son, entre otras: aumentar el número de personal técnico encargado de las valoraciones y reconocimientos, ampliar la plantilla fija de la ASSDA (Agencia de servicios Sociales de Andalucía) que ha perdido más del 20% de la plantilla desde su creación. También acabar con las listas de espera, defender una subida del 25% en el coste/plaza para los centros de atención a personas dependientes y para la ayuda a domicilio. Establecer un plan de actualización anual de los precios en función del IPC, cumplimiento del Pacto Social y Económico para el impulso de Andalucía que se firmó hace casi un año y que en materia de dependencia no ha tenido resultados, y finalmente, la adaptación de los nuevos modelos residenciales, según el Acuerdo de Acreditación Estatal.
