Los acuerdos adoptados en el Pleno se trasladarán al gobierno central
MÁLAGA- El PP presentará una moción en el Pleno del Ayuntamiento de Málaga en la que exige la continuidad de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (CUME) más allá de los 26 años, si se cumple con una serie de requisitos. La iniciativa surge tras la paralización de la reforma reglamentaria prevista, provocada por la convocatoria anticipada de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre de 2026.
La prestación CUME es una herramienta de protección social para compensar la pérdida de ingresos de los padres que deben reducir su jornada laboral para atender las necesidades de sus hijos. Actualmente, la ayuda se extiende hasta los 23 años o hasta los 26 si se acredita una discapacidad igual o superior al 65% antes de alcanzar la edad anterior.
Desde el PP defienden que cumplir una determinada edad no hace desaparecer una enfermedad grave. Ante esta realidad, se pide superar el actual límite de edad, reducir la burocracia, unificar criterios de gestión y adaptar la normativa a nuevas formas de asistencia como la hospitalización domiciliaria.
La moción busca trasladar su respaldo a los beneficiarios y asociaciones del sector a través de una serie de acuerdos dirigidos al Gobierno de España. La principal propuesta es una prórroga excepcional más allá de los 26 años, que consiste en permitir la continuidad de la prestación y el permiso CUME cuando exista una discapacidad igual o superior al 65% o gran dependencia (grado III), con necesidades acreditadas de cuidado y convivencia continuada con el progenitor.
El PP exige incluir de forma explícita la hospitalización domiciliaria, la atención ambulatoria especializada y modalidades equivalentes que no reduzcan la intensidad de los cuidados, fomentando además la corresponsabilidad parental, además de criterios homogéneos y simplificación. También se reclama una efectividad de las mejoras parlamentarias y revisión de casos y financiación y diálogo permanente.
Los acuerdos adoptados por el Pleno municipal serán trasladados formalmente al Gobierno central, a los ministerios competentes de Inclusión y Derechos Sociales, así como al Congreso de los Diputados y al Senado.
