Alertan que agravará la presión sobre vivienda, empleo y servicios públicos
Marbella (MÁLAGA)- El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Marbella ha registrado una moción para su debate en el pleno ordinario del mes de febrero en la que insta al Ejecutivo de Pedro Sánchez a rechazar la regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes en situación irregular anunciada el pasado 26 de enero mediante Real Decreto.
La iniciativa, ha explicado el portavoz del grupo municipal, Eugenio Moltó, defiende la necesidad de “preservar la legalidad, garantizar la prioridad nacional en el acceso a ayudas y servicios públicos y proteger la sostenibilidad de los servicios esenciales que dependen directamente de los ayuntamientos”.
Así, VOX advierte de que la medida anunciada por el Gobierno permitiría regularizar a quienes acrediten una permanencia continuada de al menos cinco meses y residencia anterior al 31 de diciembre de 2025 .
El texto sostiene que este tipo de procesos “no resuelven el problema estructural de la inmigración ilegal, sino que generan un efecto llamada y trasladan el mensaje de que el incumplimiento de la ley termina siendo premiado”.
Moltó ha asegurado que “Marbella no puede permanecer ajena a una decisión que afecta de forma directa a los municipios, que somos quienes soportamos el impacto inmediato en servicios sociales, padrón, vivienda, seguridad y convivencia vecinal”. En este sentido, ha defendido que el Ayuntamiento debe posicionarse “en defensa de la legalidad y de los vecinos que cumplen las normas”.
El portavoz de VOX en Marbella ha señalado además que “en un contexto de emergencia habitacional, presión sobre el empleo y saturación de determinados servicios públicos, promover una regularización masiva es una decisión irresponsable que agrava los problemas en lugar de resolverlos”. Asimismo, ha subrayado que “la política migratoria debe ser firme, ordenada y ajustada a las necesidades reales del mercado laboral”.
La moción eleva al pleno un total de doce acuerdos, entre ellos instar al Gobierno de la Nación a rechazar la regularización extraordinaria, auditar concesiones de nacionalidad, reforzar los mecanismos de repatriación y deportación en caso de delitos, establecer la prioridad nacional en el acceso a ayudas sociales, suprimir beneficios a inmigrantes en situación irregular —salvo ayudas estrictamente humanitarias— y promover reformas para impedir el empadronamiento fraudulento.
Igualmente, el texto plantea eliminar subvenciones a entidades que, según recoge la iniciativa, promuevan o faciliten la inmigración ilegal, así como promover incentivos a la contratación de españoles y condicionar la cooperación al desarrollo a la colaboración efectiva en la readmisión de nacionales en situación irregular.
Moltó ha concluido afirmando que “desde Marbella defendemos una política migratoria que respete la ley, proteja a los españoles y garantice que los recursos públicos se destinen prioritariamente a quienes han contribuido al sistema”, al tiempo que ha reclamado que el acuerdo que eventualmente adopte el pleno sea trasladado al Gobierno de España, a los grupos parlamentarios y a las instituciones competentes.
