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Un informe técnico confirma las 'irregularidades' denunciadas por el PSOE en la adjudicación de VPO en Vélez-Málaga

Un informe técnico confirma las 'irregularidades' denunciadas por el PSOE en la adjudicación de VPO en Vélez-Málaga

El secretario general del PSOE de Vélez-Málaga y portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento, Víctor González./ PSOE Vélez-Málaga

La formación exige la paralización inmediata de las adjudicaciones

Vélez-Málaga (MÁLAGA)- El secretario general del PSOE de Vélez-Málaga y portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento, Víctor González, ha asegurado hoy que un informe jurídico elaborado por un técnico de la empresa municipal EMVIPSA confirma las irregularidades que el Partido Socialista viene denunciando desde hace semanas en el proceso de adjudicación de las viviendas de protección oficial que se van a construir sobre suelo público.

González ha recordado que el responsable municipal de vivienda, Jesús Atencia, calificó estas denuncias de "bulos" y acusó al PSOE de generar crispación. Sin embargo, el informe jurídico interno "da la razón punto por punto" a las advertencias realizadas por el PSOE.

El documento establece claramente que la adjudicación de las viviendas debe realizarse mediante sorteo público y a través del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda, advirtiendo de que cualquier procedimiento que no respete estos criterios podría ser impugnado y carecer de validez, incluidas las reservas que actualmente se están realizando sin publicidad ni transparencia.

Asimismo, el informe señala que no puede existir ningún filtro económico previo para acceder a las VPO, como el pago de 25.000 euros en pocos días para integrarse en una cooperativa y reservar una vivienda. "Ese requisito no es compatible con la normativa de vivienda protegida", ha subrayado González, quien también ha destacado que el documento cuestiona las penalizaciones económicas previstas en los contratos en caso de abandono del proceso.

Otro de los aspectos recogidos en el informe es la necesidad de analizar los costes derivados de la contratación de empresas externas. Según ha recordado el portavoz socialista, dos gestoras privadas percibirán alrededor de cinco millones de euros por la gestión administrativa y técnica del proyecto y por el cobro de alquileres durante 20 años. "Esos costes repercuten directamente en el precio final que paga la ciudadanía y deben ser evaluados", ha señalado.

González también ha puesto el foco en que el proyecto cuenta con financiación pública, incluyendo seis millones de euros procedentes del Plan Estatal de Vivienda, provenientes del Gobierno de España y que son gestionados por la Junta de Andalucía. "Cuando hay suelo público y dinero público, el proceso debe ser absolutamente transparente, legal y accesible para todos", ha afirmado.

Tras conocerse este informe, el PSOE ha solicitado al alcalde, Jesús Lupiáñez, y al teniente de alcalde Jesús Atencia la paralización inmediata de todas las adjudicaciones y del procedimiento en curso hasta que se garantice plenamente el cumplimiento de la ley y se corrijan las irregularidades detectadas.

"Si el Partido Socialista no hubiera denunciado esta situación desde el primer momento, hoy estaríamos ante un proceso irregular consolidado. Nos van a tener enfrente luchando para que no se cometan injusticias, y menos aún en algo tan sensible como la vivienda protegida", ha concluido Víctor González.

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