'Han demolido edificios colindantes, arrancado cables y tuberías,'
MÁLAGA- El portavoz de Con Málaga –confluencia de Podemos e Izquierda Unida– Nico Sguiglia ha denunciado públicamente la situación de extrema gravedad que se vive en los antiguos callejones de El Perchel, donde continúan las obras de demolición impulsadas por la promotora Dazia Capital y la constructora Vitruvio, a pesar de que aún residen en el entorno dos personas mayores, Loli y Pepe, “sin que se les haya ofrecido una alternativa habitacional digna”.
Sguiglia ha calificado los hechos como un “caso salvaje de acoso inmobiliario”. “Han demolido edificios colindantes, arrancado cables y tuberías, y permitido que las viviendas habitadas queden expuestas a chatarreros, malos olores y riesgos para la salud. El techo de una de las casas se ha convertido en un palomar y han dejado los bajos completamente abiertos, generando una situación absolutamente insostenible”, ha denunciado.
El concejal ha exigido responsabilidades a la Gerencia de Urbanismo y a la Oficina del Derecho a la Vivienda, por haber otorgado licencias que han permitido esta actuación mientras aún había personas viviendo en la zona. “Queremos saber cómo se ha autorizado una demolición tan agresiva sin garantizar antes la protección de los vecinos. Exigimos que se paralicen de inmediato los trabajos, que se reconstruyan los elementos demolidos que ponen en peligro la seguridad y salubridad de las viviendas, y que se garantice una solución habitacional justa y en el mismo barrio para Loli y Pepe.”
La portavoz adjunta del grupo, Toni Morillas, se ha sumado al malestar manifestado por su grupo respecto a este caso. “No puede haber un modelo de ciudad que expulse a sus vecinos para entregar barrios históricos como El Perchel a fondos de inversión. Es urgente proteger el derecho a la vivienda y garantizar que nadie sea desplazado por la especulación.”
Desde Con Málaga exigen la paralización inmediata de las demoliciones en zonas habitadas, la restauración de condiciones seguras y salubres en los bloques afectados, y la apertura de un proceso de mediación con la promotora que garantice a los vecinos una solución habitacional digna y dentro del propio barrio, como condición mínima de justicia social y urbana.
