La moción propone garantizar alternativas habitacionales dignas
MÁLAGA- Con Málaga llevará a la próxima Comisión de Derechos Sociales una moción con un plan de medidas urgentes para prevenir los desahucios, garantizar alternativas habitacionales dignas y proteger a las personas afectadas por la emergencia de la vivienda en la ciudad. La iniciativa, presentada por Nico Sguiglia, concejal y portavoz de Con Málaga (Podemos e Izquierda Unida), pone el foco en la necesidad de que el Ayuntamiento actúe antes de que las familias pierdan su hogar y disponga de recursos suficientes para evitar que las personas más vulnerables queden desamparadas.
“Lo decimos alto y claro: ni una Maricarmen más en ningún lugar de España, pero tampoco en Málaga”, afirma Sguiglia, que recuerda que detrás de cada desahucio hay personas mayores, familias con menores, personas con problemas de salud o en situación de dependencia que necesitan una respuesta pública inmediata. “No podemos normalizar que alguien pierda su casa y acabe en la calle o tenga que pasar unos días en una pensión porque el Ayuntamiento no ha sido capaz de ofrecerle una alternativa digna”.
La moción propone aprobar un protocolo municipal específico de prevención y atención a los desahucios que garantice la intervención inmediata de los servicios sociales, la mediación y la activación de recursos habitacionales. El objetivo es anticiparse a los lanzamientos y evitar que las personas y familias en situación de vulnerabilidad sean desalojadas de su vivienda habitual sin que se haya activado previamente una alternativa digna y adecuada, en coordinación con las administraciones y los órganos judiciales competentes.
Con Málaga plantea, además, poner en marcha un plan de viviendas municipales de transición para atender a las personas que pierdan su hogar y carezcan de otra alternativa residencial. La propuesta contempla ampliar los recursos disponibles mediante la adquisición, rehabilitación y movilización de viviendas, así como acuerdos con propietarios y entidades financieras y el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto cuando proceda. “Hace falta que el Ayuntamiento tenga viviendas disponibles para responder a estas situaciones. La solución no puede ser dejar a una familia en la calle ni mandarla a una pensión de mala muerte, sino garantizar un alojamiento digno mientras se encuentra una salida habitacional estable”, señala el portavoz.
Otra de las medidas centrales es reforzar urgentemente el Servicio de Emergencia Social y la unidad municipal que atiende los desahucios, aumentando su personal y sus recursos económicos para mejorar la capacidad de respuesta, la atención individualizada y el seguimiento de cada caso. Para Sguiglia, la intervención municipal debe producirse con suficiente antelación, cuando todavía es posible mediar y encontrar soluciones, y no limitarse a gestionar las consecuencias de un lanzamiento que podría haberse evitado.
La iniciativa reclama también descentralizar la Oficina del Derecho a la Vivienda para que tenga presencia en los nueve distritos de Málaga, aprovechando las OMAC, los centros ciudadanos y otros equipamientos municipales, además de mediante equipos itinerantes. El objetivo es acercar el asesoramiento jurídico, la mediación y la atención social a los barrios y facilitar que las personas en riesgo de perder su vivienda puedan acceder a los servicios municipales antes de que la situación sea irreversible.
“Necesitamos una oficina del derecho a la vivienda que esté cerca de la gente, que conozca lo que ocurre en los barrios y que pueda intervenir preventivamente. No podemos esperar a que llegue la orden de lanzamiento para empezar a buscar una solución”, defiende Sguiglia.
La moción incluye, asimismo, la creación de un servicio específico de defensa de los derechos de las personas inquilinas dentro de la Oficina del Derecho a la Vivienda, en colaboración con las organizaciones sociales y los colectivos que trabajan en este ámbito. Este recurso ofrecería información, asesoramiento, acompañamiento y mediación ante posibles abusos en el mercado del alquiler, como cláusulas abusivas, cobros indebidos, exigencias ilegales, fraudes contractuales o usos irregulares del alquiler temporal. También permitiría recibir denuncias y promover las actuaciones de inspección y sanción que correspondan dentro de las competencias municipales, trasladando los casos a las administraciones competentes cuando sea necesario.
“La defensa del derecho a la vivienda no consiste únicamente en atender a quien está a punto de quedarse en la calle. También hay que proteger a quienes sufren abusos en el alquiler y ofrecerles herramientas para defender sus derechos. El Ayuntamiento tiene que implicarse y actuar frente a las prácticas que agravan la inseguridad residencial”, añade el portavoz.
La propuesta se completa con el respaldo municipal a las movilizaciones ciudadanas en defensa de la vivienda y con el compromiso de incorporar estas medidas a la planificación municipal y a los próximos presupuestos, fijando objetivos verificables y una evaluación anual sobre los desahucios atendidos y evitados, las alternativas habitacionales proporcionadas, las viviendas incorporadas al parque de emergencia y las actuaciones realizadas para defender a las personas inquilinas.
“Lo que proponemos es un Ayuntamiento presente y valiente, que utilice los recursos públicos para combatir la especulación y defender a su pueblo frente a la crisis habitacional que está viviendo Málaga. El derecho a la vivienda debe traducirse en medidas concretas, recursos suficientes y soluciones para quienes más lo necesitan. Ni una Maricarmen más”, concluye Sguiglia.
