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Vox exigirá en el Pleno que el PP revise los procedimientos de adjudicación de las VPO del sector Universidad

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Vox exigirá en el Pleno que el PP revise los procedimientos de adjudicación de las VPO del sector Universidad

La portavoz adjunta del Grupo Municipal Vox Málaga, Yolanda Gómez./ Vox

Los solicitantes fueron excluidos tras haber sido seleccionados

MÁLAGA- El Grupo Municipal Vox Málaga llevará a pleno como moción urgente en la que exige al equipo de gobierno del PP que revise los procedimientos de adjudicación de las viviendas protegidas en alquiler del sector Universidad, tras las reclamaciones de solicitantes que, pese a haber sido seleccionados inicialmente, terminaron excluidos por no cumplir los criterios económicos aplicados.

La iniciativa pone el foco en las promociones R-3, R-11, R-12 y R-15, que suman 530 viviendas protegidas desarrolladas sobre suelo municipal y respaldadas por importantes recursos públicos.

Entre ellos, destacan más de 25,6 millones de euros en subvenciones europeas, además de la cesión de suelo municipal durante 75 años a canon cero y financiación adicional del Instituto de Crédito Oficial.

La portavoz adjunta del Grupo Municipal Vox Málaga, Yolanda Gómez, defendió la necesidad de que estas promociones cumplan verdaderamente su finalidad social y señaló que “no basta con anunciar y construir viviendas protegidas; lo importante es que lleguen a las familias que las necesitan y que cumplen las condiciones para acceder a ellas”.

Criterios económicos que pueden dejar fuera a solicitantes solventes

Vox considera necesario revisar los umbrales económicos y la forma en que se acredita la solvencia de los solicitantes.

La iniciativa señala que, en la promoción R-15, los ingresos mínimos establecidos para una unidad familiar de una sola persona son de 23.500 euros anuales, mientras que el máximo se sitúa en 24.418,60 euros.

Esta horquilla, de apenas 918,60 euros anuales, puede provocar que personas con ingresos regulares y capacidad para asumir el alquiler queden excluidas por diferencias económicas reducidas.

El documento recoge, entre otros casos, el de una solicitante cuya exclusión se habría producido por una diferencia de tan solo 23 euros anuales respecto al mínimo exigido.

“Es difícil entender que una diferencia de 23 euros al año pueda determinar la pérdida de la oportunidad de acceder a una vivienda protegida sin que se examine adecuadamente la situación económica de la persona afectada”, afirmó Gómez.

La portavoz adjunta defendió que “la comprobación de los requisitos económicos debe realizarse con rigor, pero también atendiendo a la realidad de cada solicitante”.

En este sentido, Vox plantea revisar la utilización de determinadas magnitudes fiscales y valorar, dentro de la normativa aplicable, la documentación acreditativa de los ingresos efectivos, la estabilidad laboral y las circunstancias familiares.

“No estamos pidiendo que se eliminen los requisitos legales ni que se adjudique una vivienda a quien no pueda pagarla. Pedimos que se compruebe correctamente la solvencia real y que no se excluya de manera desproporcionada a personas que sí pueden afrontar el alquiler”, comentó la edil.

Vox denuncia la falta de respuestas claras a los afectados

Otro de los aspectos centrales de la moción es la responsabilidad del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) y la coordinación entre los organismos públicos y las entidades privadas que participan en estos procedimientos.

Según las reclamaciones recogidas en el documento, algunos solicitantes se encontraron con respuestas que remiten la responsabilidad de una entidad a otra, sin obtener una solución efectiva ni una explicación suficientemente clara de las causas de su exclusión.

Para Vox, el Ayuntamiento no puede limitarse a organizar el sorteo y desentenderse de las decisiones posteriores que impiden formalizar las adjudicaciones.

“La colaboración público-privada no puede convertirse en una excusa para que nadie asuma responsabilidades. Los ciudadanos tienen derecho a saber quién ha tomado una decisión, por qué se ha adoptado y ante qué organismo pueden reclamar”, manifestó Gómez.

Por ello, la iniciativa reclama delimitar las competencias del IMV, la Sociedad Municipal de Viviendas y las entidades promotoras y gestoras, además de establecer un procedimiento coordinado que garantice respuestas expresas y motivadas a los afectados.

Garantías de transparencia en todas las adjudicaciones

La moción también solicita reforzar las garantías de publicidad, igualdad y objetividad, especialmente en los mecanismos alternativos previstos para cubrir las viviendas que no lleguen a adjudicarse a los solicitantes inicialmente seleccionados.

Vox considera necesario comprobar que estos procedimientos respetan los criterios públicos de prelación y que las reclamaciones se tramitan con las garantías legalmente exigibles.

Asimismo, pide estudiar las medidas cautelares que procedan para evitar que la adjudicación de viviendas a terceros pueda ocasionar perjuicios irreparables a quienes mantienen reclamaciones pendientes.

“Todos los ciudadanos deben tener la certeza de que las viviendas se adjudican conforme a reglas claras, públicas y verificables. No afirmamos que se hayan producido adjudicaciones arbitrarias; exigimos que existan controles suficientes para evitar cualquier duda y preservar la confianza en el procedimiento”, explicó la portavoz adjunta.

Evaluar el uso de los recursos públicos y reforzar la protección social

Vox reclama, además, una evaluación integral del cumplimiento de la finalidad social de las promociones del sector Universidad.

Esta revisión debería incluir el número de viviendas efectivamente adjudicadas y ocupadas, las exclusiones producidas y sus causas, las viviendas pendientes de adjudicación y el cumplimiento de las obligaciones asumidas por las entidades promotoras.

La formación considera que el volumen de recursos públicos comprometidos exige un seguimiento riguroso de las ayudas y de las condiciones vinculadas a la cesión del suelo municipal.

“Cuando se destinan millones de euros de dinero público y se ponen terrenos municipales al servicio de una promoción de vivienda protegida, la Administración tiene que garantizar que esa inversión responde al interés general y que cumple el objetivo social para el que fue concebida”, defendió Gómez.

La iniciativa incorpora también la propuesta de revisar las bases de adjudicación para contemplar criterios objetivos de prioridad social en favor de los colectivos con mayores dificultades de acceso a la vivienda, especialmente las familias monoparentales, las personas con discapacidad y las unidades familiares con hijos u otros miembros con discapacidad reconocida.

Seis medidas para corregir las deficiencias

A través de los seis acuerdos incluidos en la moción, Vox insta al equipo de gobierno a revisar los criterios económicos, examinar individualmente los expedientes denegados, reforzar la transparencia, delimitar las responsabilidades administrativas, evaluar el cumplimiento de las obligaciones de las promociones e incorporar criterios de prioridad social para los colectivos vulnerables.

Yolanda Gómez concluyó que “la política de vivienda debe medirse por las familias que consiguen acceder a una vivienda digna y asequible, no únicamente por el número de promociones que se anuncian. El Ayuntamiento debe dar respuestas, corregir los errores que se acrediten y garantizar que los recursos públicos se utilizan para cumplir la finalidad social que justifica estas viviendas”.

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