Se han detectado posibles irregularidades en los procedimientos de contratación
Benalmádena (MÁLAGA)-La Fiscalía Provincial de Málaga ha solicitado que se investigue al equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Benalmádena por una fragmentación de contratos destinados a la compra de máquinas purificadoras de agua para colegios del municipio. Según el Ministerio Fiscal, los hechos denunciados podrían constituir delitos contra la Administración Pública, por lo que la documentación ha sido remitida al Juzgado Decano de Torremolinos para continuar con las pesquisas.
La investigación surge tras una denuncia presentada por el PSOE, que acusa al equipo de gobierno del PP de realizar adjudicaciones presuntamente irregulares a través de la empresa pública PROVISE. Los socialistas aseguran que los contratos beneficiaron a empresas vinculadas al marido de Yolanda Peña, concejala del PP, quien figura como administrador único en una de las compañías involucradas.
En la denuncia presentada, los socialistas aseguran que han detectado posibles irregularidades en los procedimientos de contratación relacionados con la adquisición de máquinas de limpieza con agua ozonizada y de tratamiento ecológico de cal destinados a varios centros educativos de la localidad y a la sede del propio ayuntamiento.
El PSOE sostiene que PROVISE adjudicó dos contratos menores, ambos próximos al límite legal de 15.000 euros (14.630 euros cada uno), a empresas que mantienen vínculos entre sí y con el cónyuge de la concejala. Según la denuncia, estas compañías operan como si fueran independientes, aunque estarían interconectadas, lo que genera sospechas sobre la transparencia del proceso.
Los contratos investigados incluían presupuestos de tres empresas, pero no se especifica cómo fueron solicitadas ni recibidas las ofertas. Además, los socialistas señalan similitudes inusuales entre las propuestas presentadas, incluyendo descuentos significativos e incluso la oferta de instalación gratuita de las máquinas. Este comportamiento, aseguran, es poco habitual en procesos de contratación pública y podría indicar falta de concurrencia real o acuerdos previos entre las empresas.
Por todo ello, el PSOE solicitó a la Fiscalía que se iniciaran las diligencias de investigación oportunas para determinar la existencia de posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude, amenazas, calumnias y cohecho. El Ministerio Fiscal ya abrió diligencias de investigación y ahora ha decidido remitir la documentación al Juzgado Decano de Torremolinos para que se avance en dicha investigación.
Desde el PSOE de Benalmádena han exigido al alcalde, Juan Antonio Lara, que ofrezca explicaciones públicas sobre unos hechos que califican como "muy graves". La oposición sostiene que estas prácticas ponen en duda la gestión del equipo de gobierno y su compromiso con la legalidad y la transparencia.
