Un convenio permitirá la puesta en marcha de un proyecto para que los contadores de agua detecten situaciones anómalas de consumo
MÁLAGA- La Junta de Gobierno Local ha aprobado la adjudicación de un renting por valor de 1.540.504,32 euros (IVA incluido) para la incorporación de 31 nuevos vehículos al parque móvil de la Policía Local de Málaga. Se trata de un expediente dividido en 5 lotes que ha sido adjudicado a la empresa Banco Santander S.A por un periodo de 48 meses. Esto supone una mensualidad de 32.093,84 euros.
El primero de los lotes incluye 22 vehículos SUV con equipamiento para transporte de detenidos adjudicado por un importe total de 1.107.384,96 euros (IVA incluido), lo que supone una cuota mensual por vehículo de 1.048,66 euros; el lote 2 contempla el arrendamiento de 6 vehículos SUV adjudicado por un importe total de 271.920,96 euros (IVA incluido), lo que supone una cuota mensual por vehículo de 944,17 euros.
El lote 3 se refiere a un vehículo todoterreno con reductora adjudicado por un importe total de 48.190,08 euros (IVA incluido), lo que supone una cuota mensual por vehículo de 1.003,96 euros; el lote 4 lo compone un vehículo todoterreno tipo 'pick up' que se ha adjudicado por un importe total de 45.546,24 euros (IVA incluido), lo que supone una cuota mensual por vehículo de 948,88 euros; y por último, el lote 5 compuesto por un furgón para el G.O.A con equipamiento de seguridad y patrulla adjudicado por 67.462,08 euros (IVA incluido), lo que supone una cuota mensual por vehículo de 1.405,46 euros.
Por otro lado, se ha dado hoy luz verde a un convenio entre el Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Derechos Sociales y EMASA, y la Junta de Andalucía, mediante la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, con el objeto de la mejora de la atención a las personas usuarias del servicio de Teleasistencia.
Este acuerdo tiene como fin avanzar hacia un modelo de atención proactivo, que permita predecir posibles riesgos que puedan sufrir las personas mayores y aquellas con discapacidad, de forma que se ofrezcan respuestas a las posibles emergencias y se preste un servicio centrado en la persona y en sus necesidades particulares.
De este modo, a través de la telemonitorización de los contadores de agua del entorno domiciliario, se conocerá los posibles consumos inusuales de las personas usuarias del servicio de teleasistencia. A partir de estos datos la empresa, con un software diseñado para ello, puede comparar los consumos actuales con el histórico de consumo de un cliente/usuario concreto. En el caso de existir consumos que disten de los históricos de cada hogar se emitirá una alerta, suponiendo una señal ante un consumo excesivo de agua o al contrario, un bajo consumo, que permitirá prevenir situaciones de riesgo por inundación, detectar posibles caídas en el baño, ausencias prolongadas, etc. Es decir, situaciones que hagan sospechar que la persona usuaria necesita asistencia.
Las actuaciones que se llevarán a cabo en el marco de este convenio se dividen en dos fases. La primera, que tendrá una duración entre 12 y 18 meses, comenzará con el cruce de datos para conocer qué viviendas de personas usuarias de la teleasistencia son usuarias de EMASA y cuentan con telecontador instalado.
EMASA transferirá una alerta al Servicio de Atención de la Telasistencia (SAT) para que contacte con un domicilio, cuando según su software, se produzca una situación de consumo de agua definida como inusual, para que desde SAT se contacte con los hogares y se detecten posibles situaciones de riesgo. En caso de detectarse una situación de riesgo en la vivienda, el SAT aplicará el protocolo de contacto con personas de referencia de esa vivienda. Si no es posible localizarlas, se contactará con los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Málaga, que movilizarán sus propios recursos: Servicio de Ayuda a Domicilio y Servicio de Emergencias Sociales.
En caso de que los recursos municipales activados no logren localizar a las personas de referencia de la vivienda y controlar la situación de riesgo, estos servicios municipales informarán al SAT para la derivación al teléfono de emergencia 112.
Al final de esta fase inicial se hará una evaluación conjunta del proyecto para evaluar si decidir continuar con el proyecto o no (en el caso de que se considere que las situaciones que motivan esas alarmas no se correspondan, en un elevado porcentaje de los casos, con la necesidad de intervención por parte de las partes implicadas), y continuar con la ejecución de la segunda fase del proyecto.
Por su parte, en la segunda fase se prevé el diseño de un procedimiento de comunicación que permita mantener actualizado el listado de hogares de personas usuarias del servicio de teleasistencia, que a la vez son usuarias de EMASA y que disponen de telecontador.
Además se avanzará en detallar la información que será transferida entre las partes, pasando del listado de alertas sobre consumos inusuales hasta los datos de lecturas en sí de cada hogar, para que puedan ser analizados desde el Servicio Andaluz de Teleasistencia y de este modo se puedan definir nuevas alertas.
La vigencia de este convenio, que no cuenta con contraprestación económica por ninguna de las partes, se ha fijado en dos años, prorrogables por el mismo periodo.
Por otro lado, se ha aprobado hoy el proyecto de Ordenanza de Rótulos e Instalaciones Publicitaria con la cual se regulará de forma más amplia las instalaciones publicitarias y se quiere garantizar el equilibrio entre la publicidad y el paisaje urbano.
Una vez entre en vigor este nuevo texto adaptado a la realidad actual, así como a los cambios normativos y nuevas formas de publicidad, la anterior, que data de 1999, quedará derogada.
La renovación del texto se realiza, por un lado, para dar cabida y regular los medios e instalaciones de publicidad que han surgido en los últimos años y que la ordenanza en vigor no contempla; y por otro, para agilizar los trámites, quedando la mayoría de solicitudes exentas de licencia urbanística (únicamente será necesaria para aquellas que requieran fiscalización previa por el tipo de instalación o el lugar donde se pretenda colocar el elemento publicitario), aunque sujetas a la presentación de una declaración responsable o comunicación.
Asimismo, también se modifica el nombre de la norma, ya que la actual se denomina "Ordenanza de las instalaciones y las actividades publicitarias", dando lugar el término "actividades" a equívoco puesto que sólo las instalaciones publicitarias están dentro del campo de acción de la norma, pero no la actividad publicitaria que actualmente no forma parte de las competencias urbanísticas.
Además de incluir los nuevos medios e instalaciones de publicidad que han surgido por el avance de la tecnológica y la agilización de los trámites que hacen posible su instalación, la norma tiene como objeto ampliar su ámbito de control.
Así, se incluye en el apartado de instalaciones publicitarias los rótulos identificativos de los negocios para asegurar la necesaria protección visual del viandante y del espacio público, que en la actualidad se regula a través del Plan General de Ordenación Urbana pero requiere una mayor precisión.
Para garantizar el equilibrio de la acción publicitaria, a través de los rótulos y su influencia en el paisaje visual de la ciudad, la Ordenanza prevé incluir en su articulado la combinación entre tipología de rótulo y zona donde éste se vaya a instalar o se encuentre instalado, es decir, para cada zona y cada tipo de instalación la ordenanza determina una regulación concreta, de forma que se obtenga una ciudad de negocio y al mismo tiempo moderna y amable visualmente para el viandante.
Tras ser aprobada por la Junta de Gobierno, se abre el plazo para la presentación de enmiendas y propuestas, tras lo cual será aprobada inicialmente por el Pleno.
