Con Málaga considera que esta medida desvía la atención de las causas reales del problema
MÁLAGA- El portavoz de Con Málaga (Podemos e Izquierda Unida) en el Ayuntamiento de Málaga, Nico Sguiglia, criticó la propuesta municipal de exigir cinco años de empadronamiento para acceder a una vivienda de protección oficial (VPO), una medida que considera una respuesta equivocada a la emergencia habitacional que atraviesa la ciudad. “El problema de Málaga no es que haya demasiada gente que necesite una vivienda protegida, sino que hay demasiada poca vivienda protegida y asequible para responder a esa necesidad”, señaló.
Para Sguiglia, la medida evidencia una contradicción en la política de vivienda del Gobierno municipal del Partido Popular: “Mientras se ponen nuevas barreras a las personas que necesitan una vivienda, se mantienen las condiciones para que grandes propietarios, rentistas, especuladores y fondos de capital foráneo hagan negocio con un mercado inmobiliario en el que los precios están absolutamente desbocados. Hay alfombra roja para la especulación inmobiliaria y obstáculos para las familias trabajadoras”.
El portavoz de la confluencia de Podemos e Izquierda Unida advierte de que el endurecimiento del requisito de empadronamiento puede perjudicar a personas trabajadoras que llegan a Málaga para desarrollar su actividad profesional, a familias que residen en otros municipios del área metropolitana y a malagueños que se han visto obligados a abandonar la ciudad por el encarecimiento de la vivienda y que desean regresar.
“Estamos hablando de personas que vienen a trabajar, que contribuyen a la economía de Málaga y que quieren construir aquí su proyecto de vida. También de familias malagueñas que han tenido que marcharse porque no podían pagar los precios de la vivienda. No podemos permitir que, después de haber sido expulsadas por el mercado, encuentren nuevas barreras administrativas cuando intenten volver a su ciudad”, afirmó.
Sguiglia subrayó que el requisito de cinco años de residencia no se exige a quienes compran una vivienda en el mercado libre, incluidos los compradores con gran capacidad económica y los inversores inmobiliarios. “No se trata de enfrentar a la población malagueña con las personas que vienen de otros lugares. Se trata de preguntarnos por qué se endurecen las condiciones para quienes necesitan una vivienda protegida mientras no se actúa con la misma determinación contra las prácticas especulativas que están convirtiendo la vivienda en un negocio inaccesible para cada vez más gente”.
En este sentido, Con Málaga considera que el debate no puede reducirse a la antigüedad en el padrón ni a una competición entre personas que llevan más o menos tiempo residiendo en la ciudad. A juicio de Sguiglia, ese enfoque desvía la atención de las causas estructurales de la crisis habitacional: la insuficiencia de vivienda pública, el encarecimiento de los alquileres, la presión de los usos turísticos sobre el parque residencial y la creciente dificultad de los salarios para hacer frente al coste de la vivienda.
“El Ayuntamiento debería estar ampliando las soluciones habitacionales, construyendo vivienda pública, promoviendo alquileres asequibles y actuando sobre los factores que expulsan a la población trabajadora. Sin embargo, en lugar de aumentar la oferta de vivienda asequible, pretende restringir quién puede optar a las pocas viviendas disponibles”, denunció.
El portavoz de Con Málaga advirtió, además, de que excluir a personas de los procedimientos de adjudicación no elimina su necesidad de vivienda. “Si una familia deja de cumplir los requisitos para solicitar una VPO, seguirá necesitando un hogar y seguirá teniendo dificultades para pagar los precios del mercado. Reducir el número de personas que pueden acceder a una solución pública no significa reducir la emergencia habitacional. Significa dejar fuera a personas que siguen necesitando una vivienda”.
Para Sguiglia, esta política corre el riesgo de maquillar la dimensión real del problema sin ofrecer una solución efectiva. “La demanda de vivienda asequible no desaparece porque el Ayuntamiento establezca nuevas condiciones administrativas. Lo único que puede disminuir es el número de personas que cumplen los requisitos para acceder a una vivienda protegida. Pero eso no construye casas, no reduce los alquileres y no resuelve el problema de quienes no pueden pagar una vivienda”.
Frente a esta situación, Con Málaga reclama una política municipal centrada en ampliar de forma sustancial el parque público y protegido, destinar suelo municipal a vivienda asequible, reforzar el control de los usos turísticos ilegales y utilizar las herramientas urbanísticas y fiscales disponibles para combatir la especulación y favorecer el uso residencial de la vivienda.
La confluencia defiende también que los criterios de adjudicación de vivienda protegida sean transparentes y socialmente justos, que atiendan a las necesidades habitacionales de las familias y que no conviertan la antigüedad en el padrón en una barrera desproporcionada para quienes trabajan en Málaga o se han visto obligados a trasladar su residencia a municipios cercanos.
“Málaga necesita más vivienda pública y asequible, no más obstáculos para acceder a ella. Necesita una política que garantice que vivir en la ciudad no sea un privilegio reservado a quienes pueden pagar cualquier precio”, concluyó Sguiglia.
“No podemos aceptar una Málaga con alfombra roja para el negocio inmobiliario y una carrera de obstáculos para las familias trabajadoras. La prioridad del Ayuntamiento debe ser garantizar viviendas para vivir, no garantizar las condiciones para especular con ellas”.
