Antonio Alcázar considera que la medida “rompe la vertebración natural de la ciudad”
MÁLAGA- El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Málaga ha exigido este miércoles la anulación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), cuya implantación, según el partido, “no responde a criterios medioambientales, sino a un afán recaudatorio del Ayuntamiento”. Así lo ha expresado el portavoz del grupo, Antonio Alcázar, durante la presentación de las conclusiones del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la medida.
Alcázar aseguró que la ZBE “coarta las libertades de los ciudadanos” y “crea dos Málagas: la de quienes pueden acceder con vehículos caros y la de la Málaga trabajadora y humilde, las pymes y autónomos que tendrán complicado entrar en el centro”.
El portavoz de Vox añadió que la medida “rompe la vertebración natural de la ciudad”, ya que las principales vías de comunicación que conectan el este con el oeste “se verán afectadas”, dificultando la movilidad “de cientos de miles de personas que necesitan desplazarse a colegios, hospitales o sus lugares de trabajo”.
“El Ayuntamiento prosigue con su afán recaudatorio: la implantación de la ZBE ha costado más de seis millones de euros entre cámaras y controles, y se prevé que la recaudación por multas supere los once millones. Es una inversión por rentabilidad, no por sostenibilidad”, afirmó Alcázar, quien recordó que tribunales de ciudades como Barcelona, Madrid, Gijón o Segovia “ya han tumbado medidas similares”.
“Queremos que en Málaga ocurra lo mismo, porque se trata de una medida injusta que afecta al modo de vida de los ciudadanos”, añadió.
Procedimiento judicial
El vicesecretario jurídico de Vox Málaga, Jesús Ruiz Ballesteros, explicó el estado del procedimiento judicial. Recordó que el recurso contencioso se presentó en enero y subrayó que el proceso “ha puesto de manifiesto graves deficiencias tanto en la forma como en el fondo del expediente”.
Ruiz Ballesteros denunció que la ZBE “discrimina a vecinos de municipios colindantes como Torremolinos, que recibirán sanciones por no tener domiciliado su impuesto en Málaga”, lo que considera “una imposición contraria al sentido común y a toda norma”.
El abogado señaló que los informes técnicos no justifican la medida: “El estudio medioambiental determina que no hay emisiones suficientes para cerrar el tráfico, y los datos utilizados son incompletos: se instalaron nueve unidades de medición, pero solo cinco funcionaron durante cuatro meses, de diciembre a marzo”.
En cuanto al informe económico, Ruiz Ballesteros lo calificó de “un palo tremendo”, señalando que “fue firmado por un economista que ni siquiera fue su autor, sino que se limitó a supervisarlo”. Además, denunció que el expediente municipal “no contiene el proyecto completo de la ZBE” y que “no existen estudios sobre las consecuencias económicas para familias, pymes o autónomos”.
“Si se realiza una lectura profunda y concienzuda de la demanda, de los informes periciales y de las respuestas del Ayuntamiento, estamos convencidos de que la sala de lo contencioso debería anular la Zona de Bajas Emisiones”, concluyó.
"Medida desproporcionada, injusta e ilegal"
Por su parte, la portavoz adjunta, Yolanda Gómez, calificó la ZBE como “una medida desproporcionada, injusta e ilegal”. Gómez argumentó que “no es obligatoria”, ya que “la directiva europea solo recomienda reducir la contaminación, pero no impone estas restricciones”.
“Ni el informe medioambiental ni el económico avalan esta medida”, afirmó. Según la portavoz, el documento técnico que respalda la ZBE “es muy deficiente, ya que solo analiza tres sustancias contaminantes y únicamente detecta un valor superior al límite en un punto concreto —en el colegio El Monte—, donde ni siquiera hay tráfico rodado”. Además, señaló que ese exceso podría deberse “a partículas de sal marina”.
"Estas políticas radicales provienen de la Agenda 2030 y de una agenda globalista apoyada tanto por PP como por PSOE”, concluyó la portavoz, soteniendo que “mientras China, India o Estados Unidos son los grandes contaminadores, se castiga a los españoles y a las clases medias con medidas injustificadas”.
