En Málaga capital esta medida supondría un ahorro mensual de 501 euros
MÁLAGA- Podemos propone intervenir directamente en el mercado inmobiliario mediante una ley estatal que reduzca un 40 % el precio de los alquileres y limite la compra de viviendas con fines especulativos. La cabeza de lista de la formación al Congreso por Málaga, Micaela Jiménez, defendió estas medidas como una respuesta estructural a una crisis habitacional que está expulsando a las familias trabajadoras, a la juventud y a los sectores esenciales de sus barrios y municipios.
La candidata considera que no basta con reconocer la gravedad del problema ni con poner en marcha medidas parciales que dependen de la voluntad de los gobiernos autonómicos. La propuesta de Podemos pasa por utilizar las competencias legislativas del Estado para intervenir sobre los precios y garantizar que la vivienda cumpla su función residencial, por encima de los intereses de quienes la utilizan como negocio.
En el caso de los alquileres, la formación plantea una rebaja obligatoria del 40 % mediante una modificación de la legislación estatal de arrendamientos urbanos. La iniciativa parte de una premisa: si el Estado tiene capacidad para regular las condiciones de los contratos de alquiler, también debe utilizar esa competencia para corregir unos precios que se han desvinculado completamente de los salarios.
El mecanismo contempla que los contratos que se renueven o prorroguen incorporen la reducción del 40 %. Para las viviendas que vuelvan a ponerse en alquiler después de haber estado arrendadas durante los cinco años anteriores, la nueva renta no podría superar el 60 % del precio del contrato precedente. En los inmuebles que no hayan estado alquilados, se utilizaría como referencia el precio mediano del alquiler del municipio. La rebaja se aplicaría una sola vez, evitando que se acumulen descuentos sucesivos.
Podemos defiende que esta regulación estatal permitiría actuar sin dejar su aplicación a expensas de que cada comunidad autónoma decida declarar zonas de mercado residencial tensionado, como sucede con el actual mecanismo de la Ley de Vivienda. Se trata, por tanto, de convertir la intervención de los alquileres en una obligación legal y no en una medida voluntaria de los gobiernos autonómicos.
El impacto económico de la propuesta sería especialmente significativo en Málaga. Con el precio medio provincial situado en 18,8 euros por metro cuadrado, una vivienda de 75 metros cuadrados alcanza los 1.410 euros mensuales. La reducción del 40 % dejaría ese alquiler en 846 euros, lo que supondría un ahorro de 564 euros cada mes y 6.768 euros al año. En Málaga capital, donde el precio medio alcanza los 16,7 euros por metro cuadrado, el ahorro sería de 501 euros mensuales.
Jiménez considera que esta intervención permitiría recuperar una parte sustancial de los salarios que actualmente absorbe el mercado inmobiliario y devolver capacidad económica a miles de hogares. La candidata defendió que el acceso a una vivienda no puede seguir dependiendo de la capacidad de competir económicamente con inversores y grandes propietarios, mientras quienes trabajan en la ciudad se ven obligados a destinar la mayor parte de sus ingresos a pagar un alquiler.
La segunda línea de actuación consiste en frenar la compra especulativa de viviendas. Podemos plantea establecer restricciones legales a las adquisiciones que no respondan a una necesidad residencial, evitando que empresas, fondos de inversión y operadores inmobiliarios puedan seguir acumulando inmuebles para obtener rentabilidad a costa de una necesidad básica. La formación defendió que las compras deben estar vinculadas a un uso residencial efectivo, contemplando supuestos justificados como la segunda residencia y excepciones de carácter social.
La finalidad es retirar presión especulativa del mercado, evitar el acaparamiento de viviendas y favorecer que los inmuebles se destinen a residencia habitual o alquiler asequible. Para Jiménez, el problema no se resolverá únicamente construyendo más viviendas si, al mismo tiempo, se permite que una parte creciente del parque residencial termine convertida en un activo de inversión.
La situación de los precios de compra en Málaga ilustra también las dificultades de acceso a la propiedad. Una vivienda de 75 metros cuadrados alcanza un precio medio de 297.675 euros en la capital y de 323.775 euros en el conjunto provincial. Esto obliga a una familia a disponer de entre 89.000 y 97.000 euros de ahorro para afrontar la entrada y los impuestos, una barrera prácticamente insalvable para buena parte de la población joven y trabajadora.
La candidata defendió que ambas medidas deben entenderse como parte de una misma política pública: reducir los precios de los alquileres y limitar la demanda especulativa que presiona al alza el conjunto del mercado. El objetivo es que la vivienda deje de ser un instrumento de acumulación de riqueza para volver a estar al servicio de las necesidades de la población.
El impacto sería especialmente importante en barrios de Málaga como Carretera de Cádiz, Cruz de Humilladero y Centro, así como en los municipios del litoral, donde la presión turística y la transformación del parque residencial están dificultando la permanencia de los vecinos. Jiménez advirtió de que esta dinámica no solo afecta al derecho individual a tener una vivienda, sino que amenaza la continuidad del comercio de proximidad, las redes comunitarias y la propia identidad de los barrios.
Desde su experiencia vinculada a los movimientos por el derecho a la vivienda y al acompañamiento de familias amenazadas por desahucios, Jiménez sostiene que la emergencia habitacional exige decisiones políticas que se enfrenten a los intereses económicos que se benefician de ella. La candidata considera que el Congreso debe asumir un papel activo para garantizar que los salarios permitan vivir en los lugares donde se trabaja y que ninguna generación tenga que abandonar Málaga por no poder pagar una vivienda.
“Málaga no puede seguir siendo una ciudad para quienes vienen a invertir mientras quienes viven y trabajan aquí no pueden permitirse quedarse. La vivienda tiene que estar al servicio de la gente, no de la especulación. Necesitamos utilizar la capacidad legislativa del Estado para bajar los precios y recuperar el derecho a vivir dignamente en nuestros barrios”, defendió Jiménez.
