Piden que escuchen a los andaluces que están a favor de regular los pisos turísticos
MÁLAGA - La coordinadora provincial de IU, Toni Morillas, ha criticado la protección que ofrece a los lobbies turísticos e inmobiliarios, que “arruinan la vida a miles de familias trabajadoras”. Asimismo, ha exigido que la Junta haga uso de sus competencias y escuche al 80% de la población andaluza que está a favor de limitar y regular los pisos turísticos, prohibiendo los usos especulativos de la vivienda, topando los precios del alquiler y estableciendo una norma autonómica que permita impedir que haya nuevas licencias de pisos turísticos en zonas tensionadas. Finalmente, ha hecho un llamamiento a una participación masiva en la manifestación del 27J convocada por los colectivos sociales, los sindicatos de inquilinas y organizaciones vecinales.
La coordinadora provincial de IU Málaga y concejala en el ayuntamiento de la capital, Toni Morillas, en referencia a las declaraciones del Consejero de Turismo de la Junta de Andalucía en la que anima a rentistas a solicitar indemnizaciones por el fallo del Tribunal Supremo que elimina la obligación del registro único estatal de vivienda turística, ha declarado que “el Partido Popular protege exclusivamente los intereses de lobby turístico e inmobiliario. Se vuelve a evidenciar cómo el Partido Popular es el operador político al servicio de la especulación y del lobby inmobiliario, y se evidencia que es brazo político del lobby inmobiliario y turístico, que están arruinando la vida a miles de familias trabajadoras en la provincia de Málaga. Tras esta sentencia del Tribunal Supremo, hay unas 12.000 viviendas turísticas en la provincia de Málaga que van a volver a operar”.
Morillas ha señalado que “esta sentencia deja claro dos cuestiones bajo nuestro punto de vista. Una, hay competencias en la Junta de Andalucía para resolver el problema de la vivienda turística y el problema de la vivienda y, por tanto, lo que falta es voluntad política por parte del Gobierno andaluz. También evidencia la actitud y la acción política absolutamente cicatera por parte de la Junta de Andalucía, que sigue sin poner coto ni control a las viviendas turísticas que están operando al margen de la ley en nuestra ciudad y en nuestra provincia”.
Asimismo, Morillas ha criticado que la Junta de Andalucía solo cancelase “931 viviendas turísticas en la provincia de Málaga, 114 en la ciudad, lo que representa en torno a un 8 % de las que el Ministerio había considerado que debían de ser canceladas. Esto demuestra que la Junta de Andalucía evita activar los mecanismos de que dispone para poner fin al fraude, para controlar y limitar las viviendas de uso turístico, que tienen un impacto directo en el crecimiento del precio de la vivienda en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Además, esta sentencia también creemos que ha podido generar cierto alivio y autojustificación en el Partido Socialista, que sigue sin mostrar una voluntad política real de resolver una de las principales emergencias que vive nuestra tierra, que es la emergencia habitacional y el proceso de exclusión residencial que está expulsando a miles de malagueños de sus barrios y de sus ciudades”.
“Hay muchos malagueños que están teniendo que irse a municipios de la comarca de Antequera, que está experimentando un crecimiento demográfico causado por esto. En Málaga capital se ha incrementado el precio del alquiler en los últimos tres años en más de un 31%. Hay un 79 % de andaluces y andaluzas que coinciden en la necesidad de limitar y regular las viviendas de uso turístico. Hay un amplio consenso social cercano al 80% de los andaluces y de las andaluzas que piensan que hay que acabar con esta ley de la selva que ha imperado en el ámbito de la vivienda y, especialmente, en el ámbito de las viviendas de uso turístico”, ha remarcado.
Morillas ha incidido en que “desde Izquierda Unida lo tenemos claro: esta situación de emergencia habitacional tiene que ser respondida prohibiendo los usos especulativos de la vivienda, topando los precios del alquiler y estableciendo una norma autonómica que permita impedir que haya nuevas licencias en zonas tensionadas, pero que también introduzca la caducidad de esas licencias para poder revertir las que están actualmente operando en territorios que están especialmente saturados. Estas 3 medidas son clave para dar solución a que hoy 9 de cada 10 jóvenes andaluces no puedan independizarse por los altos precios de la vivienda”.
Morillas ha manifestado que “desde Izquierda Unida animamos a que de manera masiva se participe en esa movilización que los colectivos sociales, los sindicatos de inquilinas y las organizaciones vecinales, están convocando para el próximo 27 de junio. Las militantes de Izquierda Unida volveremos a acompañar a esas miles de malagueños y malagueñas que van a salir a la calle reafirmando que la vivienda no puede costarnos la vida y que las viviendas son para vivir y no para especular. En Málaga hay un malestar creciente en torno a la vivienda porque se está expulsando a miles de familias trabajadoras que tienen que dedicar más del 70% de sus ingresos al pago de una vivienda, que en muchos casos ni siquiera es suficiente, y tienen que irse fuera de su ciudad”.
“Por tanto, toca valentía política y toca, sobre todo, determinación y voluntad política para doblarle el pulso a los especuladores y los rentistas y poner la vivienda para lo que tiene que ser. Hay que proteger el uso residencial frente a los usos especulativos que predominan en la provincia de Málaga” ha finalizado Morillas.
