Advierten del riesgo de futuras reclamaciones patrimoniales
MÁLAGA - El Grupo Municipal VOX Málaga llevará al próximo Pleno del Ayuntamiento una iniciativa urgente para exigir la suspensión inmediata del régimen sancionador de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haya anulado la regulación que daba cobertura jurídica a esta medida.
La propuesta se fundamenta en la Sentencia 896/2026 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, que estima el recurso promovido por VOX Málaga y deja sin efecto el Título II, Capítulo I de la Ordenanza de Movilidad de la Ciudad de Málaga, donde se regula íntegramente la Zona de Bajas Emisiones.
VOX pide responsabilidad institucional y protección para los ciudadanos
Desde VOX consideran que mantener la imposición de sanciones mientras persiste esta situación jurídica resulta incompatible con los principios de buena administración, confianza legítima y seguridad jurídica que deben regir la actuación de cualquier administración pública.
La portavoz adjunta del Grupo Municipal VOX Málaga, Yolanda Gómez, ha señalado que “el Ayuntamiento no puede seguir multando a los malagueños apoyándose en una regulación que ha sido anulada por los tribunales. La Administración tiene la obligación de actuar con prudencia y proteger a los ciudadanos frente a una situación de evidente incertidumbre jurídica”.
Gómez ha recordado que VOX “advirtió desde el inicio de la tramitación de la ordenanza de las deficiencias jurídicas que presentaba la regulación de la ZBE y de los riesgos que suponía para miles de ciudadanos y trabajadores que acceden diariamente a la ciudad”.
“Durante meses se ignoraron nuestras advertencias y se trasladó a los ciudadanos el riesgo jurídico derivado de una norma cuya legalidad estaba siendo examinada por los tribunales. Ahora que la Justicia nos da la razón, lo responsable es paralizar inmediatamente las sanciones”, ha afirmado.
Suspensión de multas y revisión de expedientes
La iniciativa presentada por VOX propone que el Pleno acuerde la suspensión del régimen sancionador vinculado a la Zona de Bajas Emisiones al amparo de los artículos 107, 108 y 117 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Asimismo, solicita la declaración de lesividad del régimen sancionador aplicado en virtud de los preceptos anulados y la suspensión de los procedimientos sancionadores actualmente en tramitación mientras se determina el alcance definitivo de la resolución judicial.
Según Yolanda Gómez, “continuar generando expedientes sancionadores en estas circunstancias supone incrementar innecesariamente los perjuicios para los ciudadanos y aumentar el riesgo de futuras reclamaciones contra el Ayuntamiento, con el consiguiente impacto para las arcas municipales”.
Evitar una avalancha de litigios y proteger la Hacienda municipal
La formación sostiene que la suspensión temporal de las multas no solo protege los derechos de los afectados, sino que constituye una medida de racionalidad administrativa orientada a evitar una elevada litigiosidad y posibles responsabilidades patrimoniales para el Consistorio.
“La función de una administración pública no es recaudar hasta el último minuto posible, sino actuar con responsabilidad, evitando daños innecesarios a los ciudadanos y costes evitables para el conjunto de los malagueños”, ha explicado Gómez.
La portavoz adjunta ha añadido que “resulta profundamente injusto obligar a los ciudadanos a afrontar multas, recursos y procedimientos administrativos basados en una regulación que ya ha sido declarada contraria a Derecho por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía”.
Acuerdo urgente para el próximo Pleno
La moción registrada por el grupo municipal solicita, además, la publicación urgente de los acuerdos que eventualmente sean aprobados en el Boletín Oficial de la Provincia para garantizar su efectividad y ofrecer seguridad jurídica a todos los afectados.
Para Yolanda Gómez, “el Ayuntamiento todavía está a tiempo de actuar con sentido común, evitar más perjuicios a los ciudadanos y demostrar que el interés general está por encima de cualquier empeño político. Lo que no puede hacer es seguir sancionando mientras la base legal de esas sanciones ha sido anulada por los tribunales”.
