Con Málaga pide estudiar la gestión directa del servicio ante el fin del contrato en 2027
MÁLAGA - El concejal y portavoz de Con Málaga (Podemos e Izquierda Unida) que ha presentado una moción sobre seguridad y arbolado que su grupo llevará a la comisión de Sostenibilidad Medioambiental ha indicado la necesidad de estudiar la municipalización del servicio de conservación, mantenimiento y mejora de la infraestructura verde de Málaga. El actual contrato está dividido en siete lotes y se encuentra en su segunda y última prórroga anual, vigente desde el 16 de mayo de 2026 hasta el 15 de mayo de 2027, con un coste conjunto de 18,58 millones de euros anuales, IVA incluido.
Para Nico el Ayuntamiento debe aprovechar precisamente este último año de contrato para analizar seriamente la posibilidad de recuperar la gestión directa del servicio. “No podemos esperar a que termine el contrato para empezar a estudiar qué modelo queremos. Ahora es el momento de hacer los números, estudiar los costes y preparar una alternativa de gestión directa que permita al Ayuntamiento asumir el servicio el 16 de mayo de 2027 si los estudios confirman su viabilidad”, señala.
La formación plantea que durante 2026 y 2027 se elabore un estudio económico y técnico completo que permita conocer cuánto costaría prestar directamente el servicio, incluyendo personal, maquinaria, materiales, medios técnicos, gestión y todas las necesidades asociadas a su funcionamiento. Solo a partir de ese análisis, apunta Sguiglia, podrá determinarse cuál sería el ahorro neto efectivo de la municipalización.
El actual modelo externalizado incorpora aproximadamente 2,6 millones de euros de IVA y unos 800.000 euros de beneficio empesarial previsto en la estructura económica del contrato. Ambos conceptos suman alrededor de 3,4 millones de euros anuales, que constituyen el ahorro bruto potencial máximo asociado exclusivamente a esos dos conceptos si el servicio pasara a gestionarse directamente, pero no un ahorro neto garantizado.
“Los 3,4 millones no son el ahorro neto que estamos prometiendo, porque una gestión municipal también tiene costes y hay que asumir directamente trabajadores, maquinaria, materiales y organización. Lo responsable es hacer ahora el estudio para saber cuánto cuesta realmente prestar el servicio desde lo público y cuál sería el ahorro neto. Pero hay varios millones de euros que hoy se destinan al IVA y al beneficio empresarial y que merece la pena analizar si pueden dejar de salir de las arcas municipales”, explica Sguiglia.
El concejal reconoce que la creación de una empresa municipal o de una estructura pública con capacidad suficiente para asumir el servicio exigiría una inversión inicial importante, especialmente para dotarla de personal, maquinaria, medios técnicos y capacidad operativa. Sin embargo, considera que esa inversión debe analizarse como una apuesta a medio y largo plazo y no únicamente desde la perspectiva del desembolso inicial. “Es evidente que poner en marcha una estructura municipal de estas características requiere una inversión inicial fuerte, y sería irresponsable ocultarlo. Pero también tenemos que calcular en cuántos años se puede amortizar esa inversión y, sobre todo, qué obtenemos a cambio: un servicio con capacidad de planificación a largo plazo, un mejor cuidado de nuestras zonas verdes y un impacto directo en la calidad ambiental y en la calidad de vida de la ciudad”, apunta.
En este sentido, Sguiglia sostiene que la rentabilidad de una eventual municipalización no debería medirse exclusivamente en términos económicos. “Si conseguimos recuperar progresivamente la inversión inicial y, al mismo tiempo, tener un arbolado mejor mantenido, más zonas verdes cuidadas, mayor capacidad de prevención y una infraestructura verde en mejores condiciones, estaremos hablando de una inversión que se amortiza también en términos ambientales y sociales”, añade.
El portavoz de Con Málaga considera que el vencimiento del contrato ofrece una oportunidad para abordar un cambio de modelo sin esperar a que se produzca una nueva adjudicación. “Tenemos hasta el 15 de mayo de 2027 para preparar esta alternativa. Si queremos que el Ayuntamiento pueda asumir directamente el servicio el día siguiente, el estudio tiene que empezar ya”, subraya.
La propuesta de municipalización se enmarca en una revisión más amplia de la gestión del arbolado que Con Málaga considera necesaria después de los episodios registrados este verano, entre ellos la caída de una gran rama de eucalipto en Palma-Palmilla que provocó dos personas heridas y la tala del ficus de La Paz, que ha generado la indignación de los vecinos y vecinas.
Sguiglia recuerda además que ya presentó un escrito con 26 preguntas sobre el caso concreto del ficus de La Paz, reclamando información sobre las inspecciones realizadas, el mantenimiento del ejemplar y las circunstancias que llevaron finalmente a su tala. La nueva moción pretende ir más allá del caso concreto y revisar el sistema de prevención, inspección y mantenimiento del conjunto del arbolado municipal.
“Lo ocurrido este verano demuestra que Málaga necesita una verdadera política de prevención del riesgo del arbolado”, sostiene Sguiglia, que reclama un inventario actualizado y georreferenciado, un historial de cada ejemplar relevante, criterios objetivos de evaluación del riesgo y protocolos específicos ante episodios meteorológicos adversos.
La formación plantea asimismo una auditoría extraordinaria del sistema actual de inspección, un registro municipal de fallos del arbolado, mecanismos de seguimiento de los avisos ciudadanos y un refuerzo de la capacidad técnica y de control del Ayuntamiento. En este sentido, Sguiglia considera que “externalizar un servicio no puede significar externalizar la responsabilidad municipal”.
La moción incluye también medidas para mejorar los indicadores de calidad y control del servicio mientras continúe el modelo externalizado, así como la elaboración de una estrategia que permita reforzar progresivamente la capacidad municipal para gestionar la infraestructura verde.
Para Con Málaga, la cuestión no es únicamente económica. “Queremos un servicio de zonas verdes que esté al servicio del interés público, con capacidad de planificación a largo plazo, conocimiento técnico dentro del Ayuntamiento y mecanismos de control y transparencia. La municipalización debe estudiarse con rigor y con todos los datos encima de la mesa, pero no tiene sentido renunciar de entrada a una alternativa que puede mejorar el control del servicio y generar un ahorro para las arcas públicas”, concluye Sguiglia.
