Navarro destaca la relevancia de Málaga a nivel regional
MÁLAGA- La delegada Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha visitado este jueves una finca de cítricos en el Valle del Guadalhorce, donde ha garantizado “la defensa con uñas y dientes” del sector agrario malagueño frente a acuerdos como el de la UE con Mercosur, al mismo tiempo que ha exigido “garantías de seguridad alimentaria y una competencia en igualdad de condiciones” a la hora de liberalizar las importaciones de productos agroalimentarios de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.
Las repercusiones del acuerdo internacional “preocupan a la Junta de Andalucía y a las organizaciones agrarias andaluzas, ya que puede suponer un peligro para nuestra comunidad y para el mundo rural si no se garantizan medidas para una competencia justa real”, ha asegurado Navarro, quien ha estado acompañada del delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Fernando Fernández, junto al alcalde de Pizarra, Félix Lozano, en su visita a la finca de las Yeguas, en Zalea (Pizarra), de la empresa agrícola y ganadera Lora Agrícola S.L.
El Gobierno andaluz y las principales organizaciones agrarias andaluzas (ASAJA, UPA, COAG y Cooperativas Agroalimentarias) coinciden en señalar la posición de desventaja en la que queda el sector agrario andaluz ante la firma del Acuerdo entre la UE y Mercosur del pasado 6 de diciembre de 2024, ya que no tiene previstas las cláusulas espejo y no garantiza que los modos de producción de los alimentos que lleguen de esos países de América Latina sean igual de estrictos que los que utilizamos aquí.
La rúbrica entre la Comisión Europea y los cuatro países integrantes de Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) prevé, en su parte comercial, la liberación de los intercambios de mercancías entre ambos bloques económicos, incluidos los productos agroalimentarios. Este acuerdo supondrá un escenario para el sector agrario andaluz en el que se prevé una clara competencia desleal, dado que los productos del Mercosur no están obligados a cumplir los mismos estándares de calidad, bienestar animal y sostenibilidad ambiental que rigen en la UE. Asimismo, traerá consigo un claro impacto en los precios locales, por la entrada masiva de productos latinoamericanos fruto de una reducción o supresión de aranceles, y riesgos para la seguridad alimentaria, por la distinta legislación en materia de uso de pesticidas, prohibidos en la UE.
En esta línea, se alerta también de la pérdida de soberanía alimentaria a raíz de este convenio y de su impacto negativo desde el punto de vista social para el mundo rural, clave para Andalucía, donde la agricultura es un pilar económico y social, lo que agravaría la despoblación rural y las desigualdades económicas.
Ante esta situación, Patricia Navarro ha señalado que “reclamamos a la UE un nivel adecuado de autonomía alimentaria que garantice la autosuficiencia, así como el mantenimiento del tejido social y económico de las zonas rurales, cuya pérdida de actividad provocará despoblamiento y concentración en grandes núcleos urbanos”.
Hay que recordar que Andalucía es una gran potencia exportadora de productos agroalimentarios, con un crecimiento que la ha llevado a sobrepasar recientemente los 14.000 millones de euros anuales de ventas, lo que supone duplicar las cifras de hace una década y demuestra el alto nivel de competitividad de este sector y la importancia que tiene el comercio internacional para todos sus actores.
“Por eso demandamos al Gobierno central más transparencia en torno a este acuerdo, un análisis previo y global del impacto sobre el sector, la introducción de cláusulas espejo para garantizar una competencia en igualdad de condiciones, la puesta en marcha de mecanismos para permitir la vigilancia del correcto cumplimiento de lo firmado y la inclusión de medidas compensatorias para los territorios especialmente afectados por este tratado”, ha subrayado la delegada del Gobierno andaluz en Málaga.
Golpe letal para el sector agroalimentario
Navarro se ha mostrado especialmente preocupada por el impacto que el acuerdo de libre comercio puede suponer al agro malagueño, con importantes sectores afectados como los cereales y las frutas como los cítricos. La delegada del Gobierno en Málaga ha indicado que “el sector agrícola y ganadero no puede ser sometido a una competencia desleal ni pagar el mayor acceso de productos industriales europeos a los mercados del Mercosur”.
“Ese acuerdo entre la Comisión Europea y Mercosur, al que el propio presidente de la Junta de Andalucía ha mostrado su absoluto rechazo, supone un golpe letal para el sector agrícola, para el sector ganadero y para todo el sector primario, pero también para algo importante que está detrás de nuestros agricultores y ganaderos y que es la balanza comercial”, ha explicado la delegada.
Así, ha señalado que Málaga ha dado grandes pasos en el comercio exterior y ahora no podemos ir hacia atrás”, con un récord de exportaciones en 2023 de 3.222 millones y con más de 1.000 empresas exportadoras, de las que el 52% son del sector agroalimentario. “Málaga es la provincia que más ha crecido con una subida del 11,8% en estas exportaciones, pero a pesar de eso nuestra cuenta de resultados al final de esa balanza comercial sigue siendo negativa”.
En este sentido, la delegada del Gobierno ha explicado que “el saldo de los capítulos arancelarios exportados e importados por la provincia de Málaga en el año 2023 relativo a los cereales y a las frutas fue negativo en 63,8 y 39,2 millones de euros respectivamente”. Además, “Brasil y Argentina ocuparon los puestos 6º y 11º en el ranking de importaciones agroalimentarias de nuestra provincia con 80,5 y 47,2 millones de euros, respectivamente”.
Esos datos tendrán un importante impacto en Málaga, “provincia que tiene un peso muy relevante en el sector a nivel regional y nacional, con 11.000 hectáreas de cítricos, de las cuales unas 4.500 son de limón y de naranja, y otras 2.000 de mandarino”. Por superficie, los dos municipios más destacados de la provincia son Cártama y Pizarra, con 1.900 y más de 1.600 hectáreas de cítricos, respectivamente.
Inversión contra la sequía y ayudas por las DANAs
Navarro ha recordado que el campo andaluz, y el malagueño en concreto, “ha sufrido mucho ya durante los últimos años por culpa de la sequía pertinaz, y que la producción ha bajado en prácticamente todos los cultivos”, por lo que cualquier medida que suponga un perjuicio más para el sector “será combatida por parte de este Gobierno”.
La delegada de la Junta ha recordado los esfuerzos realizados por el Ejecutivo de Juanma Moreno para combatir la sequía en los últimos años, llegando a destinar 64,7 millones de euros a la construcción y mejora de infraestructuras hídricas sólo en el Valle del Guadalhorce.
También ha sido la administración andaluza la que ha salido en auxilio del campo cuando, hace apenas dos meses, sufría las consecuencias de dos DANAs consecutivas, sacando ayudas por 57 millones de euros para caminos rurales, infraestructuras y agricultores.
En ese montante se incluyen ayudas directas para más de 14.000 hectáreas de cultivos que habrían quedado dañadas en Almería, Cádiz, Granada y Málaga a causa de los efectos del temporal, gracias a la aprobación por parte del Parlamento Europeo y del Consejo del Reglamento nº 2024/3242, de 19 de diciembre, que adopta una nueva medida excepcional y temporal para afrontar los problemas de liquidez que ponen en peligro la continuidad de las actividades agrarias como consecuencia de los recientes desastres, lo que ha acarreado a los productores importantes pérdidas de ingresos. Dicha ayuda excepcional se hará efectiva a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), ejecutándola en el marco de los Programas de Desarrollo Rural. Andalucía había solicitado la activación de la «Medida 23», como en su día hizo con la «Medida 21» para paliar los daños que la pandemia ocasionó en el sector agrario como consecuencia del cierre del canal HORECA.
Gracias a este acuerdo, habrá ayudas directas destinadas a los agricultores y ganaderos que cuenten con pérdidas de más del 30% del potencial productivo en sus explotaciones. La provincia de Málaga tendría más de 7.500 hectáreas afectadas.
Lora Agrícola S.L.
Durante la visita a la finca de Lora Agrícola S.L., el empresario Jorge Borrego y el director Juan Carlos Hervás han explicado que se trata de una empresa agrícola y ganadera, titular de varias fincas en la provincia de Málaga, que pertenece al Family Office Familia Ovis.
La finca de Zalea tiene una extensión total de 503 hectáreas, de las cuales 130,55 ha. corresponden al cultivo de limonero; 4,90 ha. a olivos aloreños; 13,09 ha. de aguacate; y 270 ha. de cereal en secano, a lo que habría que sumarle 84,55 ha de monte bajo.
La totalidad de la superficie de limonero está certificada en agricultura ecológica y en GlobalGAP. La empresa apuesta por un futuro de la agricultura basado en el cultivo sostenible, respetuoso con el entorno, eficiente y rentable.
Destacan, además, sus actuaciones para el ahorro hídrico y energético, así como su participación en varios proyectos de investigación, como el grupo operativo GROW4LEMON, destinado a mejorar la gestión de cultivos de cítricos en Andalucía, específicamente del limón, a través del desarrollo de prototipos de nuevos productos con potencial fertilizante y su ensayo en condiciones reales de campo.
