Valero denuncia la precarización del servicio por las políticas de privatización
MÁLAGA - El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha manifestado, tras mantener una reunión con el AMPA del Instituto Las Viñas de Manilva que “estamos hablando de que prestan servicios esenciales, de que el 112, el transporte sanitario, los bomberos, son la primera línea de respuesta ante una emergencia. En muchos casos, nuestra vida depende en gran medida de si nos pueden atender en las mejores condiciones. Estamos hablando de la seguridad y la protección de la gente, que no es un tema menor”.
“Sin embargo, lo que vemos es que viven en la precariedad, están sometidos a unas licitaciones en las cuales la Junta de Andalucía no fiscaliza si se cumple con la prevención de riesgos laborales o con unos convenios colectivos dignos. Estamos hablando de que Moreno Bonilla está despreciando a unos trabajadores que son esenciales para garantizar la protección de los andaluces y las andaluces”, ha criticado.
Valero ha subrayado que “esto responde a un modelo en el cual la derecha ha entendido que se puede hacer negocio con lo más importante, que es estar seguros, entregando nuestra seguridad a empresas piratas que precarizan a los trabajadores. Estamos hartos de que se vulneren los derechos de los trabajadores y trabajadoras en Andalucía y que sean tratados como plantilla en B”.
El diputado ha insistido en que “hay que cambiar el modelo de gestión en Andalucía. Hay que acabar con estas externalizaciones, con estas precariedades y hay que garantizar que un ciudadano o una ciudadana en Andalucía puede sentirse seguro y protegido porque hay unos servicios esenciales que van a poder responder”.
Valero ha incidido en que hay que “cambiar el modelo y el 17 de mayo se vota por cambiar el modelo de gestión de los servicios esenciales en Andalucía y por unos servicios públicos fuertes. Queremos recuperar para lo público a todas estas plantillas de trabajadores y trabajadoras esenciales y queremos que se acabe con su precariedad y se ponga en condiciones laborales dignas”.
“Desde Por Andalucía lo tenemos claro, somos garantía de un gobierno que proteja a los andaluces y las andaluzas y los servicios públicos fuertes son nuestra prioridad” ha concluido Valero.
Por su parte, la presidenta del Comité de Empresa del 112 de Málaga, Karina Kuzmanic, ha reivindicado “unas mejores condiciones para los trabajadores del 112. Somos un grupo de trabajadores que lleva más de 25 años atendiendo la llamada de todos los andaluces, de todo tipo de emergencia”.
Kuzmanic ha denunciado que “en enero del pasado año se creó la Agencia de Emergencia, la EMA. La Junta de Andalucía no nos ha integrado dentro de ella sino que estamos subcontratados por empresas privadas. Eso quiere decir que no tenemos unas condiciones acordes a nuestras responsabilidades de atender las llamadas de emergencia. La CES, el Comité Económico Social, ha dado su dictamen de que deberíamos estar integrados en la Agencia de Emergencia, en la EMA, pero aún así no lo estamos”.
Por su parte, el vicesecretario del Sindicato Andaluz de Bomberos, Pedro Pacheco, ha manifestado que “también padecemos la falta de recursos y de inversión de estos servicios. Con respecto a la falta de personal en la Ambulancia, es algo que vivimos desgraciadamente todos los días, hemos asistido a innumerables emergencias en las que el tiempo de espera no está de acuerdo con la necesidad o la urgencia que ha requerido la situación”.
“Aquí, a nivel del ayuntamiento de Málaga, también estamos sufriendo recortes. Desde el 2012 se desviaron los fondos UNEPA, que son unos supuestos finalistas para la inversión en bomberos. Se modificó una ordenanza municipal para desviarlo a lo que llaman la caja única y que sea un impuesto normal. Por lo tanto, ya ese dinero que venía finalista para bomberos es por voluntad del ayuntamiento, y tenemos problemas”, ha criticado.
Por último, ha denunciado “que el servicio de vigilancia de la salud se ha privatizado. Y por ello hay una falta de revisiones médicas, no solo al servicio de bomberos, sino a todos los que eran empleados públicos. Hemos tenido que, desde el sindicato, denunciar a la inspección de trabajo e incluso al Juzgado de lo Social, que en el 2023 condenó al ayuntamiento a cumplir la ley. Desde entonces, lo que nos hemos encontrado es un impedimento para llevarlo a cabo, incluso con una represión y persecución hacia algunos compañeros”.
