El objetivo es que este equipo aporte sus conocimientos en situaciones de emergencia
MÁLAGA- La decana del Colegio de Arquitectos de Málaga, Susana Gómez de Lara, y el concejal del Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, Avelino Barrionuevo, han firmado este lunes un acuerdo de colaboración para reforzar la actuación del Grupo de Arquitectos Voluntarios en Emergencias (GAVE), creado en 2021. El objetivo es que este equipo de profesionales aporte sus conocimientos en situaciones de emergencia que afecten a construcciones, edificaciones y viviendas en el municipio malagueño. El GAVE se coordinará con el Consistorio a través del Servicio de Protección Civil, que será el encargado de comunicar a la entidad colegial las necesidades de intervención.
En el convenio, ambas partes coinciden en que, en caso de una emergencia significativa dentro del término municipal de Málaga, como consecuencia de una catástrofe (inundaciones, terremotos, incendios, etc.), las edificaciones y, en particular, las viviendas de numerosos ciudadanos podrían verse afectadas. En ese escenario, sería de suma importancia dar respuesta a la demanda social mediante la evaluación de los inmuebles, lo que permitiría agilizar la gestión de la emergencia. Estas evaluaciones estarían siempre bajo la supervisión de los técnicos municipales, que asumirían la responsabilidad de las mismas. La labor del GAVE sería de apoyo a los técnicos municipales, quienes tendrían la decisión final en todos los casos.
Para garantizar la adecuada formación de los arquitectos voluntarios, se organizarán cursos, talleres, visitas y simulacros en colaboración con la Escuela de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Málaga (ESPAM). Además, se fomentará la participación conjunta de otros grupos operativos del Servicio de Protección Civil en actividades formativas.
Por otro lado, se formará una comisión mixta paritaria, integrada por representantes del Colegio de Arquitectos y del Ayuntamiento. Este grupo de trabajo dictará las normas internas de funcionamiento, asegurará el cumplimiento del convenio y propondrá posibles colaboraciones en proyectos o programas de investigación. La presidencia de dicha comisión recaerá en el Consistorio malagueño.
Este convenio, que no implica ningún compromiso económico para las partes, tendrá una duración inicial de cuatro años, con posibilidad de prorrogarlo otros cuatro años más.
