Denuncian la derivación de los menores a la fuerza a otros centros
MÁLAGA - La educación pública no se mide en metros de distancia ni en balances de eficiencia; se mide en las caras de los niños que, por primera vez, cargan una mochila a espalda. Sin embargo, en el barrio malagueño de Tiro de Pichón, esa primera ilusión se ha transformado en una angustia colectiva que tiene fecha de caducidad: el próximo lunes 8 de junio, día en que finaliza de forma irreversible el proceso de matriculación para el curso 2026/2027.
Para 32 familias del Distrito 6, las últimas semanas han sido una carrera de fondo contra un muro de silencio administrativo. El CEIP Neill se ha consolidado este año como el centro más demandado de su entorno, registrando más solicitudes que plazas iniciales ofertadas para Infantil de 3 años. El colegio cuenta con la infraestructura municipal construida, aulas físicas vacías y el personal disponible para abrir una segunda línea que garantice una ratio modélica de 16 alumnos por clase. Pero la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo ha dicho no. Su plan es unificar a todo el alumnado en una única línea masificada de 23 niños.
Un itinerario intachable frente a la sordera institucional
La comunidad educativa, articulada a través de la AMPA “Del Viento”, ha agotado todos los cauces democráticos y respetuosos imaginables. Mantuvieron reuniones con la concejala de distrito, Teresa Porra, y con la propia Concejala de Educación del Ayuntamiento de Málaga, Mari Paz Flores. Salieron a la calle en una concentración pacífica donde los propios alumnos portaban piezas de puzle para visibilizar que no son mercancía de quita y pon. Recabaron el apoyo de los miembros del Consejo Escolar del centro y cosecharon más de 2000 firmas de los vecinos del barrio.
El culmen de este esfuerzo llegó en el Salón de Plenos de la Casona del Parque, donde una moción en defensa de la segunda línea del CEIP Neill fue aprobada de manera oficial. El Ayuntamiento de Málaga, representando la soberanía de la ciudad, exigió formalmente a la Junta de Andalucía el estudio para la apertura de la unidad. ¿La respuesta de la Delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro? La callada por respuesta. Ni una cita, ni una llamada, ni un resquicio al diálogo. Un "copia y pega" burocrático de la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía confirma la peor de las sospechas: la planificación se hace de espaldas a la calle.
La vulnerabilidad y la conciliación, sacrificadas por el "Excel"
La mayor gravedad de este conflicto radica en el modelo de escuela que defiende la Administración. Al unificar el grupo, la Junta obligará a convivir en una misma aula a 23 alumnos de 3 años, incluyendo entre ellos a tres menores con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE). En su argumentación escrita, la Jefa de Planificación llegó a explicitar que el cómputo doble de ratio para estos alumnos no es aplicable en la etapa de Infantil. La Junta firma, de su propio puño y letra, que la inclusión real y la atención temprana pueden esperar a los 6 años. Un hacinamiento asistencial que mermará la calidad educativa tanto de los niños con dificultades como del resto de sus compañeros.
Mientras la calidad de los más vulnerables queda en un segundo plano, las historias humanas del barrio sangran por la falta de conciliación. El dogma de la Junta es que "existen 32 vacantes en un radio de un kilómetro" y que los niños sobrantes deben repartirse para rellenar los huecos vacíos de otros colegios que las familias no han elegido.
Bajo esa fría premisa matemática se esconden dramas diarios reales: familias que residen pared con pared con el CEIP Neill y se quedan fuera; madres primerizas con bebés lactantes cuyas redes de apoyo laboral dependen de familiares que ya tienen niños en el centro; o padres con un hijo dentro del colegio y el pequeño fuera debido a un estricto cierre de plazos. Para la Junta son estadísticas de optimización; para Tiro de Pichón, es hacer inviable la supervivencia del día a día.
Destrozar la calidad educativa a la fuerza
La ambición de la administración por "rellenar huecos" a toda costa no solo es un ataque a la libre elección de centro; es una decisión política que compromete gravemente la calidad educativa de aquellos colegios a los que se obliga matricular a estos niños. Separar a los alumnos de su entorno, obligarles a iniciar su etapa escolar en centros masificados a la fuerza o que no cuentan con los proyectos pedagógicos elegidos por sus padres, perjudica el clima de las aulas y la estabilidad de los equipos docentes de toda la subzona. No se genera equidad Ilenando clases por decreto; se destruye la calidad de todo el sistema público.
El lunes 8 de junio: la última frontera
El tiempo se agota. Si antes del próximo lunes la Delegada del Gobierno no ejerce su responsabilidad política para desautorizar los informes técnicos de sus asesores, las familias se verán abocadas a una matriculación forzosa lejos de sus hogares o a aceptar un aula masificada que compromete el futuro educativo de sus hijos.
La AMPA “Del Viento” ya ha elevado el caso al Defensor del Pueblo Andaluz. Tiro de Pichón ha demostrado que sus piezas encajan perfectamente en el barrio; es la ambición de los despachos de la Junta la que se empeña en romper el puzle de la escuela pública.
