Denuncia la precariedad del sector y la devolución de 119 millones para nuevas plazas públicas
MÁLAGA - El diputado provincial de Con Málaga, Juan Márquez, ha anunciado esta mañana que defenderá en la próxima Comisión Informativa de Ciudadanía de la Diputación de Málaga una moción relativa al derecho universal a la educación de 0 a 3 años y el fortalecimiento del sistema público andaluz de educación argumentando que “la etapa de 0 a 3 años es decisiva para el desarrollo cognitivo y social de los niños y un instrumento clave para reducir la desigualdad desde la infancia”.
Márquez ha señalado que “no puede seguir siendo entendida únicamente como un recurso de conciliación familiar. Es, ante todo, un derecho educativo universal que debe ser garantizado por los poderes públicos con independencia del Código Postal o de la situación económica de la familia”.
“Lamentablemente, el modelo de la Junta de Andalucía presenta graves deficiencias estructurales. Por un lado, mantiene una financiación insuficiente que ahoga la red de escuelas infantiles adheridas, poniendo en riesgo su viabilidad y precarizando las condiciones laborales de sus trabajadoras, un colectivo compuesto mayoritariamente por mujeres. Y por el otro, asistimos a una alarmante falta de voluntad política, que quedó retratada con la vergonzosa devolución de, aproximadamente, 119 millones de euros de fondos europeo destinados a la creación de nuevas plazas públicas”, ha recordado.
En este sentido, el diputado de Con Málaga ha criticado que “el Gobierno andaluz renunció a una oportunidad histórica para ampliar la oferta pública en nuestros municipios, demostrando que el problema no es la falta de recursos, sino la ausencia de un compromiso real con la educación pública”.
Juan Márquez ha resumido los acuerdos planteados en la moción con el objetivo de “revertir este deterioro”, relatando los acuerdos en los que se insta a la Junta de Andalucía, a impulsar la universalización progresiva del acceso a esta etapa educativa; elaborar una planificación pública real que identifique los déficits de escolarización y desarrolle una red pública suficiente; actualizar la financiación del sistema conforme al coste real de la vida, garantizando la viabilidad de los centros y blindando los derechos salariales y la estabilidad del empleo de las profesionales del sector; y, por último, exigir al Consejo de Gobierno que a aprovechar íntegramente los fondos europeos y estatales para crear plazas y mejorar la red en lugar de rechazarlo.
“No se puede construir un derecho educativo universal sobre la precarización de quienes lo sostienen ni dando la espalda a los recursos disponibles. Andalucía necesita una red dimensionada y concebida desde el interés general”, ha zanjado.
