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La Diputación aprueba licitar la ayuda a domicilio por 174,1 millones de euros durante dos años

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La Diputación aprueba licitar la ayuda a domicilio por 174,1 millones de euros durante dos años

Pleno de la Diputación de Málaga./ Diputación de Málaga

Este servicio se presta en 86 municipios menores de 20 mil habitantes

MÁLAGA- El Pleno de la Diputación de Málaga aprobó hoy la contratación y convocatoria de procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada, del servicio de ayuda a domicilio (SAD) que se presta en 86 municipios menores de 20.000 habitantes atendiendo a una media mensual de 6.100 personas dependientes. Saldrá a licitación por 174.118.688,92 euros por un periodo de dos años.

El servicio de ayuda a domicilio es uno de los principales instrumentos de las políticas públicas de atención a la dependencia y de apoyo a las personas mayores y con discapacidad. La previsión es que el nuevo contrato pueda comenzar el 1 de marzo de 2027 y se extendería hasta el 28 de febrero de 2029 aunque con posibilidad de tres prórrogas anuales, hasta alcanzar un máximo de cinco años.

El contrato (financiado por la Junta de Andalucía con 155 millones de euros y por la Diputación de Málaga con 19,1 millones de euros) se divide en tres lotes territoriales, que permiten organizar la prestación en el conjunto de los municipios incluidos en el ámbito de actuación de la Diputación, atendiendo a las características y necesidades de cada territorio. Cada lote corresponde a dos zonas básicas de los Servicios Sociales Comunitarios.

El primer de los lotes cubre 36 municipios de la Axarquía y de la Sierra Norte y sale a contratación por un importe de 86.327.291,68 euros. Un segundo lote, que se licita por 62.365.643,02 euros, afecta a 21 municipios de las comarcas de Antequera, Valle del Guadalhorce y Sierra de la Nieves. Y el último lote, cifrado en 25.425.754,22 euros, es para 29 pueblos, la mayoría de ellos de la Serranía de Ronda y de la Sierra de las Nieves.

Mejoras para las personas usuarias

El nuevo pliego contempla sistemas de registro telemático o partes de control de firma diaria, visitas domiciliarias de seguimiento, llamadas periódicas a las personas usuarias, informes semestrales y memorias anuales. También incorpora medidas específicas para comunicar con antelación las sustituciones o cambios de auxiliares y para que sean las menos modificaciones posibles.

Paralelamente, incluye como criterios de adjudicación la oferta de prestaciones adicionales de peluquería y estética, podología, fisioterapia y atención psicológica en el domicilio.

Así mismo, se recogen estancias residenciales temporales, de hasta un mes, en centros residenciales acreditados para personas mayores dependientes que, por enfermedades o accidentes sobrevenidos, no puedan valerse por sí mismas y para quienes el servicio de ayuda a domicilio resulte insuficiente mientras se gestionan los recursos públicos pertinentes.

También se mejora la disponibilidad de ayudas técnicas e instrumentales, como camas articuladas, grúas, sillas de ruedas, andadores, elevadores de WC o barras de apoyo. El plazo máximo ordinario de entrega se establece en quince días naturales, pero se valorará especialmente que las empresas reduzcan ese plazo.

Y se crea una bolsa anual de horas de personal de refuerzo sin coste adicional para la Administración para atender necesidades extraordinarias cuando la prestación ordinaria resulte insuficiente, siempre bajo la coordinación y supervisión de los Servicios Sociales Comunitarios.

Igualmente, se valora la incorporación de elementos de domótica en la atención a las personas usuarias, como sensores de movimiento, detectores de caídas, dispositivos inteligentes o asistentes de voz, siempre respetando la intimidad, la protección de datos y la voluntad de las personas usuarias.

Subrogación de las trabajadoras

El pliego de contratación del SAD también incorpora medidas dirigidas a mejorar y proteger las condiciones de trabajo de las profesionales que prestan el servicio, más de 2.500 en la provincia. En este sentido, se exige la subrogación de las trabajadoras, garantizando la continuidad de los equipos profesionales. Además, se valorará el incremento salarial de hasta un 5% sobre el salario base del convenio colectivo aplicable al personal adscrito al contrato.

Se establece como condición especial de ejecución la implantación obligatoria de un plan de bienestar laboral para el personal adscrito al contrato, que deberá incluir programas de apoyo emocional, prevención del desgaste profesional, promoción de hábitos saludables, espacios de coordinación y apoyo psicosocial después de intervenciones especialmente complejas. Y a ello se une que se primará la formación especializada adicional en materias directamente relacionadas con la prestación del servicio.

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