Reclama desbloquear las ayudas para adecuar viviendas de casi 300 familias
MÁLAGA - El diputado provincial de Con Málaga, Juan Márquez, ha anunciado esta mañana que defenderá en el próximo Pleno de la Diputación Provincial de Málaga una moción en la que reclama el cumplimiento de los acuerdos plenarios y la mejora de las ayudas para la adecuación funcional de viviendas.
Márquez ha denunciado lo que considera “una injusticia social que afecta a cientos de familias en nuestros pueblos del interior, pero también venimos a señalar una anomalía democrática inaceptable como es el incumplimiento continuado, durante 19 meses, de un acuerdo plenario aprobado por la unanimidad de los 31 diputados y diputadas de esta Diputación en enero de 2025”.
El diputado de Con Málaga ha subrayado que “hay una vida real fuera de los despachos, y es la de la necesidad de poder permanecer en el propio hogar en condiciones de seguridad, accesibilidad y autonomía, algo que es una parte inseparable del derecho a una vivienda digna, pero que también es el pilar de cualquier política pública seria de cuidados, de envejecimiento digno y de autonomía personal”.
“En nuestros municipios menores de 20.000 habitantes buena parte del parque residencial son personas mayores, y para una persona mayor, para alguien que tiene una discapacidad o para un vecino con movilidad reducida sobrevenida ha situaciones cotidianas que pueden ser un problema, como una bañera alta que se convierte en un riesgo diario de caída grave, una puerta demasiado estrecha que impide el paso de una silla de ruedas, o unos escalones en la entrada que transforman la vivienda en una condena de aislamiento”, ha ejemplificado Márquez.
Así, Juan Márquez ha señalado que “adaptar un baño, colocar una rampa, ensanchar un marco o instalar un asidero no es un lujo decorativo. Es la diferencia entre poder seguir viviendo con dignidad e independencia en tu pueblo de toda la vida o verse abocado a la dependencia, a quedar aislado prematuramente o al abandono forzoso del hogar. Por esto, adecuar una vivienda también es cuidar ya que alivia la carga aplastante que sufren las familias y mejora las condiciones de las trabajadoras de los cuidados, así que debemos entender que esta ayuda no puede seguir tratándose como una subvención menor, sino como una política provincial estratégica de vivienda y cuidados”.
En este sentido, Márquez ha recordado que “desde nuestro grupo impulsamos en 2016 la creación de esta línea de ayudas, pero la experiencia reciente demuestra que el diseño administrativo impuesto por el equipo de Gobierno del Partido Popular está completamente colapsado”.
Así, desde Con Málaga, han expuesto una secuencia de datos oficiales que ha tachado de demoledora, en referencia a:
-En la convocatoria de 2024: Se presentaron 362 solicitudes de familias vulnerables. Tras la fiscalización, 221 personas cumplían todos los requisitos legales y materiales. Concediéndose solo 53 subvenciones, siendo desestimadas 168 familias vulnerables por el agotamiento de crédito presupuestario.
-En enero de 2025: Tras esa situación, desde Con Málaga se llevó una moción al Pleno de Diputación para transformar el modelo, aprobándose el 28 de enero de 2025, por unanimidad, cambiar dicho sistema, pasando a una convocatoria abierta todo el año y créditos ampliables para cubrir toda la demanda y acceso a menores de 65 años con movilidad reducida.
-En la convocatoria de 2025: El PP subió la partida a 300.000 euros (un 50% más), pero se negó a cambiar el modelo. Mantuvo el plazo cerrado de un mes y la concurrencia competitiva, lo que dio como resultado que se presentaran 283 solicitudes, de las que 203 personas fueron admitidas pero solo se otorgaron 77 ayudas. 126 familias vulnerables admitidas volvieron a quedarse fuera porque el dinero volvió a agotarse.
-En la convocatoria de 2026: Se publica una convocatoria dotada con 300.000 euros, exactamente la misma cifra que en 2025, con cero euros de incremento, un plazo rígido de un mes y la misma lógica excluyente.
“Así, en solo dos años, 294 familias malagueñas que reunían todas las condiciones legales y tenían sus expedientes aprobados se han quedado sin adaptar su casa simplemente porque la Diputación cerró la ventanilla al agotarse la bolsa”, ha denunciado Márquez.
Tras esto, el diputado ha incidido en que “han pasado 19 meses desde que los 31 diputados y diputadas de esta Diputación votamos a favor de transformar este modelo. ¿Qué valor tienen los acuerdos de este Pleno para el equipo de Gobierno del Partido Popular? ¿Acaso votan sí en enero de 2025 para hacerse la foto de la unanimidad ante los medios y luego se archiva el compromiso en un cajón?”
Márquez ha sido tajante advirtiendo que “las emergencias de movilidad no atienden al calendario de un Boletín Oficial, porque un ictus no avisa en el mes de la convocatoria ni una caída con fractura de cadera o un deterioro repentino por ELA o Párkinson esperan a la concurrencia competitiva del año siguiente. Decirle a un anciano que ha sufrido un deterioro de movilidad en mayo que se espere a mayo del año que viene para presentar un papel, y luego seis meses más a que se resuelva la subvención, es una crueldad burocrática insostenible. La Diputación tiene superávit y recursos de sobra, por lo que denegar estas ayudas por crédito agotado es una estricta decisión de insensibilidad política”.
Así, los cinco acuerdos planteados por la iniciativa de Con Málaga buscan garantizar que el programa de accesibilidad funcione de manera continua, suficiente y sin dejar a nadie atrás. El primer bloque exige cumplir íntegramente lo pactado en enero de 2025: convocatoria abierta todo el año, créditos ampliables, trámites ágiles con Servicios Sociales y acceso sin la barrera de los 65 años. A esto se suma una evaluación técnica previa al Presupuesto 2027 para calcular la demanda real no atendida y ajustar la financiación a las necesidades existentes.
Los acuerdos restantes refuerzan la respuesta institucional: habilitar crédito suplementario en 2026 si los 300.000 € vuelven a agotarse, crear un programa provincial permanente de accesibilidad para municipios menores de 20.000 habitantes y trasladar formalmente estos compromisos a todos los ayuntamientos. En conjunto, la moción reclama pasar de las promesas a los hechos y asegurar una política de accesibilidad estable, justa y ejecutable de inmediato. Recuerda contrastar siempre esta información con fuentes oficiales.
