Piden mediación municipal ante la inminente oleada de desahucios
Benalmádena (MÁLAGA) - Esta mañana, Luis Rodrigo, diputado en el Parlamento de Andalucía por Adelante Andalucía, junto a representantes de las 90 familias afectadas de la urbanización Santangelo, se han concentrado frente al Ayuntamiento de Benalmádena para denunciar la situación de vulnerabilidad extrema que atraviesan los residentes tras la adquisición de la urbanización por parte de un fondo de inversión.
Las familias, que residen en régimen de alquiler, han comenzado a recibir burofaxes que les instan a abandonar sus hogares de manera escalonada. Esta medida se suma a una estrategia de presión que los vecinos califican de acoso inmobiliario, con el fin de forzar su salida inmediata.
La desesperación entre los residentes es absoluta ante la falta de alternativas. Es el caso de uno de los vecinos afectados, una persona con discapacidad que ha recibido una orden de desalojo para el próximo 1 de agosto. "Me exigen estar en la calle en pleno verano. Al tener una discapacidad, necesito obligatoriamente un bajo, pero con el presupuesto de 1.000 euros que tenemos mi mujer y yo, no encontramos absolutamente nada en la zona. Nos sentimos abandonados y no sabemos qué hacer ni a dónde ir", relata con angustia.
Un escenario de desprotección total
Los vecinos de Santangelo han puesto de manifiesto una grave dejación de funciones por parte de la propiedad, denunciando que no se han realizado las tareas de mantenimiento básicas y que existen deudas pendientes con la administración que no están siendo regularizadas. Ante esta situación, las familias denuncian que no existe ninguna alternativa habitacional en el municipio, donde el precio de los alquileres se ha vuelto prohibitivo para cualquier salario medio.
"Estamos ante una nueva muestra de cómo la especulación inmobiliaria pasa por encima del derecho fundamental a la vivienda", ha señalado Luis Rodrigo Serrano. "Estas 90 familias no pueden ser tratadas como mercancía. No vamos a permitir que se produzca este proceso de expulsión sin que las instituciones den la cara".
Exigencias institucionales
Ante esta emergencia social, se han planteado las siguientes medidas:
- Al Ayuntamiento de Benalmádena: Se exige la intervención directa del alcalde para mediar en el conflicto y la convocatoria urgente de una reunión con los afectados para buscar soluciones que garanticen su estabilidad residencial.
- A la Junta de Andalucía: Adelante Andalucía presentará una iniciativa formal ante el Parlamento de Andalucía para solicitar la intervención del gobierno autonómico, buscando medidas de protección frente a la presión de los fondos de inversión y garantizando que se cumpla la ley en materia de vivienda.
Los residentes y los representantes de Adelante Andalucía han hecho un llamamiento a la responsabilidad política y social, recordando que Benalmádena no puede permitir que sus vecinos sean desahuciados por la voracidad de fondos que anteponen los beneficios financieros al derecho a la vivienda.
