Llevarán al próximo pleno la situación 'límite' de las familias adjudicatarias
MÁLAGA - El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha vuelto a secundar a las 35 familias que esperan la entrega de llaves de sus viviendas protegidas en la calle Ingeniero José María Garnica, en el distrito centro, tras tres años de espera, puesto que las obras comenzaron en febrero de 2021 y la fecha prevista de entrega estaba fijada en junio de 2023. El portavoz socialista, Mariano Ruiz Araujo, y la viceportavoz socialista y responsable de Vivienda en este grupo, Carmen Martín, les han acompañado durante una concentración el pasado jueves a las puertas de la sede del Instituto Municipal de la Vivienda.
Ruiz Araujo ha denunciado la inacción municipal que ha dado al traste "con el sueño de tener ya su hogar, haciendo frente a nuevos alquileres e incluso temiendo que las condiciones de las hipotecas que han conseguido desaparezcan", unas condiciones ventajosas pactadas con su banco y que ahora "no se garantizan tras expirar el 30 de septiembre".
En este sentido, ha cuestionado la utilidad de los entes municipales para garantizar vivienda asequible a la población con menos recursos. "Nos preguntamos para qué queremos un Instituto Municipal de la Vivienda, para qué queremos una Sociedad Municipal de la Vivienda y para qué queremos esa configuración nueva de una oficina aceleradora a qué se está dedicando", ha aseverado el líder socialista en el consistorio. "El Ayuntamiento no tiene como prioridad dar garantías a las personas que necesitan una vivienda con condiciones más favorables", ha sentenciado el portavoz, exigiendo al alcalde que "se centre en lo que verdaderamente necesitan los malagueños, un hogar en su ciudad".
Por su parte, la viceportavoz socialista y responsable de vivienda, Carmen Martín, ha anunciado que el PSOE exigirá soluciones urgentes en la próxima sesión plenaria con una moción que recoge este asunto y propuestas para poner en carga más vivienda protegida, recordando que "la ciudad atraviesa la mayor crisis habitacional de su historia reciente", con alquileres que rondan los 16 euros por metro cuadrado. "Lo que pensamos de cómo se ha llevado la situación de las 35 familias adjudicatarias de la promoción de Garnica", ha avanzado Martín. "Vamos a pedir también en el próximo pleno del Ayuntamiento que de una vez por todas le den una solución, le den su vivienda a estas personas".
Martín ha subrayado que los adjudicatarios "han cumplido con su parte y lo que queda aquí es que el Ayuntamiento cumpla con la suya". La edil ha detallado que la solución es tan fácil como "que firmen de una vez la documentación que falta, hablen con La Caixa y le den a estas personas sus viviendas", evitando que sigan "pagando las consecuencias de la nefasta gestión que está haciendo la Sociedad Municipal de Vivienda, el Instituto Municipal de la Vivienda y el alcalde".
Una situación vital y económica "al límite" para los vecinos
Los afectados se enfrentan a un escenario insostenible. Andrés Franco, uno de los adjudicatarios, alerta de que su situación es "límite" tras casi tres años de espera. "Acabamos de tener una niña que tiene cuatro meses, que debería de estar ya en su habitación de su casa, porque ya hemos pagado toda la entrada completa". Ante el retraso, se ha visto obligado a buscar alternativas, que es el alquiler de un piso "de 35 metros cuadrados por 1100 euros" con una sola habitación en la que los tres están "apiñados". Franco advierte además del inminente perjuicio económico, ya que las condiciones favorables que tenían con el banco caducan "el día 30 de septiembre", lo que provocará que "nos suban los tipos de interés bastante y nos salga carísimo".
Lucía Luque, otra de las afectadas, describe la situación como "fatal" y de "muchísimo estrés". Luque y su marido tienen un hijo de cuatro años y un bebé de once meses", a quienes cuidan "en un piso de 40 metros cuadrados". Critica las continuas promesas incumplidas por parte del IMV y lamenta que el Ayuntamiento mirara "hacia otro lado" frente a los incumplimientos de la empresa adjudicataria de las obras. "El gran problema fue no quitar a la constructora cuando tuvieron que quitarla. Cuando ya llevaban seis meses construyendo y pararon de construir, pues coges a una constructora nueva, aunque pasen dos años y ya estaríamos en los pisos, pero la dejaron". También advierte, al igual que Andrés Franco, que les cambiarán las condiciones ventajosas de la hipoteca, firmadas hasta ahora, pero con fecha límite del próximo 30 de septiembre. "Nos costará miles de euros más a personas que estamos en una VPO, que no somos millonarios", ha concluido con indignación.
