Una auditoría apunta a demoras medias de casi diez días
MÁLAGA- El diputado provincial de Con Málaga, Juan Márquez, ha informado esta mañana que defenderá en la próxima Comisión Informativa de Ciudadanía de la Diputación de Málaga una moción para la puesta en marcha de acciones urgentes para afrontar la demanda de Atención Primaria . Márquez ha anunciado que “la iniciativa se apoya en los datos recabados por un Observatorio de Profesionales Jubilados del SAS, cuya auditoría en 63 centros de salud que dan servicio a más de un millón de malagueños, arroja cifras alarmantes sobre el derecho a la salud en nuestra tierra”.
Márquez ha alertado de que “el sistema se encuentra en una situación de caída libre. Según el informe, en el 60% de los centros analizados no hay cita disponible ni a través de ClicSalud+ ni de Salud Responde. Cuando la Administración cierra, la agenda no está gestionando la demanda, está ocultando la lista de espera y vulnerando el derecho de la ciudadanía a ser atendida”.
“El estudio revela que en los centros donde sí es posible conseguir cita, la demora media en la provincia de Málaga se sitúa casi en los 10 días, superando con crece los estándares científicos de calidad que fijan el límite en un máximo de 48 horas. Málaga sufre la peor gestión sanitaria de su historia. No es falta de recursos, es una estrategia política para empujar a la población hacia los seguros privados”, ha advertido.
El diputado provincial ha señalado que “la moción destaca la inexistente gestión de colas, con casos donde pacientes de un mismo centro sufren espera que varían desde las 24 horas hasta las dos semanas sin un criterio clínico claro. Por esto, instamos a la Diputación a que exija a la Junta de Andalucía el cumplimiento de tres puntos básicos. La garantía de cita en un máximo de 48 horas, la recuperación de la atención por el médico habitual y el blindaje de la financiación pública”.
Por último, Márquez ha señalado que “no podemos permitir que ir al médico de cabecera se convierta en una gincana burocrática o en una espera eterna. La atención primaria es la base de todo el sistema y si se cae, caen los hospitales y cae la salud de los malagueños y de las malagueñas.”
Surge tras la no convalidación en el Congreso, el pasado 26 de febrero, del Real Decreto-Ley que prorrogaba la moratoria de los desahucios y la prohibición de corte de suministro básico para familias vulnerables.
Márquez ha denunciado que “es una responsabilidad histórica el voto en contra de PP, Vox y Junts, ya que esta decisión rompe la red de seguridad de miles de malagueños y malagueñas en el peor momento posible”, y ha advertido de que “la reactivación de los procedimientos de desahucios suspendidos desde 2020 va a generar una presión insoportable sobre los servicios sociales de nuestros ayuntamientos”.
El diputado ha recordado que “la provincia de Málaga es una de las más castigadas por la crisis de la vivienda en Andalucía, con una oferta de alquiler menguante debido a la expansión descontrolada de los pisos turísticos y unos precios récords en la capital y en la Costa del Sol. El 70% de los desahucios de la provincia ya se producen por el impago de renta”.
“En Málaga, el derecho a la vivienda está secuestrado por la especulación. Si a una familia trabajadora, que ya destinaba más de la mitad de su ingreso al alquiler, le quitas la protección legal frente al desahucio, la estás condenando directamente a la exclusión”, ha alertado.
La moción que defenderá Márquez plantea en sus acuerdos una acción coordinada entre distintas administraciones para reforzar la protección del derecho a la vivienda y evitar situaciones de vulnerabilidad: se pide al Gobierno de España restablecer y ampliar la moratoria de desahucios y la prohibición de cortes de suministros, al Congreso aprobar medidas estructurales que consoliden estas garantías, a la Junta de Andalucía activar mecanismos propios de apoyo frente a desahucios y pobreza energética, y a la Diputación Provincial fortalecer sus programas de asistencia a municipios y personas en situación de emergencia habitacional.
Por último, Márquez ha señalado que “esto no es una cuestión de siglas, es una cuestión de humanidad y de paz social. Por eso pedimos al resto de los grupos de la Diputación Provincial que miren a la realidad de nuestros barrios y pueblos y apoyen este blindaje de los derechos más básicos”.
