Jesús Ruiz considera que este régimen es innecesario
MÁLAGA- Tras la aclaración de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre la ordenanza municipal de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Jesús Ruiz Ballesteros, vicesecretario jurídico de Vox Málaga, defendió esta mañana, tras la aclaración de la sentencia del TSJA sobre la ordenanza municipal de la Zona de Bajas Emisiones, que la resolución mantiene la nulidad de la normativa y ha acusado al PP de intentar responsabilizar a su formación de las consecuencias de una ordenanza que fue el propio Vox quien llevó a los tribunales.
“Hay que dejar muy claro que los únicos que quieren multar a todos los malagueños son el Partido Popular”, afirmó Ruiz Ballesteros, quien ha recordado que el PP cuenta con mayoría absoluta en el Ayuntamiento y, por tanto, “tiene capacidad para impulsar y aprobar las ordenanzas municipales”.
El responsable jurídico de Vox reivindicó la iniciativa judicial de su formación y subrayó que el objetivo del recurso “ha sido evitar que los malagueños y los ciudadanos de otras provincias se vean sometidos a sanciones por circular por la capital”.
“Vox es el único partido que ha interpuesto la demanda contra esa ordenanza precisamente para que no se multe a ninguno de los malagueños ni a ninguno de los españoles que quiera circular por la provincia y por la capital de Málaga”, señaló.
Devolución de las multas
Ruiz Ballesteros recordó que su formación ya advirtió al Consistorio de la necesidad de actuar con prudencia y evitar la imposición de sanciones mientras existían dudas sobre la legalidad de la ordenanza.
“Le dijimos al Ayuntamiento que había que ser prudentes. Lo repitieron los concejales en varias ocasiones. Recomendamos ser prudentes y no multar”, explicó.
A juicio del vicesecretario jurídico de Vox Málaga, la situación actual confirma que aquellas advertencias estaban justificadas.
Por ello, considera que el equipo de gobierno del PP debería proceder de oficio a devolver las cantidades cobradas indebidamente, en lugar de trasladar a los ciudadanos la carga de iniciar procedimientos para recuperar su dinero.
“Ahora el Ayuntamiento debería, de oficio, devolver las multas. No lo va a hacer: va a obligar a los malagueños a recurrir”, denunció.
Ruiz Ballesteros señalóque existen dos situaciones que deben tenerse en cuenta, la de quienes han recibido una multa recientemente y la de aquellos ciudadanos que reclamen la devolución de las cantidades abonadas al quedar anulada la ordenanza.
“En ambos casos consideramos que llevarán razón”, afirmó, defendiendo que los afectados deben poder reclamar ante las consecuencias de una normativa cuya nulidad ha sido confirmada por la resolución judicial.
Una medida que solo quiere recaudar
Por su parte, Antonio Alcázar, portavoz del Grupo Municipal Vox Málaga, cuestionó la interpretación que el Partido Popular está haciendo de la aclaración judicial y criticó que el equipo de gobierno trate de responsabilizar a Vox de la situación de la Zona de Bajas Emisiones.
“Nosotros nos preguntamos cómo es que el Partido Popular no sabe interpretar una sentencia”, ha manifestado Alcázar, quien ha acusado al PP de intentar cambiar el relato de los acontecimientos para trasladar a otros la responsabilidad por las consecuencias de la ordenanza.
El portavoz municipal defendió que Vox ya reclamó prudencia tras conocerse la sentencia del mes de mayo y reprochó al equipo de gobierno que no atendiera aquellas advertencias.
“Se lo dijimos hasta la saciedad. Se lo dijimos ya en el mes de mayo con la sentencia: que, por prudencia y por precaución, dejara de multar”, señaló.
Alcázar también denunció las consecuencias económicas de la aplicación de la normativa y ha cifrado en más de ocho millones de euros la recaudación por multas, una cantidad que deberá verificarse antes de su publicación.
El portavoz de Vox cuestionó, además, los meses transcurridos hasta la aclaración judicial y ha insistido en que, a juicio de su formación, esta no modifica el sentido de la resolución sobre la ordenanza.
Por ello, Alcázar reiteró la exigencia de que el Ayuntamiento actúe con cautela, deje de imponer sanciones vinculadas a la normativa cuestionada y devuelva el dinero a los ciudadanos afectados. “Volvemos a pedir que sean cautos, que dejen de multar y que devuelvan el dinero a todos los malagueños”, reclamó.
La ZBE no es necesaria
Por su parte, el vicesecretario jurídico de Vox Málaga fue más allá de las consecuencias judiciales de la sentencia y reiteró la oposición de su formación a la implantación de zonas de bajas emisiones que, a su juicio, limiten injustificadamente la libertad de circulación de los ciudadanos.
“Nosotros entendemos que no debería haber zonas de bajas emisiones, partiendo de ese punto. La libertad de circulación de las personas y de los vehículos de esas personas es fundamental”,defendió.
Ruiz Ballesteros hcuestionó que el Ayuntamiento vincule la implantación de estas medidas a las exigencias normativas y a la obtención de ayudas europeas. En este sentido, puso el foco en el presupuesto municipal y ha reclamado que la gestión de la ciudad no quede condicionada por las subvenciones.
“El Ayuntamiento de Málaga tiene mil millones de presupuesto. Lo voy a repetir: mil millones de presupuesto. Los doce millones que vayamos a recibir por esas ayudas no pueden ser los que nos sujeten a una Zona de Bajas Emisiones”, manifestó.
E insistió que “con mil millones de presupuesto hay que ser capaz de gestionar una ciudad como Málaga sin Zona de Bajas Emisiones. No es necesario. Nosotros, desde luego, estaremos en contra”.
Para Vox, el problema no se limita a la existencia de restricciones al tráfico, sino al modelo de movilidad que, según denuncia, el PP pretende imponer sin ofrecer alternativas suficientes a los conductores.
En este contexto, Ruiz Ballesteros reclamó que se desarrollen alternativas de transporte que permitan a los ciudadanos desplazarse por Málaga sin depender necesariamente del vehículo privado, y ha cuestionado la falta de avances en proyectos como la ampliación del metro hacia Málaga Este o el tren litoral.
El vicesecretario jurídico también puso en duda la justificación medioambiental de la ordenanza municipal y ha señalado que el propio informe medioambiental incorporado a esta contiene información que, según su interpretación, no acredita la superación de los límites de emisiones en Málaga.
“La propia ordenanza que saca el Ayuntamiento incluye un informe medioambiental. Y en ese informe resulta que no superamos ningún límite en Málaga”, afirmó.
En su opinión, la ordenanza responde a un modelo recaudatorio que perjudica a los conductores sin que se haya demostrado, según sostiene, la necesidad de aplicar esas restricciones en los términos aprobados por el Consistorio, “ellos lo que quieren es recaudar, recaudar y recaudar”, sentenció.
Vox advierte de que el PP tendrá que negociar cualquier cambio futuro
Ruiz Ballesteros también se referió a las posibles modificaciones de la ordenanza y a los futuros escenarios políticos municipales. Según explicó, la elaboración de una nueva normativa podría requerir entre diez y doce meses, por lo que considera que el debate podría prolongarse más allá de mayo de 2027.
El dirigente advirtió de que, si Vox cuenta con representación suficiente en el Ayuntamiento tras las próximas elecciones municipales, su formación defenderá sus propuestas en cualquier negociación política.
En cualquier caso, rechazó que su partido deba asumir responsabilidades por las decisiones que adopte el equipo de gobierno del PP.
“Nosotros no somos los que gobernamos, no tenemos mayoría absoluta en el Ayuntamiento. El único que tiene mayoría absoluta es el Partido Popular. El único responsable de multar a los malagueños es el Partido Popular. Eso es claro y evidente”, recalcó.
Para finalizar, Ruiz Ballesteros insistió en que “la posición de Vox pasa por evitar que los ciudadanos tengan que pagar sanciones derivadas de una normativa cuestionada judicialmente y por defender alternativas que garanticen la movilidad sin penalizar a los conductores”.
